El informe con los bienes registrados por la Iglesia está en posesión del Gobierno desde hace casi dos años, ya que el Colegio de Registradores, que se encargó de realizarlo, lo envió el 5 de febrero de 2018 al Ministerio de Justicia, que lo recibió un día después. Sin embargo, el Gobierno no lo ha hecho público ni lo ha entregado al Congreso de los Diputados, el órgano que les instó a elaborarlo, durante el mandato de Rajoy y con votos a favor del propio PSOE. Y ahora recurre ante los tribunales para que siga sin hacerse público.
