Los contratos, con un valor total superior a 16 millones de euros, han sido adjudicados 'a dedo' y forman parte del Plan de Garantía Sanitaria que presentó la Consejería de Salud en febrero

Los recortes de Moreno Bonilla siguen destrozando el sistema sanitario público. Lo que un día fue la joya de la corona de Andalucía, hoy ha pasado a ser la peor sanidad de toda España. Las enormes listas de espera están costando la vida a muchos andaluces y andaluzas por no ser atendidos a tiempo. Es una auténtica vergüenza. Para tratar de parar este desatino, los sindicatos SATSE, CSIF, CCOO y UGT han convocado una huelga sanitaria en Andalucía para el próximo 26 de junio.

En el Korte de hoy hacemos una lectura, ¿Es suficiente el discurso de defender la sanidad pública? Aquí planteamos pasar al ataque, por que no denunciar que la Sanidad para el que se la pueda pagar, o dejar que se comercialicen seguros obligatorios «Lowcost» que lo pagues con la propia vida. Este tema da para mucho, y los medios viven en debates cómodos poco profundos.

Según un estudio de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), solo un 4,9% de los pacientes reconoce que utiliza solamente su seguro privado. Nueve de cada diez (el 86,2%) pacientes de la sanidad privada usa también la pública para tratarse. El 7,5% reconoce que utilizó únicamente el sistema público, y el 4,9% exclusivamente su seguro.

Entre la universidad pública y privada, siempre se ha presentado una dualidad que va más allá del precio de las matrículas. Y aquí hay dos mantras que se repiten: que las notas de corte de la pública ofrecen un mejor desempeño, por regla general, y que las facultades privadas se dividen entre aquellas que acogen "rebotados" por nota de corte y centros de élite, en los que formar a la siguiente generación de empresarios.

A los grupos hospitalarios como Quirón, HM o Vithas les sale rentable construir nuevos centros para "absorber la demanda" de pacientes que, ante las largas esperas en la pública, pagan un seguro de salud

En 2010 Madrid destinaba 572.220 euros a conciertos sanitarios. En 2022 esta cantidad se eleva hasta 1.377.419 euros. Esto es, en 12 años la sanidad madrileña ha incrementado un 140% el gasto en privatizaciones sanitarias en el área hospitalaria, la principal protagonista de las conocidas como "colaboraciones público-privadas”.

La Ley 15/97, camuflada como colaboración público-privada, ha abierto las puertas a la privatización y corrupción en la sanidad. En lugar de mejorar la eficiencia, ha enriquecido a políticos y empresas privadas a costa del bienestar público.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado este jueves a la ministra de Sanidad, Mónica García, querer «desguazar» toda la colaboración público-privada del sistema sanitario que «está funcionando». Así lo ha apuntado durante la sesión de control que se celebra en la Asamblea de Madrid, en la que Ayuso ha hecho referencia la actuación del Ministerio de Sanidad quiere blindar la sanidad pública mediante una ley de Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Tercera entrega del Informe Bienal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas). Cinco artículos que se centran en cómo abordar la crisis de la sanidad española y en los que se reseña: el número de médicos que trabajan en la pública y en la privada a la vez ronda el 40%. "Esta práctica dual es objeto de debate entre profesionales y expertos. Algunos argumentan que es una forma de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los médicos, mientras que otros cuestionan su impacto en la calidad de la atención pública

Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía son las comunidades que, como viene siendo habitual en los últimos años, más tiran de la sanidad privada, según el informe presentado este miércoles por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que, en el extremo contrario, sitúa a Castilla- La Mancha, Extremadura y Navarra.

Asturies pola Sanidá Pública acusa al ayuntamiento de «beneficiar» a a empresa privada «que solo busca su beneficio económico» frente a los vecinos. La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, ha justificado el voto favorable del PP al sostener que se trata de una «inversión muy ambiciosa» que ofrece «nuevas oportunidades» para la ciudad, 300 puestos de trabajo directos y «más opciones» para los pacientes. El concejal de Urbanismo, segundo teniente de alcaldesa y portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, lo ha celebrado

"Cómo es posible que un gobierno del PSOE pueda aprobar una ley de amnistía y sea incapaz de congelar los alquileres o sea incapaz de intervenir el mercado del alquiler para bajar de una vez los precios", ha indicado Belarra y ha recordado a Rodríguez que este sábado miles de canarios se manifestaron por ese modelo turístico "masivo insostenible" y la especulación de la vivienda en las islas

La ministra llama a tener sinergias entre lo público y lo privado. Para García se trata de un fenómeno parecido al que genera la toma de determinados medicamentos. "Está el paracetamol por un lado y el ibuprofeno. Lo puedes tomar separado. Si los tomas juntos, tienen un efecto sinérgico. Hay políticas públicas y privadas que también tienen este efecto", "La intervención pública puede ser altamente competitiva y generar sinergias [con el sector privado] que nos ayuden a todos a tener un país más próspero y desarrollado" defendió García.

Las últimas conclusiones de la primera entrega del Informe Bienal 2024 de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) arrojan un resultado nada alentador para la Sanidad Pública en nuestro país. España es un "importador neto" de médicos y presenta altas tasas de facultativos en comparación con otros países desarrollados, si bien un 30 % ejerce en exclusiva en el sector privado, mientras que las enfermeras, además de pocas, acaban marchándose o abandonando la profesión lastradas por la precariedad.

Desde hace años, el sistema público de salud de Euskal Herria y Europa se está desmantelando. Derivaciones y conciertos, gasto farmacéutico, escasa cobertura bucodental, mental y laboral, limitados cuidados paliativos, insuficientes presupuestos en Atención primaria etc. Ahora se suma la propuesta de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva de las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias del Estado. Con la coartada de largas listas de espera y supuesto elevado absenti

El Gobierno andaluz renuncia a fondos europeos para hacer 12.000 nuevas plazas gratuitas en guarderías públicas, para de esta manera mantener la enorme red de centros privados existente en Andalucía. Y no hablamos de una cantidad menor, sino nada menos que de 119 millones de euros provenientes de los Next Generation, que va a devolver tras intentar sin éxito alcanzar con el Ejecutivo central (que diseñó las bases de la convocatoria) un acuerdo para modificar las reglas del juego y no destinar este dinero a crear nuevas plazas. Su objetivo era a

En cada iniciativa pública hay participación privada. Cuando políticos hablan de colaboración público-privada hay algo más detrás: sortear la ley. En 2007 se soterró la M30; posiblemente necesario, pero brutal en magnitud y coste. Lo lógico es que la haga el Estado o Comunidad, pero la hizo una empresa (Emesa: 80% del Ayuntamiento, 20% de ACS y Ferrovial) que asumiría la deuda y mantenimiento. Los tribunales determinaron que era ilegal y que la deuda era del Ayuntamiento. En 2025 se puede hacer pública Emesa, y el Ayuntamiento lo va a hacer.