Los pozos ilegales de la finca Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), propiedad de una de las más importantes familias aristocráticas del mundo, la Casa de Alba, han podido causar graves daños al acuífero del que se abastece un terreno de 200 hectáreas de naranjos en el entorno de Doñana. Eso es lo que concluye la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el informe que ha remitido al juzgado que investiga la extracción ilegal de agua en esa finca tras una denuncia de la Fiscalía.

El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado que se cerrarán los regadíos ilegales en el entorno de Doñana, pero no se comprarán las fincas irregulares. La idea es transformarlos en terreno forestal, para lo que podrán recibir hasta 70.000 euros por hectárea, a razón de 7.000 euros anuales durante una década. También podrán convertirse en cultivos de secano o en explotaciones de agricultura ecológica, según recoge el Marco de Actuaciones para el desarrollo sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana...

Técnicos de la Confederación del Guadalquivir, escoltados por la Guardia Civil, han obligado a los regantes a extraer los equipos de bombeo instalados en las captaciones ilegales para después precintarlas. La orden la ha dado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Gobierno central, que está llevando a cabo estas intervenciones en colaboración con el Seprona. La presencia de agentes de la autoridad es necesaria ante las situaciones de tensión que se suelen vivir cuando se clausura un pozo.

Los habitantes de las zonas más perjudicadas por la sobreexplotación del acuífero que alimenta el Parque Nacional de Doñana aumentan su apoyo al PP en las elecciones del 28M después del plan de la Junta de Andalucía de legalizar estos regadíos ilegales. El Plan del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, chocó de frente con la oposición del Gobierno central y la UNESCO. Fue así como la sequía, la sobreexplotación de los acuíferos y las plantaciones irregulares de frutos rojos entraron de lleno en la campaña.

Los esfuerzos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no son suficientes para eliminar los invernaderos fuera de las zonas regables y WWF pide que se cierren las fincas con regadíos fuera de ordenación. "Los pozos en proceso de cierre sería de 716, de los cuales 220 ya han sido cerrados (la mitad de forma voluntaria por los propietarios y la otra mitad por la propia CHG)", aseguran desde la CHG. Mientras tanto, el PP andaluz, en alianza con Vox, prosigue adelante con la ley especial que amplía regadíos en el entorno de Doñana.

Pues bien, WWF quiere ahora conocer precisamente cuáles son esas 650 explotaciones, y en este sentido ha presentado una solicitud formal en el registro de la Junta de Andalucía. La organización ecologista entiende que si en la exposición de motivos de la ley se habla con tanta precisión de estas 650 fincas es porque “deben ser conocidas por Vox y PP”, así que también insta a que se aporte el listado y cartografía de estas explotaciones...

El jefe del Ejecutivo murciano comparece en la Asamblea Regional después de medio año y anuncia una nueva medida para ampliar la financiación total de los avales de compra de vivienda de segunda mano para los jóvenes menores de 35 años en la Región.

«La contaminación de la laguna por nitratos y fosfatos procedentes de la agricultura intensiva e ilegal constituye el episodio de mortalidad más grave de la historia de la laguna salada», según las organizaciones ecologistas.

Los vertidos contaminantes de los regadíos ilegales enquistan la tragedia del Mar Menor, que se muere por la falta de oxígeno. La falta de respuestas eficaces condena a la laguna murciana a sufrir un proceso de contaminación activo (eutrofización), causado por el incesante aporte de nutrientes fundamentalmente agrícolas (nitratos y fosfatos) usados como fertilizantes. ¿Por qué hay tantos regadíos ilegales en en el Campo de Cartagena? ¿Por qué este nivel delirante de degradación ecológica?

La Policía Nacional ha detenido hoy al empresario austriaco Christian Arnsteiner, propietario del Medusa Beach Club, local de s'Arenal en el que murieron cuatro personas y otras 16 resultaron heridas el pasado 23 de mayo al derrumbarse la terraza, que según la investigación se utilizaba de forma ilegal y había sido sometida a reformas irregulares. Está acusado al menos de cuatro delitos de homicidio imprudente y seis más de lesiones. Relacionada: www.meneame.net/story/derrumbe-restaurante-platja-palma-provoca-menos-

La Inspección de la Junta y la Guardia Civil impiden el desarrollo de más de un centenar de parcelas de 500 metros cada una. El rápido proceso de urbanización ilegal de esta zona, atractiva por su proximidad al núcleo urbano, ha sido frenada gracias a esta operación.La superficie de seis hectáreas, donde se realizaron movimientos de tierra, desbroce de la vegetación, soterramiento de un arroyo, apertura de caminos, eliminación de una hectárea de superficie forestal y la construcción de muros de bloques, con 70 construcciones iniciadas.

El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres

La Comisión Europea no tiene duda sobre la ilegalidad que advierte cometió España al prorrogar hasta el año 2048 la gestión de la autopista AP-9 y con ello extender sus peajes otro cuarto de siglo. En una carta enviada por el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, al Gobierno de España, como segunda advertencia en el procedimiento de infracción abierto por la citada prórroga, se indica que la prolongación de la concesión hecha en el año 2000 debió extinguirse tres años después, cuando José María Aznar privatizó la autopista.

El magistrado que ahora investiga a Begoña Gómez habló con el antiguo regidor y le solicitó que le dejara realizar las obras "ilegales" porque "había hecho mucho por el pueblo"

Unas 600 viviendas de uso turístico (VUTs) tendrán que echar el cierre en Santiago tras la decisión del ayuntamiento de no legalizarlas. Eso o volver al mercado residencial. La ordenanza que establecerá la relación entre el alquiler vacacional y la vivienda habitual deja sin posibilidad de encaje a todos los negocios que venían funcionando sin la preceptiva habilitación municipal, pero que confiaban ahora en una regularización que, según el gobierno local, debían haber tramitado en su momento oportuno. “Nos eliminan del mapa”, se lamenta la pre

Lo instructivo del caso del chalé de Peinado es comprobar hasta qué punto utilizamos varas distintas para medir la conducta de quienes encarnan los distintos poderes del Estado. Si tu actividad está encuadrada en el poder legislativo o el poder ejecutivo, ándate con ojo, sobre todo si eres de izquierdas, pues el más mínimo tropiezo puede costarte la carrera, y no solo a ti sino también a tus familiares más cercanos, particularmente si quienes investigan tu imprudencia son jueces tan sobrados de sí mismos como Peinado o García Castellón.

El Ayuntamiento de Barcelona está redoblando su presión sobre Booking para que deje de colgar tantos anuncios de alojamientos turísticos ilegales orquestados por mafias.Hablamos entre otras de las bandas de los rusos y también de los suecos con origen chileno que con una documentación muy convincente se hacen pasar por expats para engañar a los propietarios, alquilar sus inmuebles y convertirlos en pensiones clandestinas muy cucas.Además, últimamente muchos propietarios denuncian las dificultades de Booking a la hora de retirar los anuncios.

La Casa de Alba ya no tiene precintados los pozos sin licencia de su finca de Aljóbar, ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar a tiro de piedra del parque nacional de Doñana. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha decidido retirar las medidas cautelares que impedían el uso de estas instalaciones, que son las mismas que están bajo sospecha –por su posible utilización para “riegos ilegítimos”– en la causa judicial abierta en la que se investiga un posible delito ambiental.

La Secretaría de Pesca de la Nación le aplicó una multa ínfima a los armadores del buque Tai An, que fue detectado pescando 175 toneladas de merluza negra en los mares del sur de nuestra Zona Económica Exclusiva, pero actuó la justicia y allí no hubo ni miramientos ni gestiones políticas que morigeraran la decisión. La justicia fue dura.

Una empleada estuvo décadas trabajando en la fábrica de Balaídos encadenando subcontrata tras subcontrata. Meses después de que pidiese que Stellantis la contratase directamente, fue despedida. Según figura en la sentencia de la Sala de lo Social del TXSG a la que ha tenido acceso esta redacción, los jueces ven probado, que la trabajadora recurrente llevaba trabajando en la fábrica de Stellantis en Balaídos desde 2004, es decir, 20 años. Eso sí, nunca había sido trabajadora de la multinacional del automóvil.

En concreto, tal y como ha tenido conocimiento en exclusiva ElPlural.com, la justicia obligó al juez que lidera la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abonar la cantidad 75.366,61 euros a raíz de haber acometido las obras del chalet de lujo en su parcela (de 2.866 metros cuadrados de superficie) que aún a día de hoy figura en el Catastro Inmobiliario como un almacén.

El problema de los descartes ilegales de atún en el mar balear no cesa. La Fundación Marilles ha advertido, una vez más, de que existen barcos atuneros que arrojan al mar las capturas que mueren durante sus operaciones para que no se les compute en la cuota de pesca que tienen asignada cada una de las embarcaciones. «No queremos un cementerio de atunes en nuestras aguas. Es evidente que algo huele mal en el negocio de las granjas de engorde de atún»

La legalización o no de la vivienda; la existencia o no, de licencia de primera ocupación; la posible ausencia de saneamiento o la ilegalidad de la piscina; son asuntos de debate en la localidad castellanoleonesa desde antes 2007. De hecho, todavía a día de hoy, este asunto marca la agenda política y sirve de conversación cotidiana a los ciudadanos a raíz de la vivienda familiar del mediático juez cuya construcción, se paralizó en el pasado no pocos meses.

El Ministerio del Interior contabilizó en 2023 el número más bajo de denuncias del último lustro. Sin embargo, durante las elecciones catalanas, el presidente Juan Manuel Moreno vinculó la ocupación ilegal con la inmigración, algo que afeó a Vox en las andaluzas

Este documento es imprescindible para poder acceder al inmueble y debe ser expedido por el ayuntamiento correspondiente tras la petición de la promotora, Culmia en este caso. Fuentes jurídicas del consistorio de San Sebastián de los Reyes han confirmado a este periódico que ningún técnico emitirá la licencia mientras el proceso, al que la concesionaria ha presentado un recurso de casación, siga abierto y estiman que puedan llegar a alargarse varios años.