El PSOE de Castilla y León da una semana al Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) para dar de baja en el padrón a uno de los últimos vecinos inscritos, el senador por Castilla y León, Javier Maroto. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, ha adelantado a eldiario.es que si el Consistorio no inicia de oficio el expediente de inscripción indebida, el PSOE lo denunciará en vía administrativa.

El delito fue cometido, supuestamente, contra la empresa de "Ambulancias Alerta" a la que, según los denunciantes, presionaron -en 2016- para que abandonara un contrato millonario en el que partían como favoritos. La magistrada ha dado por buenas las grabaciones realizadas por los denunciantes y ha solicitado la "hoja histórico penal" de los querellados y sus medios económicos. Ambulancias Alerta contrató, para su demanda, al despacho de Manuel Lamela quien, cuando era consejero de Sanidad, les adjudicó contratos por valor de millones de euros.

La pareja quedó envuelta en una causa penal en Nueva York a raíz de la investigación de la Agencia Federal de Inteligencia estadounidense (FBI) por presunto robo de libros con derecho de autor, luego subidos en Z-Library, la autodenominada “biblioteca de libros electrónicos más grande del mundo”. Los rusos cayeron en Santa Cruz en octubre pasado, cuando vacacionaban tras haber ingresado al país a través del aeropuerto de Córdoba. (+info es.wikipedia.org/wiki/Z-Library)

El reproche del Constitucional pasa por acusar a ambos tribunales de desconocer cómo funciona el sistema político andaluz e invadir la separación de poderes al criminalizar actos legislativos del Gobierno regional. Elaborar y aprobar anteproyectos de ley, el embrión de esas ayudas, “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Son actos, dijo, “dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía” y su contenido “no puede ser objeto de control por ningún órgan

Ante los audios publicados por Diario.Red, es inevitable preguntarse si el juez Joaquín Aguirre ha cometido el delito de prevaricación judicial o si la cosa se va a quedar solamente en lawfare . Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/exclusiva-audios-juez-joaquin-aguirre-ley

La medida, solicitada por la Guardia Civil, trata de "evitar filtraciones indebidas" en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor, dado que la causa "afecta a una administración pública [el Ayuntamiento] y a personas que regentan cargos públicos", el anterior alcalde y actual presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez; el actual regidor, Juan Manuel López; y el dirigente del PP andaluz Francisco Rodríguez Roa

Son muy pocos los jueces y juezas apartados de la carrera judicial por condenas merecidas por infringir el Código Penal y, en especial, por prevaricar en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que la condición de juez o magistrado se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso". Según datos del CGPJ, en los últimos años ha sido media docena de jueces apartados.

El Tribunal Supremo sentenció en firme que en Andalucía existió durante más de una década un sistema de ayudas que, en la práctica, desembocó en un descontrol total en la adjudicación de casi 700 millones de euros. El dinero tendría que haber ido a empresas y trabajadores, pero fue repartido de forma arbitraria. Las condenas variaron entre la inhabilitación del delito de prevaricación y la cárcel de la malversación: el expresidente andaluz José Antonio Griñán, entre otros, fue condenado a seis años de prisión y el también exmandatario...

El auto de apertura de investigación contra Ricardo Sánchez, presidente del PP de Sevilla, por su papel en la concesión de un tanatorio privado en Mairena del Alcor a la empresa familiar de un alto cargo del partido, está fechado el 24 de mayo, aunque el juez lo firmó el 4 de junio y se lo envió a las partes el día 11, una vez pasadas las elecciones europeas

La legalización o no de la vivienda; la existencia o no, de licencia de primera ocupación; la posible ausencia de saneamiento o la ilegalidad de la piscina; son asuntos de debate en la localidad castellanoleonesa desde antes 2007. De hecho, todavía a día de hoy, este asunto marca la agenda política y sirve de conversación cotidiana a los ciudadanos a raíz de la vivienda familiar del mediático juez cuya construcción, se paralizó en el pasado no pocos meses.

Es la empresa gallega con más deuda, unos 35 millones. Fue la Agencia Tributaria la que pidió su separación al apreciar «graves irregularidades». La sociedad nació tras la descomposición del Grupo Mahía en Santiago.

El informe de la UCO confirma que el empresario al que señalan los ‘populares’ formalizó contratos con entidades de diferente color político, también del PP, y públicas, así como con organismos como el Ejército -concretamente la Unidad Militar de Emergencia (UME)-, la Guardia Civil e incluso Casa Real.

Es lamentable la enorme pasividad de las administraciones competentes ante las numerosas irregularidades que se vienen produciendo en el sector inmobiliario. Desde FACUA hemos denunciado a decenas de agencias por saltarse la ley al imponer el pago de comisiones a los inquilinos como condición para alquilarles inmuebles destinados a vivienda habitual, pero no hemos recibido ni una sola respuesta en la que nos comuniquen la imposición de sanciones. Y ello pese a que buena parte de las denuncias fueron presentadas hace ya casi un año

Al trascender unas diligencias de investigación iniciadas en 2021, la exlíder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha denunciado "el lawfare político" al que está sometida su pareja, parafraseando las palabras que Pedro Sánchez le dedicó a su esposa: "Yo también soy una mujer profundamente enamorada de mi marido que vive con impotencia el fango que sobre él esparcen día sí y día también".Por su parte Adelante Andalucía Cádiz ha afirmado que se trata de una más de las 18 denuncias recibidas, “todas archivadas”

También están siendo investigados un concejal de la corporación municipal y un contratista

Juan Carlos Peinado estuvo involucrado en un presunto caso de favoritismo que llegó a la Cámara Alta: "Amigo personal y compañero".

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha estimado el recurso de Miguel Galán contra el censo electoral de la Federación Española de Fútbol y ha acordado su repetición para "que la Comisión electoral dicte una resolución ajustada a derecho". Pedro Rocha, ahora investigado por la Justicia, resultó ser el único candidato con los avales necesarios para presentarse a presidir la RFEF.