Una semana después de que fracasasen las primeras votaciones para renovar a los dos magistrados del TC que le corresponde nombrar al Consejo, el CGPJ vuelve a reunirse en un nuevo pleno extraordinario a partir de las 16.30 horas con tres candidatos encima de la mesa: José Manuel Bandrés, propuesto por el bloque progresista; y César Tolosa y María Luisa Segoviano, por el conservador.

Pascual Sala,Presidente del Constitucional las rechaza. El Presidente del Congreso,José Bono pone un plazo a PSOE y PP para acabar con el bloqueo.Aquí Soraya Sáenz de Santamaría "prometiendo" que van hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Sabe que es mentira,quedan unos meses para las elecciones donde tienen asegurada la mayoría absoluta y recuperar la mayoría conservadora en el Poder Judicial.El gobierno de Zapatero también da por hecho que la renovación no se va a producir en esta legislatura.

Se hará mediante proposición de ley para acortar tiempos y sin necesidad de incorporar informes de órganos consultivos. Esta nueva proposición de ley podría registrarse esta misma semana, aunque depende del acuerdo al que lleguen los distintos grupos parlamentarios.El objetivo es habilitar el Congreso durante el mes de enero ―en el que habitualmente no hay actividad parlamentaria― para sacarla adelante lo antes posible.

Los progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)dan por hecho que el pleno extraordinario que se va a celebrar este martes no acabará con el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, afirman miembros de este sector consultados por elDiario.es. Es una sesión extraordinaria a la que los vocales llegan sin perspectiva de acuerdo y que se celebra a petición del bloque conservador, que después de más de tres meses de boicot a esos nombramientos, pidió de urgencia un pleno para sortear la reforma legal que prepara el Gobierno

Pedro Sánchez ha elegido a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Laura Díez, exdirectora general en Moncloa, como los dos magistrados que le corresponde proponer para el Tribunal Constitucional, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es. El Consejo de Ministros realizará los nombramientos previsiblemente este martes.

La negociación entre conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la renovación del Tribunal Constitucional sigue estancada por la sucesión de excusas y condiciones cambiantes del núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP, que lleva más de dos meses dilatando unas designaciones que deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre. La última reunión de los interlocutores de ambos sectores, celebrada este miércoles, ha terminado sin ningún avance que permita aventurar un pronto desbloqueo.

Los vocales conservadores siguen sin poner un nombre encima de la mesa mientras ponen pegas al candidato de los progresistas.

Los nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que mostraban su rechazo hasta el momento a apoyar la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al órgano, han levantado su veto. En un comunicado hecho público en la noche de este miércoles, el grupo considera "imprescindible" reactivar las conversaciones con el sector progresista para encontrar a dos candidatos de consenso tras el fracaso de la negociación abierta entre el Gobierno y el PP para designar a sus sustitutos en el Consejo.

González Pons miente: "No se puede renovar el CGPJ sin renovar al mismo tiempo el Tribunal Constitucional". Con la llegada de Feijóo, el PP es una máquina de fabricar bulos que ya quisiera Trump.

La reunión entre los vocales del CGPJ que negocian los nombramientos de dos magistrados del Tribunal Constitucional ha terminado otra vez sin acuerdo y sin fecha para un tercer encuentro, cuando el próximo día 29 se celebra un pleno que coincide con la visita a España del comisario de Justicia, Didier Reynders.El encuentro ha terminado como se esperaba, sin acuerdo, pues aunque los progresistas habían puesto sobre la mesa los nombres de nueve candidatos, el sector conservador insiste en que sigue sin encontrar a magistrados

Los consejeros elegidos a propuesta del PP, artífices de este boicot, expusieron primero problemas de agenda para demorar el encuentro hasta el final de la semana. Y, una vez celebrado, apenas se registraron avances. El acuerdo de mínimos al que llegaron este viernes incluye que los nombramientos se realicen “por una amplia mayoría”, tras evaluar los currículos de los candidatos y que estos procedan del Tribunal Supremo, algo que no supone estrictamente una novedad.

Cuatro exministros de Justicia han urgido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a renovar el Tribunal Constitucional nombrando a dos magistrados porque los vocales "tienen que cumplir con las leyes" y con la Constitución.Francisco Caamaño, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo han coincidido en la necesidad de que el órgano de gobierno de los jueces designe a los dos magistrados del TC, la víspera de que los bloques conservador y progresista abran las negociaciones con la primera reunión para desbloquear los nombram

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones se ha situado este martes al margen de la ley al no designar en plazo a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar. La fecha límite del 13 de septiembre que contempla la ley se ha rebasado sin que los vocales hayan iniciado siquiera las conversaciones sobre posibles nombres.

Un número suficiente de vocales conservadores cerró a última hora de la noche de este martes un pacto que, 'de facto', ralentizará la renovación del Tribunal Constitucional. Ocho de los miembros del bloque conservador han decidido que no propondrán candidatos para el pleno convocado para debatir los nombramientos que debe hacer el CGPJ. Aunque se abren a tratar de llegar a un acuerdo, lo harán sin urgencia y sin seguir los límites temporales que fijó el Gobierno, que colocó el tope en el próximo 13 de septiembre. Actuarán sin prisas.

Por su parte, el sector más conservador del Poder Judicial, que es mayoritario, mantiene el pulso al PSOE por la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) (dos tienen que ser nombrados por el Gobierno y 2 por el CGPJ). Esta renovación es vital, ya que cambiará la mayoría en el tribunal de garantías, con 7 magistrados progresistas y 5 conservadores, hecho que tendría que permitir al Gobierno que no se le tumben las leyes que aprueba.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda nombrar a sus dos magistrados de cara a la renovación del Tribunal Constitucional (TC).De esta forma, esta remodelación legislativa entrará en vigor este viernes tras aprobarse la tramitación exprés en las dos cámaras legislativas (Congreso y Senado), según la resolución.

"El Gobierno podría nombrar a sus dos magistrados. Tiene la facultad, porque así lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Podría nombrarlos". El órdago que a principios de semana lanzó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha encendido todas las alarmas en el PP. “No se atreverán” o “sería un disparate” son las dos frases más repetidas entre cargos de distinto rango en el partido, que en privado reconocen sus recelos respecto al próximo movimiento del Ejecutivo.

Quedan 21 días para que expire la fecha que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de abril para renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva en funciones tres años y medio por el bloqueo del Partido Popular y que, debido a la última reforma impulsada por el gobierno, no puede hacer nombramientos. Ese día, el 12 de junio caduca el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Dos elegidos a propuesta del gobierno de Mariano Rajoy y otros dos a propuesta del órgano de gobierno de los jueces.

El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen previsto nombrar hoy a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que sustituirán al actual presidente, Pascual Sala, y a otros tres miembros de la institución que ya han cumplido mandato. Tras los nombramientos la tendencia del tribunal de garantías será más conservadora que la composición actual. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya dijo hace una semana que el Ejecutivo procederá a llevar a cabo esos nombramientos antes del plazo señalado...

En declaraciones a Europa Press, el diputado de IU ha recalcado que las instituciones deben renovarse "cuanto toca" y no cuando "conviene unos o a otros". Por eso, ha incidido en la necesidad de que este asunto quede resuelto antes de las próximas elecciones generales. "PSOE y PP tienen que hacer algo porque esto no puede seguir así", ha reclamado Llamazares, quien ha vuelto a lamentar el "tremendo deterioro" que ha sufrido la imagen del Tribunal Constitucional por la incapacidad de los dos grupos mayoritarios de nombrar nuevos magistrados.

El PSOE ha decidido poner el turbo para la renovación del Tribunal Constitucional, siguiendo los dictados del presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla.

El Senado ha iniciado este martes el procedimiento para renovar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, después de que todos los grupos políticos hayan apoyado la petición del PSOE para que se convoque la Comisión de Nombramientos de la Cámara, encargada de evaluar a los candidatos.El PP ha aceptado también la convocatoria, pero ha pedido en la Junta de Portavoces que los servicios jurídicos del Senado hagan un informe sobre la conveniencia de solicitar a las autonomas que ratifiquen a los candidatos.

Hace 15 días José María Macías, vocal ultraconservador del CGPJ, comparaba a los jueces progresistas con los regímenes comunistas, llamaba ignorantes y cínicos a diputados del PSOE y negaba estar caducados. Ayer fue elegido magistrado del TC a propuesta del PP. Todo en orden

La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

El Tribunal Constitucional podría librar de la cárcel a los ex altos cargos socialistas de la Junta condenados por malversación en la pieza política del caso de los ERE, toda vez que esto es lo que propone la ponencia que la corte de garantías abordará la próxima semana.

En la dirección nacional y en las CCAA admiten lo complejo que es un acuerdo de esta naturaleza en plena aplicación de la amnistía, con las dudas del Supremo, el nuevo incendio en la Fiscalía y el presidente afirmando que existe 'lawfare' en España. Feijóo sigue abierto a negociar, pero necesita un acuerdo de despolitización, también en su partido.

Con la (ultra)derecha y el Poder Judicial ocurre lo que ha ocurrido siempre cuando gobierna el PSOE, ahora en coalición: el PP y su extremo apéndice se refugian en las togas para ejercer un poder ilegítimo y en la sombra que permite romper los equilibrios democráticos de los mandatos progresistas; y ello sin tener en cuenta su influencia mayoritaria en los medios de comunicación o las financiaciones ilegales y las cloacas no hace mucho y que aún colean en los tribunales sin mucho daño para la (ultra)derecha. Ay si fueran partidos de izquierdas

Carlos Alsina reflexiona en su monólogo sobre la urgencia del PSOE por renovar el Consejo General del Poder Judicial, una falsa obligación que se ha atribuido el gobierno para justificar que sea él quien lleve la iniciativa y quien negocie con el PP.

Escuchen a los bomberos de la Comunidad de Madrid . Esta es la libertad de estos pajarracos.

La Junta Directiva del FS Talavera y Sergio Jiménez Fuentes ‘Pollo’, una vez finalizada la temporada, han decidido de mutuo acuerdo la no renovación del contrato que le vinculaba como entrenador del primer equipo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la ley de vivienda del presidente Pedro Sánchez pero con salvedades, ya que ha decidido por mayoría estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra la ley por el derecho a la vivienda. Como viene siendo habitual en este tipo de decisiones, los magistrados pertenecientes al sector conservador han anunciado voto particular.

A menos de un mes para que el próximo 11 de junio venza el mandato no prorrogable del actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el PSOE y el PP mueven tímidamente ficha para sopesar si es posible mantener la tradición no escrita de que el Ejecutivo elija un nuevo gobernador aceptado por el principal partido de la oposición y este le proponga un subgobernador bien visto por el Gobierno. Los dos partidos han mostrado en los últimos días su disposición a negociar.

Cuya renovación lleva bloqueada por PP y PSOE desde hace casi 6 años.

Giro de 180º grados en la estrategia del PP. Tras iniciar hace más de un mes un conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado a cuenta de la amnistía, los populares han decidido dar marcha atrás y no elevar el choque al Tribunal Constitucional. Los conservadores justifican este viraje alegando que la Mesa del Congreso, quien rechazó la petición del Senado de retirar la amnistía, no tiene competencias para responder y que debería haber sido el pleno de la Cámara Baja quien se pronunciara.

Critican que cambiasen la ley del PSOE y Podemos para evitar nuevos nombramientos en funciones haya dejado ya 90 vacantes en órganos como el Supremo. La Asociación Europea de Jueces (EAJ) pide al Gobierno de España y los partidos que permita la renovación del CGPJ, que lleva seis años con el mandato caducado, y que se haga permitiendo que la mayoría de los miembros sean escogidos por los propios jueces, sin intercesión de los dirigentes políticos o miembros del Ejecutivo.