Así lo asegura un informe del Consello de Contas de Galicia que alerta, además, de que entidades, que durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia (2009-2022) llegaron a gestionar más del 15% del presupuesto autonómico, usaron los contratos menores de manera irregular. El Consello de Contas de Galicia alerta de que el 46% de los expedientes de licitación abierta de ese año incluyeron criterios de adjudicación susceptibles de anulación y que la mitad de esos entes usó los contratos menores de forma irregular.

El Consello de Contas de Galicia publicó este lunes un informe sobre diputaciones y ayuntamientos. El documento audita también los gastos en materiales sanitarios durante la pandemia del coronavirus. Así, el informe especifica que se compró material sanitario a empresas que en teoría se dedicaban a “producción y distribución publicitaria, instalaciones eléctricas, actividades de telecomunicaciones, compra y venta de valores, educación secundaria técnica y profesional y actividades de administración pública.

El órgano fiscalizador critica la falta de publicidad y que no se invitase a más de una empresa a participar

¿Hay motivos para una auditoría de las compras de emergencia del SERGAS durante la pandemia como pide el BNG y rechaza el PP? El informe del Consello de Contas, un órgano de la propia Xunta, señala que SERGAS compró 2.000 veces en un año la misma PCR. Un ejemplo de la “vulneración normativa” en “muchas” de las compras mediante “fragmentación de los objetos del contrato para no exceder el límite legal para el contrato menor”.

En cuanto a la vigilancia, Contas señala que la Xunta “podrá ejercer el control financiero necesario” de los gastos que hacen estas entidades, pero en los años que se analizaron para el informe (2018 y 2019) “no se realizaron controles” sobre los 26 consejos reguladores activos. La supervisión, que compete a la Intervención Xeral de la Comunidade Autónoma, se hizo solo sobre las cantidades que se les reservan en los presupuestos gallegos.

El informe que presenta el Consello de Contas ha hecho especial hincapié en un total de 22 entes que no rinden cuentas. Entre estos 'chiringuitos' llama la atención la Axencia Galega de Servizos Sociais. Se trata de una entidad que sorprende encontrar en este grupo, dado el gran "volumen de recursos que gestiona" y la "relevancia de las políticas que desarrolla".

El ente encargado de fiscalizar los números de la Xunta acudió hoy al Parlamento para exponer su revisión contable del SERGAS, siete meses después de entregar su informe. Informe que, además, se presentó justo el día antes de las vacaciones de agosto. Datos que llevan al PSOE a denunciar que hay una estrategia para ocultar unas cifras que, en opinión de los fiscales públicos, no están todo lo claras que debieran.

Durante las últimas semanas se ha convertido en costumbre que el pleno del Consell apruebe expedientes de enriquecimiento injusto, es decir, pagos de facturas en los cajones, acumuladas de periodos anteriores. Preguntada por esta cuestión, la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha atribuido a la «inercia» del Botànic el incremento en los últimos meses de este tipo de facturas y ha asegurado que trabajan para revertirla.

Si el próximo domingo el plebiscito planteado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez abandone la Moncloa le sale rana, no tendrá más remedio que asumir en primera persona las consecuencias de un arriesgado órdago con previsible efecto bumerán que amenaza con repetir la experiencia de las últimas elecciones generales del 23 de julio pasado, donde el PP quedó muy lejos de obtener una mayoría parlamentaria para gobernar, ni siquiera con el apoyo de la extrema derecha.

A tocateja. En tiempo de penurias económicas para los bolsillos de muchas personas, más de la mitad de las compras de vivienda que se realizan se pagan al contado. Algo que se debe interpretar como que existe un gran número de operaciones que responden a iniciativas de inversión. Es decir, a la especulación. Una conclusión a la que llegan los especialistas de Funcas, el think-tank de investigación económica y social liderado por el presidente de Criteria Caixa y de la Fundación la Caixa Isidro Fainé.

El jefe del Consell, que aseguró no conocer el documento original, señaló que si en él se han incluido críticas a la ley valenciana es porque la ONU “no se ha leído” la iniciativa valenciana. El tirón de orejas de Naciones Unidas no hizo moverse un ápice de su posición a Mazón, que insistió en el argumentario desplegado por su Ejecutivo desde la presentación de la iniciativa conjunta de PP y Vox.

Al presentar la ley que transformará la gestión de la radiotelevisión pública

Contar es fácil, hasta que deja de serlo. Y en Europa hay países que parece que van por libre cuando de formar ciertas cifras se trata. Aunque hay dos grandes corrientes (la germánica y la romance), dentro de los diferentes idiomas se pueden encontrar distintos sistemas para componer los números. La mayor parte de Europa lo hace de un modo, pero hay rebeldes como los franceses, los daneses y… los vascos.

Comprar o alquilar una vivienda en España se está convirtiendo casi en una misión imposible: su asequibilidad y su disponibilidad han empeorado notablemente en los últimos años. La subida de los precios –tanto de la compra como del alquiler–, las inadecuadas políticas de suelo impulsadas desde las administraciones públicas y el aumento de la demanda ante una oferta que, sobre todo en el mercado de alquiler, flaquea, dibujan un panorama preocupante. Como telón de fondo, el difícil acceso a la vivienda actúa como acelerador de la desigualdad.

El conseller de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana pagó en su primer trimestre en el puesto hasta 3.000 euros en comidas y cenas grupales a cargo de la caja fija. Los ágapes, una veintena en los meses de agosto, septiembre y octubre, apenas se justifican como “comida de trabajo”, sin más concreción, y sin una traslación en la agenda de José Antonio Rovira que figura en el portal de transparencia.

Los conservadores acusan a Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera y diputado autonómico, de pedir más dinero porque no le sale a cuenta su sueldo. El político, que rechaza que haya hecho nada mal, se enfrenta a una moción de censura de los suyos

La derecha y la ultraderecha pactan una modificación en la ley de acompañamiento para eliminar la mayoría cualificada que elige a los consejeros y congelar el presupuesto del ente público.

Los productos químicos pueden haber incluido sustancias per- y polifluoroalquilo (PFAS), una clase tóxica y omnipresente de productos químicos, según el informe de Physicians for Social Responsibility, un grupo activista que la semana pasada copublicó una nueva compilación de estudios sobre los daños de la fracturación hidráulica para el petróleo y el gas.