La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha comunicado a FACUA-Consumidores en Acción que tiene abierta una investigación sobre Cristina Seguí, Bertrand Ndongo y Alfredo Perdiguero por la difusión de audios de una menor víctima de lo que la Audiencia Provincial de Burgos consideró una violación pero después el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rebajó a abusos sexuales.

La Agencia Española de Protección de Datos le ha impuesto una multa de 70.000€ después de que un responsable de la empresa utilizara el chat de trabajadores para criticar que una empleada hubiera pasado 18 minutos seguidos en el baño. Para ello publicó vídeos de las cámaras de seguridad. La AEPD destaca que la empresa tiene 37 cámaras repartidas por sus instalaciones, por lo que “se trata de una empresa habituada a la captación de imágenes de sus trabajadores”, considerándolo un agravante de los hechos.

La sección cuarta, que archivó la causa contra el PP de València por el presunto pitufeo ve «como hipótesis plausible» la «ocultación» del abuso cometido por el exmarido y desprotección en la menor.

“Mi hija se ha autolesionado, delante de mí se intentó tirar por la ventana (...), si no la llego a coger, se tira”. La madre de la menor víctima de una violación grupal en Burjassot declaró este miércoles como testigo en el juicio a la agitadora ultra Cristina Seguí por difundir un video de la chica y otras amigas para cuestionar su testimonio, tanto en redes sociales como en un programa emitido en Youtube y dirigido por Javier Negre. Fue uno de los testimonios más impactantes de una vista oral en la que Seguí, que se definió como “periodista”

La menor se intentó suicidar por la violación y la posterior exposición mediática a la que fue sometida. Seguí se ha sentado en el banquillo, y se enfrenta a una pena de cuatro años y medio de prisión, por divulgar los vídeos sin pixelar de las menores de 12 y 13 años que fueron violadas por una manada en la localidad valenciana de Burjassot. Preguntada por su letrado que sí sabía que ese asunto tiene una sentencia firme de condena para los violadores ha dicho que "sí".

¿Es buena idea pedir copias del DNI desde las empresas? No, no lo es, salvo excepciones. Nuestro documento nacional de identidad contiene mucha información que no sirve de nada a una empresa. ¿Para qué le iba a servir, por ejemplo, los nombres de tus padres? Por esta razón, se considera una recogida innecesaria de datos que contradice los mandatos del RGPD. Lo correcto, si necesitas cotejar los datos, es pedirlo, pero no fotocopiarlo.

La aseguradora Allianz ha sido multada con 200.000 euros por permitir la filtración de la póliza de automóvil de uno de sus clientes, así como un informe de la Dirección General de Tráfico con información del vehículo. Esa información llegó a la expareja del hombre, quien la usó en “un procedimiento judicial" que ambos llevaban a cabo "de modificación de medidas paternofiliales", de acuerdo con la resolución de la AEPD.

El uso de una pegatina o señal que corresponda a una empresa de seguridad de verdad, sin tener en realidad sus servicios contratados, puede acarrear sanciones, ya que se está usando de forma ilegal una marca registrada, y por ende se vulnera su propiedad intelectual. Según establece la Ley 17/2001, del 7 de diciembre, de Marcas en el Código Penal, si se realiza alguna de las acciones nombradas anteriormente, dicha persona se está exponiendo a la sanción más grave en estos casos, un delito contra la propiedad intelectual e industrial.

La organización Adolescencia Libre de Móviles en Madrid anima a padres a reclamar ante la AEPD el tratamiento de datos de la plataforma estadounidense en sus centros educativos. Esta campaña acaba de empezar, pero la AEPD ya confirma que en los últimos meses han crecido las denuncias contra colegios que usan las herramientas de Google y no cumplen con el tratamiento de datos: “Estaríamos hablando de una decena de reclamaciones contra centros docentes, por el momento ninguna directamente contra Google”, dicen fuentes de la AEPD.

No hay que olvidar que Seguí y el líder del grupo fascista España 2000, José Luis Roberto, fueron promotores de las acciones de lawfare contra Mónica Oltra utilizando a las víctimas, incluso hicieron un programa en EDA TV con Alvise y Negre en el que llamaron a Oltra en directo.

El organismo confirma la sentencia del Juzgado contra la cofundadora de Vox, que ha sido declarada culpable de vulnerar el derecho al honor del exministro

Cristina Seguí no dudó en publicar en su cuenta de la red social X y en Telegram los vídeos sin pixelar de una conversación que estas menores mantenida en Instagram. Vídeo que posteriormente sí pixeló cuando supo que iba a ser denunciada, y que la Agencia de Protección de Datos le obligó a borrar poco después. Pero ya era tarde y el daño ya estaba hecho. Las menores ya habían sido expuestas en esta red social. De hecho, las niñas están bajo tratamiento sicológico no sólo por la violación que sufrieron, sino por la exposición mediática

Esta propuesta, busca agregar nuevas categorías de datos, incluyendo imágenes faciales de sospechosos, para facilitar la prevención, detección e investigación de delitos. Su intención es expandir el marco legal de tal forma que se pueda utilizar el reconocimiento facial para perseguir a criminales. Este marco permite a las autoridades de los Estados miembros intercambiar automáticamente datos esenciales como perfiles de ADN, datos dactiloscópicos y matrículas de vehículos, entre otros.

Grabar y difundir imágenes de un particular sin su consentimiento y sin que el tratamiento sea necesario puede suponer infringir el RGPD. En un nuevo capítulo de las conductas y usos de las redes sociales que pueden resultar en la comisión de un acto ilícito, la Agencia Española de Protección de Datos ha resuelto la imposición de una sanción de 10.000 euros a un particular por grabar y difundir imágenes de un tercero que se encontraba en la calle junto a su perro en redes sociales.

La empresa española CTC Externalización no pudo justificar que la información biométrica se eliminase automáticamente.

La ultraderecha extraparlamentaria, además de Vox, se cobró una pieza de caza mayor con la dimisión de Mónica Oltra a consecuencia de su imputación en la causa que investigaba la gestión de la Conselleria de Igualdad en relación a la denuncia por abusos sexuales del exmarido de la dirigente de Compromís. El abogado José Luis Roberto, dirigente del grupúsculo neofascista España 2000, se ofreció a representar gratuitamente a la menor que denunció al educador Luis R. I., finalmente condenado a cinco años de prisión por abuso sexual.

La Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de cuatro años y medio de prisión para la exdirigente de Vox Cristina Seguí por la difusión de un vídeo en sus redes sociales protagonizado por menores que denunciaron una agresión sexual por parte de cinco adolescentes en mayo de 2022 en la localidad valenciana de Burjassot.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a Digi con 200.000 euros por permitir el duplicado fraudulento de la tarjeta SIM de una socia de FACUA Euskadi sin su consentimiento y sin comprobar la identidad del solicitante, lo que provocó que le sustrajeran 800 euros de su cuenta mediante operaciones de Bizum, además de intentarlo sin éxito con casi 1.500 euros más.

La AEPD multa a Caixabank con cinco millones por mostrar a terceros los datos de transferencias de clientes. Protección de Datos señala en su resolución que la brecha de seguridad pudo afectar "a todos los clientes".