El caso Púnica forma una complicada madeja que, paso a paso, el juez Manuel García-Castellón va desenredando. El magistrado de la Audiencia Nacional, que todavía mantiene vivas seis líneas de investigación de este macrosumario de corrupción, ha procesado al empresario David Marjaliza, a nueve exalcaldes de la Comunidad de Madrid y Extremadura —siete del PP, uno del PSOE y otro del partido local Unión Demócrata Madrileña (UDMA), etc.

La trama Púnica, presuntamente capitaneada por el empresario Alejandro de Pedro, tuvo una intensa relación con el gobierno autonómico del Partido Popular en la Comunitat Valenciana que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón investiga un desvío de más de 275.000 euros de fondos públicos que se habrían destinado a sufragar campañas de imagen en Internet de políticos del PP madrileño y valenciano. El magistrado mantiene imputados a la exalcaldesa de Dénia Ana Kringe, y al exalcalde de Castelló Alfonso Bataller.

Un informe pericial revela cómo operó la trama para mejorar la imagen de la consejera de educación de Aguirre a cambio de más de 120.000 euros públicos

Un trabajador público ratifica ante García Castellón las denuncias de irregularidades en contratos de carreteras que denunció en 2013 y que desveló eldiario.es. Los gobiernos de Aguirre y González obligaron a las empresas adjudicatarias a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias. Enviaron dos cartas denunciando los "pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras" al menos desde 2009, al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. Posteriormente,mantuvieron una reunión con su número

Los mismos protagonistas coinciden en el ‘caso Púnica’,el consejo de Avalmadrid y empresas financiadas por la Comunidad de Madrid. Francisco Lobo,exconsejero de Avalmadrid imputado en el caso Púnica. Pedro Irigoyen,nombrado por la actual presidenta como director general de recursos humanos,es uno de los consejeros de Avalmadrid propuesto para sanción por el Banco de España. Y Aurelio García de Sola y Arriaga, director del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) y de Madrid Network en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta, fue imputado

El 31 de marzo de 2015, cinco meses después de la detención del exconsejero madrileño Francisco Granados y en pleno interrogatorio sobre el caso Púnica a la exdirectora de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, el juez preguntó por la participación de la ahora candidata del Partido Popular a la presidencia autonómica. "¿Usted conoce a Isabel Díaz Ayuso?".

La Guardia Civil ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, un nuevo informe en el que recoge "sólidos elementos probatorios" desconocidos hasta ahora sobre la supuesta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre y, en concreto, de su campaña a las autonómicas de mayo de 2011. Las nuevas pruebas implican a diez cargos públicos y altos cargos del Ejecutivo de Aguirre como "partícipes" en el supuesto amaño de varias licitaciones de las consejerías de Medio Ambiente y Hacienda..

García Castellón vuelve a negar el archivo a una de las imputadas y recuerda “la incompatibilidad” en que incurrió la expresidenta. En este caso, se investiga un posible contrato irregular y la financiación ilegal del PP de Madrid y para ello, el foco de la Guardia Civil se puso en Cristina Cifuentes, que llegó a acusar a la entonces presidenta de Madrid de “prevaricación continuada y cohecho”. Las sospechas se basan en un triángulo con Cifuentes en sus tres vértices. En aquel entonces, ella era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid..

José Luis Cápita, socio de David Marjaliza -el gran arrepentido de la Púnica y el caso Lezo, la corrupción política del PP en Madrid- desveló en su última declaración ante el juez Manuel García Castellón, que el administrador concursal de sus empresas de la trama, Pedro Bautista Martín Molina, tuvo trabajando en su despacho de abogados a Beatriz Saura, esposa del juez Eloy Velasco, que instruyó inicialmente la trama Púnica y Lezo.

Un manuscrito del exconsejero de OHL López Madrid pone el foco en cómo fue adjudicado el contrato más caro de la línea a una unión de empresas en la que participa la constructora Vimac, de la familia Contreras, que según los papeles de Bárcenas hizo pagos al PP. En ese tramo en cuestión, Prado-Porto,murió un trabajador, una de las empresas socias de Vimac fue condenada por varias contrataciones fraudulentas, se registraron daños ambientales a los ríos de la zona y las obras acumularon años de demora.. hace dos años ocho sentencias similares

Marjaliza aseguró que su presidente, Entrecanales, entregó 60.000 euros al PP. También está salpicada en la pieza de los hospitales y la Ciudad de la Justicia

Los quince acusados por la trama 'Púnica murciana' suman peticiones de prisión de más de 57 años por delitos de corrupción y fraude.

El Ayuntamiento de Valdemoro se niega a dar licencias de obra u ocupación a 100 familias por estar relacionada su concesión con la trama corrupta. El secretario municipal habría detectado recientemente anomalías en la concesión de ‘Valdemoro UDE Oeste Norte Zona Hospital’. Anomalías relacionadas con la trama que han provocado una suspensión de las licencias acreditativas.“Entendemos que el Ayuntamiento de Valdemoro luche contra la corrupción”, añade la perjudicada, “pero nuestra preocupación es que se han paralizado las concesiones de las licen

PP y Ciudadanos tumban las cuentas de la localidad madrileña,que lleva desde que saltó la operación en 2014 sin presupuestos. “Es cierto que son unos presupuestos en los que hemos incumplido la regla de gasto,forzados por la regularización que hemos tenido que hacer de más de 5,8 millones en facturas que hemos encontrado guardadas en el cajón”. “Los ciudadanos no pueden pagar los efectos de una trama de corrupción como Púnica.Tenemos la necesidad imperiosa de incluir inversiones por casi 5 millones para Valdemoro.Los vecinos son la parte inocen

Lo relevante de la declaración de Granados es que confirma líneas de investigación que ya estaban en el caso Púnica, como la financiación de las campañas autonómicas a través de empresas públicas como el Canal de Isabel II y la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid y otras privadas como Swat o el laboratorio de Almagro, y revela otras nuevas que tendrán que ser corroboradas en próximas diligencias y que apuntan a subvenciones irregulares a través del Consorcio de Turismo de Madrid, Promomadrid y el Instituto Madrileño de Desarrollo

La Guardia Civil ha redactado un informe donde explica que Génova 13 contrató los servicios del "conseguidor" de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, en abril de 2012 para mejorar la imagen del Partido Popular en Internet tras la aprobación de la reforma laboral.

El exsecretario general del PP de Madrid y antiguo miembro del gobierno regional Francisco Granados acusa en una entrevista en la Cadena SER a David Marjaliza y a los investigadores de la trama Púnica de "destruir su vida" en una operación "perfectamente estructurada". Además, reconoce que fue un "grave error" abrir una cuenta en Suiza, señala (sin dar nombres) a "algún amigo ministro" que le ha decepcionado durante su etapa en la cárcel.

Directivos del Canal de Isabel II en Latinoamérica financiaron campañas de políticos colombianos, entre los que se encuentra el actual presidente del país, Juan Manuel Santos

Sólo dos horas tardó ayer martes el instructor del ‘caso Púnica’ en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Enrique Quiñonero, en dictar un auto de procedimiento abreviado (el equivalente al de procesamiento) por corrupción contra el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez después de haberlo escuchado declarar en calidad de imputado (ahora investigado).

Lo que podría llamarse ya ‘doctrina PAS (Pedro Antonio Sánchez)’ está calando, al menos entre varios de los imputados de la rama murciana de la trama ‘Púnica’ de corrupción. El exconsejero de Industria Juan Carlos Ruiz, su exjefe de gabinete y la exdirectora del Instituto de Fomento piden en sus recursos que los exonere igual que a Pedro Antonio Sánchez.

El juez Eloy Velasco ha solicitado remitir documentación de la Fundación pública Madrid+D a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), para que investigue sus vínculos con la trama Púnica.. el juez reclamaba a Madrid+D información sobre sus contratos con la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) en la etapa de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid y Lucía Figar como consejera de Educación.Madrid+D es una entidad de titularidad pública dedicada a la investigación científica, que depende de..

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de oponerse a la investigación contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha acabado este jueves con la intervención del ministro de Justicia. Rafael Catalá ha criticado a las fiscales del caso, Gemma García y María Teresa Gálvez, al asegurar que tienen un problema porque su criterio no era compartido por sus superiores. "Yo me pongo del lado de sus jefes", ha dicho, al tiempo que ha advertido de consecuencias contra ellas por dejar constancia de su discrepancia.

Se trata de la petición formulada por la acusación popular Adade, que ha presentado su escrito de acusación en la Audiencia, en el que además reclama quince años de prisión para el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, por delitos de fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho y malversación de caudales públicos.

Una de las colaboradoras más próximas a Isabel Natividad Díaz Ayuso en el PP regional y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, es investigada por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública por su actuación como concejala de Arroyomolinos, una población de Madrid con más de 30.000 habitantes. Millán pasó a tener la condición de imputada hace más de dos años, pero es ahora cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se hará cargo del caso. La titular del juzgado...

José Luis Ábalos fue arrendatario gratis durante al menos medio año de un chalet de lujo en Cádiz propiedad de una empresa vinculada a Víctor de Aldama, una de las principales caras del 'caso Koldo'. Es la información que publica este domingo el diario 'El Mundo', que detalla que el exministro dispuso de esa casa entre los años 2021 y 2022. De Aldama habría adquirido esa casa en junio de 2021 y un mes después, el 1 de julio, se la habría alquilado a Ábalos, quien todavía era ministro.

El supuesto estafador ha sido detenido en Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, tras averiguar que contaba con varios pisos que alquilaba por un precio de entre 750 y 1.100 euros, y posteriormente subarrendaba las habitaciones, llegando a alojar a 10 y 12 chicos por vivienda a los que cobraba 500 euros al mes

Qué poquito se habla de esto con lo tremendo que es. Siento no saber de quién es el organigrama pero, felicidades. La Famiglia

El entramado cambia su modelo de negocio e intenta deshacerse de algunos inmuebles situados en fincas cuyos vecinos han denunciado sus irregularidades

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) accedió a la intervención de los móviles de cuatro de los principales investigados de la 'operación Brody': el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales; el brazo jurídico de éste Tomás González Cueto; Francisco Javier Martín Alcaide, alias El Nene, amigo de Rubiales; y Ángel González Segura, hermano del director de la asesoría jurídica de la Federación y trabajador de Gruconsa, empresa constructora en el centro de la trama. Las escuchas de la Gu

Si las tramas de corrupción que rodean a Ayuso fueran una serie de televisión (porque da para mucho) estos serían algunos de los capítulos de 'F·A·M·I·L·I·A·R·E·S':

Les invito a nuevo tour por las cloacas. En esta ocasión, partiendo de dos alcantarillas distantes, acabaremos sumergidos en el mismo colector. Por un lado, Israel Pilar Ortiz (caso Koldo) por otro José Ramón García González (Sibucu 360 SL). Croquis con las “coincidencias” entre el asunto de Ortiz y otra organización similar que gira en torno a José Ramón García González y la comercial Sibucu 360 SL (implicada igualmente en el tráfico de material sanitario durante la pandemia) y que salpica a la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso..

Los agentes de la Guardia Civil que investigan el 'caso Koldo' han descubierto un audio en el que un investigado asegura que una parte del dinero que escondía lo había destinado a servicios de prostitución: "No, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo, que no… yo pagué, o sea yo lo que tenía, que tenía tres mil y pico, pagué los dos mil y pico de R o dos mil, más Piedad, o sea no, a mí no, vamos no me quedaba hace tiempo ya lo dije”, dice la transcripción del mensaje.