Las sanciones descienden un 12% en 2022 con una considerable reducción de las impuestas por falta de respeto a las fuerzas de seguridad.

Aunque fue un compromiso de la anterior legislatura, y no salió adelante al no conseguirse un proyecto de consenso entre las fuerzas progresistas, Pedro Sánchez no incluye la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana en su programa para el 23J.

El debate entre pragmatismo e idealismo es consustancial a la izquierda. Pero ninguno de los votantes del PSOE, de Unidas Podemos, de ERC o de Bildu se merece que esta ley nefasta vaya a sobrevivir a un parlamento que pudo haberla derogado... esos dañinos proyectiles que tantos ojos han costado nunca han estado en esta ley de seguridad ciudadana ni en las anteriores...

Representantes de trece entidades se han unido hoy a la plataforma No Somos Delito a las puertas del Congreso de los Diputados para reclamar cambios más profundos en la que consideran como la semana clave en las negociaciones para la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana. “Estamos en la recta final de una negociación parlamentaria en la que se dirimen los márgenes en los que ejerceremos derechos y libertades en los próximos años”, ha afirmado Sol Román, portavoz de No Somos Delito.

De comisarios a agentes y de oficiales a guardias, todos coinciden: «Se van a resentir la seguridad y la convivencia» La indignación aumenta entre los profesionales: «Lo que se traslada es que los malos somos los policías»

Una sentencia reconoce el derecho de un ciudadano a grabar una intervención policial para evitar o alertar de algún abuso policial, pero advierte de que subirla a las redes sociales puede suponer "un uso irregular de las imágenes" y una "exposición mediática sin motivo alguno" de los agentes.

El pleno del Congreso retoma este jueves la reforma prometida y pendiente desde hace casi tres años de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, con el debate y votación de la única enmienda a la totalidad presentada por el PP al texto que propone el PNV, respaldado por la mayoría. En su enmienda a la totalidad, el PP solicita que la norma no sufra cambios y que el Gobierno informe cada seis meses del empleo de una ley que considera más vigente y útil que nunca.

¿Terminará este año con la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor? Con apenas seis años de vida, la llamada ley mordaza presume de ser la normativa más empleada durante el estado de alarma, de lograr el respaldo del Tribunal Constitucional y de haber estado al borde de la reforma con un notable consenso parlamentario. Muchos grupos prometieron derogarla, pero poco se ha avanzado por hacerlo

Los abogados consultados por El Salto consideran que la interpretación laxa de la desobediencia por parte del ministro del Interior no será suficiente para que los jueces puedan sancionar razonadamente las propuestas de multa. Pero, en cualquier caso, el trabajo de amedrentar y controlar a la población ya está hecho.

La ley recoge 54 artículos con sanciones que oscilan entre las leves (artículo 37) a las muy graves (artículo 35). Y según los datos desglosados por año, se ha pasado de 87.872 sanciones en 2015; 197.947 en 2016, 229.932 en 2017; y 249.665 en 2018, en total, 765.000 sanciones. La recaudación por parte de la Administración General del Estado ha crecido también cada año desde su aplicación, con un total recaudado de 416,5 millones de euros entre 2015 a 2018, se ha pasado de 41,57 millones de euros en 2015 hasta los 149 millones de euros en 2018.

Pide que los mecanismos de Derechos Humanos actúen con rigor, "fieles a sus mandatos y no sujeros a manipulaciones con fines espurios" El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín-Valenzuela, ha defendido este miércoles en la sede de la ONU en Ginebra que la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 "no restringe la libertad de expresión" y "busca salvaguardar el derecho de reunión regulando la intervención de las autoridades cuando la reunión pierde el carácter pacífico"

El gobierno tendrá la capacidad de interferir en «cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.» Es decir, bloquear páginas web o suspender comunicaciones.Realmente, hablaríamos de un estado de excepción digital, una herramienta cuya finalidad sería la preservación de la voluntad democrática. No serían censurados los llamamientos civiles pacifistas, sino aquellos que implicaran acciones violentas.

Este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto ley 14/2019 por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. A la vista de la repercusión que ha tenido el amplio margen de maniobra que concede al Gobierno, lo desgranamos y explicamos en este artículo para estar atentos a todas sus implicaciones.

La ley de seguridad ciudadana puede estar cerca de su final. La ponencia encargada de reformar la norma, bautizada por sus detractores como la ley mordaza, abordará durante la próxima semana algunos de sus artículos más lesivos; concretamente, los que se re refieren a los límites de los derechos de reunión y manifestación, y el régimen sancionador.

Los grupos han conseguido consensuar una modificación en la definición de “seguridad ciudadana” que acota el concepto,lo que de facto hace imposible sostener ciertas infracciones que actualmente se amparan bajo la protección de la seguridad de los ciudadanos; han acordado suprimir términos como el de “paz pública”, cuya “ambigüedad”,denuncian estas mismas fuentes,crean espacios donde pueden producirse “abusos” por parte de los poderes del Estado; e incluir una definición de seguridad ciudadana que se aproxime más a “garantizar los derechos..

"las ochenta multas que se interponen en España cada día sólo por la aplicación de dos artículos de esta ley: el que castiga la falta de respeto a las fuerzas de seguridad, -discrecional y ambiguo en opinión de Beltrán-, y el que sanciona episodios de desobediencia o la negativa a identificarse incluso en los casos en los que no se haya producido ningún acto violento ni delictivo". El presidente de Amnistía Internacional ha cifrado en más de 25 millones de euros la recaudación en multas que ha supuesto la aplicación de estos dos artículos.

No podemos quedarnos calladas frente a las mentiras, falacias y medias verdades que hemos estado escuchando sobre la “Derogación de la Ley Mordaza”. Las noticias y declaraciones difundidas durante los últimos días están manipulando y confundiendo a la sociedad, dando falsas esperanzas a la ciudadanía y, sobre todo, a aquellas personas que luchan de forma constante por los derechos y libertades de todas. Queremos arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió en el Congreso esta semana en relación a este tema. Pocas palabras bastan para desmontar m

El Congreso de los Diputados aborda esta semana el debate de dos proposiciones no de ley que reclaman la derogación de dos de los proyectos más polémicos aprobados por las Cortes en la pasada legislatura, la ley de Seguridad Ciudadana y la prisión permanente revisable que recoge el nuevo Código Penal.

La Unión Europea ha aprobado nuevas leyes contra el blanqueo de capitales que incluyen medidas drásticas en relación con los pagos anónimos. A partir de ahora, se prohibirán los pagos en efectivo superiores a 3.000 euros en transacciones comerciales, y los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros estarán completamente prohibidos en transacciones empresariales. Además, se prohibirán los pagos anónimos en criptomonedas a carteras operadas por proveedores (carteras custodiadas) incluso para importes mínimos, sin un umbral.

Tres jóvenes cuentan cómo les ha cambiado la vida cotidiana una norma que nació envuelta en polémica y ven con temor la amenaza de derogarla de las derechas: “Me asusta que nuestros hijos corran peligro”, dice una madre.

"Si eres hombre, estás próximo a la edad de jubilación, tienes dos hijos o más y rectificas la mención relativa al sexo, pasando a ser mujer, conforme a la Ley 4/2023, puedes obtener el complemento para la reducción de la brecha de género (mínimo un 5% de la pensión)". Este es el consejo que el abogado valenciano Jesús Manuel González Acuña ha explicado en Twitter, a raíz de la nueva Ley Trans aprobada en el Congreso y que permite la autodeterminación de género.

El gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la Ley de Seguridad Nacional para su tramitación parlamentaria. Con esta ley pretende conocer los recursos públicos y PRIVADOS de los que puede disponer en momentos de crisis.

La libertad de expresión en la antigua colonia británica de Hong Kong está en sus horas más bajas 18 meses después de la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Solo en las últimas semanas, una estatua dedicada a las víctimas de la plaza de Tiananmen, cuya memoria es aún un tabú para China, fue retirada de madrugada de la Universidad sin previo aviso; un periódico fue cerrado y varios de sus directivos detenidos, y un portal de noticias siguió sus pasos al temer por la seguridad de sus trabajadores. Todo ello después de q

El Congreso de Colombia aprobó el miércoles un proyecto de ley impulsado por el gobierno que ha causado rechazo en algunos sectores que lo señalan de ir en contra del derecho a la movilización social. La nueva ley fue impulsada en noviembre, luego de las masivas protestas registradas durante tres meses este año en contra de una reforma fiscal, la inequidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía que dejaron más de 40 muertos, 3.000 heridos y daños a la infraestructura pública. Con 60 votos a favor y 10 en contra fue aprobada la…

Con pocas semanas de diferencia, seis jóvenes de Zaragoza han sido condenados a siete años de cárcel y uno de Barcelona ha sido absuelto. La acusación era la misma: agresión a un policía y, como única prueba, la declaración de un agente.

Agentes de la UIP sostienen que la reforma de la ley de seguridad hará que el departamento se quede vacío. En cinco años, 750 agentes han abandonado la unidad.

El Congreso de los Diputados dará luz verde definitiva este jueves a la nueva Ley de Tráfico, que busca reducir la siniestralidad en carretera y reforzar la seguridad vial. El texto definitivo incluye medidas como acabar con el margen de 20 kilómetros por hora al adelantar, la obligación de llevar casco cuando se circula con patinete o la reforma del carnet por puntos para penalizar más el uso del móvil al volante, la no utilización del cinturón o el uso de mecanismos de detección de radares.

y se centra, entre otras cosas, en que reforman la infracción de uso de imágenes de miembros de las FCS de modo que pueda poner en peligro la seguridad de agentes, sus familias, etc". Antes de hablar, voy a colgar un CUADRO SINÓPTICO sobre la reforma de esta infracción. Así os ahorro el resto del hilo. Como se puede ver, la reforma consiste en INTRODUCIR EN EL TEXTO LEGAL LAS EXIGENCIAS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 172/2020 (por lo demás, bastante descorazonadora). La 1ª reforma es dejar claro que, como ha dicho el TC, NI EXISTE,

El canal de comunicación entre el Gobierno y el PP se agranda. Se ha incorporado ahora un nuevo asunto de los que se consideran claramente 'de Estado'. El Ejecutivo y el principal partido de la oposición han tenido un nuevo acercamiento para acordar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional.

Según fuentes del grupo confederal, los socios de Gobierno han acordado que las “excesivas multas” se reducirán y en todo caso se aplicarán “siempre” con criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del sancionado. De esta forma, concretan las mismas fuentes, el criterio para la cuantía económica de las sanciones será “un calculo de progresividad y proporcionalidad” para reducir la sanción.

El sindicato de policías JUPOL pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que, en la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, se mantenga la prohibición de difundir imágenes de los agentes sin autorización previa.

Amnistía Internacional anunció el lunes el cierre de sus oficinas de Hong Kong ante la amenaza que enfrenta su personal por una ley de seguridad nacional que impuso China al territorio. "Esta decisión, tomada con pesar, ha sido motivada por la ley de seguridad nacional en Hong Kong, que ha hecho imposible que organizaciones en Hong Kong trabajen libremente y sin temor a represalias serias del gobierno", dijo en un comunicado Anjhula Mya Singh Bais, presidenta de la junta de Amnistía.