La Agencia Tributaria hizo una investigación sobre las obras del Instituto Príncipe Felipe, que se hicieron fraccionando facturas para hacerlas pasar por contratos menores. Una carta de la Consejería de Educación admite que esa obra no se sacó a concurso, no consta en sus archivos y aún así no investigó más.La reforma costó 233.613,17 euros, muy por encima de lo que la Ley de Contratación del Sector Público califica de contrato menor (el que asciende, como máximo, a 40.000 euros más IVA). Se encargó a dedo a una empresa.

Las cámaras de seguridad captaron la escena y otros agentes fueron testigos: «Te meto un bofetón»

La Inspección de Trabajo está investigando la presunta contratación ilegal de inmigrantes por parte del empresario teatral Nacho Cano, según ha confirmado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La ministra de Defensa del Gobierno de Pedro Sánchez, Margarita Robles, ha designado como director de su Gabinete Técnico en el ministerio —su 'mano derecha' efectiva en Defensa— a Antonino Cordero Aparicio, que es hermano de Javier Cordero Aparicio, uno de los jefes del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias.

El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila) guarda silencio ante las irregularidades del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. ElPlural.com se ha puesto en contacto con el Consistorio para saber si procederá a realizar una inspección en el chalet de lujo que posee en el mencionado pueblo a raíz de las informaciones desveladas por este medio pero, en el momento de publicación de estas líneas, no ha obtenido respuesta.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia TSGX ha dictado sentencia, llamar por teléfono a un trabajador mientras está de baja para interesarse por su salud, no vulnera su derecho a la desconexión digital. El sindicato de la empresa en la que trabaja esta persona interpuso una demanda con un objetivo, declarar ilegal que los coordinadores llamaran a los empleados mientras estaban en situación de incapacidad temporal.

UGT, ESK y LSB-USO consideran “un chiste” que la empresa catalan achaque sus reiteradas sanciones de la Inspección de Trabajo a que se denuncia “cualquier cosa” cuando comete irregularidades “desde el primer día”. En el último año, la Inspección de Trabajo ha constatado 23 infracciones por parte de Grup La Pau. Una es “muy grave” y las otras 22 son “graves”. Es más, después de que se diera a conocer esa cifra han seguido llegando más denuncias con hechos acreditados como la presencia de trabajadores sin contrato, según indican los sindicatos.

Un hombre roció a un antiguo empleado pegamento industrial tras pedirle éste el cobro de dinero de un trabajo. La víctima fue a la casa de su jefe para reclamarle 425 euros de un trabajo como carretillero, según una denuncia que había presentado hace varios meses. El jefe le lanzó huevos y pegamento que provocó que fuera al hospital por un "eccema irritativo agudo". "La cabeza me hizo afeitármela. Ya la esperanza de cobrar esa deuda, puede que la cobre. Lo único espero es que no vuelva a hacer esto a gente trabajadora como yo", manifiesta

El hombre se negó a identificarse cuando un subinspector le pidió hacerlo en Gáldar, en el norte de Gran Canaria. Al oponerse a hacerlo, el agente le impuso una sanción por obstrucción, sin importar si realmente era una prestación laboral o no. Fuentes jurídicas consultadas ven poco recorrido a un posible recurso

Tamara, empleada en una empresa de administración de fincas en Barakaldo ha decidido llevar su caso a los tribunales. Denuncia a su jefe, que además es su exmarido, por haber incluido un insulto en la nómina de los meses de septiembre y octubre del año pasado. En la casilla de beneficiario del salario se podía leer la palabra "zumbada". Este acto ha sido la gota que colmó el vaso en una relación laboral y personal cada vez más conflictiva.

También se deja constancia de que la persona que se encuentra en la vivienda en el momento de la inspección prefiere no identificarse y que no dispone de ningún “título administrativo que habilite las actuaciones realizadas”. En ese momento ya se le advierte de que la realización de obras sin ningún tipo de permiso podría suponer una infracción urbanística y en su caso un ilícito penal. Al finalizar la visita esa persona, que rehúye identificarse, insiste en que hay registrada una declaración responsable

La compañía acumula 253 millones en sanciones y cuotas no abonadas a la Seguridad Social. La Fiscalía de Barcelona investiga su modelo laboral.

El jefe de la Policía Local de Agaete fue condenado hace menos de dos años por 'infundir terror' a una mujer a la que persiguió, vigiló en la puerta de su domicilio e incluso amedrentó entrando en él. El propio policía local reconoció los hechos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía, lo que le permitió rebajar un tercio la condena. Estuvo cuarenta días prestando servicios a la comunidad y lleva dos años cumpliendo condena por sentencia firme, con orden de alejamiento a menos de quinientos metros de la víctima.

El alcalde de la capital confirma de nuevo que habrá inspección en el piso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, dos años después de que los técnicos se opusieran a las obras cuando Alberto González Amador, pareja de Ayuso solicitó el permiso. Martínez-Almeida, aun así, habla de inspección en tiempo y forma. "El Ayuntamiento cumple con sus obligaciones sea quien sea la persona afectada", ha señalado este martes ante los medios de comunicación.

Obstrucción de la actuación inspectora. Empresa (recolectora de fresas) que no identifica a 13 trabajadores que abandonan a la carrera el centro de trabajo durante dos visitas de la Inspección. Presunción de veracidad de los hechos constatados personalmente por los inspectores actuantes. Adecuada tipificación como falta muy grave