Con los recientes atentados en Francia, Austria y Alemania frescos en la memoria, y menos de un mes después del quinto aniversario del terrorífico ataque a la sala Bataclan en París, la Unión Europea avanza en su estrategia frente al fanatismo violento con una nueva agenda antiterrorista. El texto, aprobado este miércoles en Bruselas por el Colegio de Comisarios, aglutina una larga batería de propuestas con el fin de dar una “respuesta colectiva” ante un “peligro real y presente” y salvaguardar así las “sociedades plurales”.

Un abogado que trabaja con un juez de la UE filtró información sobre un nuevo proyecto de ley para que los países de la UE otorguen a la policía el derecho de arrestar, interrogar y luego entregar a personas y periodistas críticos para la migración a una evaluación psiquiátrica que puede conducir a confinamiento psiquiátrico. Anteriormente, el abogado filtró información que resultó ser correcta y se trató de información anticipada sobre lo que luego se conoció como nuevas medidas de austeridad contra la atención alternativa en Suecia.

El costo total de la cobertura del programa, según se informó en la actividad de este lunes, es de unos 154 millones de dólares anuales. Para financiarlo, el equipo de Sartori propone, por ejemplo, recortar gastos de prensa y de representación para senadores, diputados, secretarios y prosecretarios; ahorrar en los montos presupuestados para obras; y mejorar la gestión de compras de bienes y servicios de todos los ministerios, entes y servicios descentralizados.

De las 31 propuestas legislativas presentadas estos meses en los Plenos de Congreso de los Diputados y Senado, los tres posibles integrantes del llamado “Gobierno del cambio”, es decir, PSOE, Podemos y Ciudadanos, han votado lo mismo en 19 ocasiones. El partido de Pedro Sánchez y el de Pablo Iglesias coinciden en el apoyo a 24 iniciativas, mientras que socialistas y C’s lo hacen en 23.

El Gobierno andaluz lanzó ayer un guiño al Movimiento 15-M y se comprometió a impulsar una reforma legal que permita rebajar a 41.000 las firmas necesarias (ahora se requieren 75.000) para poder presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) y abrir así el Parlamento autonómico a los ciudadanos. Un representante, elegido por los promotores de la ILP, podrá defender a lo largo de toda la tramitación parlamentaria, como si fuera un diputado más, la iniciativa legislativa admitida a trámite.

La Eurocámara aprobó hoy, con 556 votos a favor, 90 en contra y 19 abstenciones, una propuesta legislativa que revisa la legislación vigente en la lucha contra el terrorismo y que tiene dos objetivos fundamentales; por una parte, tipificar como delito de la inducción pública a cometer delitos de terrorismo y, por otra, impedir que los terroristas utilicen Internet como medio para difundir propaganda, reclutar adeptos, planificar atentados y divulgar manuales de adiestramiento.

El Sindicato de Trabajadoras Sexuales OTRAS ha presentado este miércoles una propuesta de ley para "regular el trabajo sexual" desde un enfoque "descriminalizador" que garantice tanto los derechos laborales como la seguridad de quienes se dedican a la prostitución.

La idea, que subyace en la propuesta del informe del Instituto Coreano de Finanzas Públicas, es que crear grupos escolares por madurez y no por fecha de nacimiento ayudaría a que los jóvenes se encuentren "mutuamente más atractivos" cuando alcancen la edad para contraer matrimonio. La opinión pública se empieza a preguntar cómo es posible que institutos públicos de investigación como este sigan dando palos de ciego sin asumir que las medidas "deben de ser fundamentales y multinivel" para "crear un entorno adecuado para la crianza de los niños".

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel ordenó la operación, que utilizó cuentas falsas en las redes sociales para instar a los legisladores estadounidenses a financiar el ejército israelí, según funcionarios y documentos sobre la operación. Israel organizó y pagó una campaña de influencia el año pasado dirigida a legisladores y al público estadounidense con mensajes proisraelíes, con el objetivo de fomentar el apoyo a sus acciones en la guerra contra Gaza, según funcionarios implicados en el esfuerzo y documentos relacionados con la

Analizamos con expertos del ámbito académico, del activismo y del sector empresarial cómo enfocar la crisis habitacional y saber si la Ley que entró en vigor hace un año ha tenido efecto. Lo más comentado es la mercantilización de la vivienda y la falta de vivienda social y asequible.

Proponiendo que los padres ejerzan ese derecho hasta que alcancen la mayoría de edad, en Japón son los 20 años, en un esfuerzo para que se empiece a enfocar la política en las generaciones jóvenes ante la preocupación de que las políticas públicas estén dirigidas hacia las personas mayores, ya que éstos representan el porcentaje mayor de votantes. Los reducidos recursos redistribuidos a los jóvenes contribuyen a la disminución de la tasa de fertilidad.

La moción, que ha defendido el diputado de Vox Agustín Buades y cuyos 12 puntos se han votado conjuntamente, insta al Ejecutivo a que "contribuya a la prevención de las rupturas familiares mediante intervenciones de orientación familiar, mediación u otras". También reclama al Govern a fomentar la natalidad poniendo en marcha planes de información a las mujeres embarazadas y promoviendo campañas de sensibilización, promoción y concienciación sobre la importancia de la maternidad y la familia.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, ha calificado como “vergonzosas” e “ilegales” las órdenes de arresto de funcionarios israelíes que, supuestamente, prepara la Corte Penal Internacional (CPI) y varios legisladores del Partido Republicano trabajan en represalias por la vía legislativa contra el tribunal. Ese tribunal internacional podría emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y altos funcionarios por su papel en la muerte de civiles en el ofensiva contra Hamás en Gaza

El Parlamento decide la toma en consideración o no de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), apoyada por 612.275 firmas, para regularizar a “entre 390.000 y 470.000” personas que viven de forma irregular en España