La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una sanción de multa de 1.500 euros por una infracción grave al magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, Manuel Piñar, después de que difundiera a través de un comunicado remitido a un medio de comunicación datos que afectaban a uno de los hijos de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) a la que condenó por sustracción de menores.

El magistrado Iain D. Johnston declaró la prohibición impuesta por el estado no superó el escrutinio constitucional, y comentó que "los derechos individuales no se anulan en la propiedad pública".

El gobierno israelí ha impedido que toneladas de ayuda recaudada por ciudadanos palestinos de Israel lleguen a Gaza, según informaron el diario israelí Haaretz. La autoridad civil que gobierna Cisjordania declaró a Haaretz que las donaciones de origen israelí están prohibidas desde el inicio de la guerra. En agosto, la organización árabe-judía Standing Together llenó 100 camiones cargados con 2.400 palés de alimentos y artículos de primera necesidad, pero acumulan polvo en almacenes israelíes, mientras las autoridades impiden que entre en Gaza.

Perelló nació en Cataluña y es magistrada del Tribunal Supremo desde el año 2009. Está en la sección que supervisa órganos reguladores como la CNMC y el Banco de España y fue la ponente de la sentencia que rechazó el recurso del PSOE para tratar de recontar el voto nulo de Madrid en las generales. Antes, Perelló ocupó destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca), en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Está asociada a Jueces y Juezas para la Democracia.

Se jubila Manuel García Castellón, el magistrado al que los gobiernos de Aznar y Rajoy regalaron diecisiete años de exilio dorado en París y Roma y que volvió a la Audiencia Nacional a ocuparse de que los rivales del PP lamentaran pasar por su juzgado. Desde meter en prisión preventiva a Mario Conde –presidente de uno de los grandes bancos, inversor y amiguete de Pedro J. Ramírez y prestamista del rey Juan Carlos, nada menos– a acabar su carrera judicial cometiendo un error de principiante y viéndose obligado a dar carpetazo al caso Tsunami.

El Gobierno de Canarias defenderá a partir de ahora que los menores inmigrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado, por lo que ha pedido a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad.

La jueza que investiga por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la petición de PSOE y Más Madrid de que la causa se amplíe a sus relaciones comerciales con el grupo Quirón, gigante sanitario y contratista habitual del sector con la Comunidad de Madrid. La magistrada instructora explica que varias de las diligencias que proponían las acusaciones populares son “innecesarias” y que podrían llegar a dilatar la investigación durante años.

El magistrado de la Audiencia Nacional que vio terrorismo contra Puigdemont en el caso Tsunami y que investigó las causas contra Podemos pidió adelantar su salida de la carrera judicial el pasado mes de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias, al aducir que la labor del magistrado "contraviene la doctrina existente" y que supone una "injusticia intrínseca".

La reacción del Gobierno se produce después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en una providencia fechada el 22 de agosto, sostuviera que se pueden sacar “conclusiones” del “silencio” del líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE, que el 30 de julio se acogió a su derecho a no declarar ante él como testigo en la causa abierta contra su mujer, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez ordenó además en esta última providencia en mitad del verano trasladar copia de la grabación a las...

"La noticia: el gobierno italiano, bajo las órdenes de Giorgia Meloni, ha bloqueado durante 60 días al buque Geo Barents de Médicos Sin Fronteras mientras realizaba una operación de salvamento en Salerno. El contexto: tras una orden de las autoridades libias de no proceder con el rescate, la ONG paraliza la operación. Ante ello, las personas que iban a bordo de la embarcación empiezan a tirarse al agua y ante el peligro de ahogamiento o desaparición, Médicos Sin Fronteras actúa y rescata a los 191 migrantes"

El Ejército de Israel realizó un ataque aéreo contra otro convoy de ayuda humanitaria a Gaza contra "atacantes armados" que intentaban secuestrarlo, pero la ONG dice que los muertos estaban contratados por la empresa de transporte. Organizado por la ONG de EE.UU. Anera, llevaba suministros médicos y combustible en un hospital dirigido por emiratos a Rafah el jueves a la noche. Su ruta habría sido coordinada por las fuerzas de Israel, en el marco del proceso de distensión destinado a evitar que vehículos de ayuda humanitaria fueran bombardeados.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha avisado hoy de que las expulsiones masivas o cualquier otro eufemismo que se quiera utilizar son una "vulneración flagrante" de la legalidad internacional, tras las declaraciones de Pedro Sánchez, desde Senegal sobre la expulsión de migrantes en situación irregular. La asociación ha subrayado que fuera de la legalidad internacional "sólo existe la barbarie". "La negación de nuestra propia humanidad sólo pone en evidencia una hipocresía tan cruel como inútil", ha denunciado.

El empresario investigado considera que se ha producido una "flagrante vulneración" de sus derechos y su abogado ha pedido que se anule el auto de entrada y registro de las propiedades. El empresario Juan Carlos Barrabés ha recurrido este miércoles el registro de su domicilio y de la sede social de sus compañías asegurando que el juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso de Begoña Gómez, lo ordenó sin tener "sospecha o indicio de la comisión de los hechos delictivos". El que fue profesor de máster de la esposa de Pedro Sánchez considera q

Los 17 estudiantes procedentes de México y becados para trabajar en el espectáculo Malinche de Nacho Cano declararán esta semana ante el juez que investiga al artista porque "tienen previsto abandonar" el país el próximo 1 de septiembre. Así lo ha publicado el Juzgado de Instrucción número 19 de Plaza de Castilla, en Madrid, que es el que lleva el caso, en un auto publicado este martes

Por lo que ha trascendido hasta el momento ninguno de los testigos aportó nada nuevo a la causa, al menos nada importante y definitivo como para procesar a la primera dama por tráfico de influencias. Ni confesiones sobre maniobras ilegales, ni documentos comprometedores, ni cobro de mordidas o comisiones, ni chanchullos de ningún tipo. Desde fuera del juzgado, la sensación que nos llega es que se trató de un máster más de la Complutense, como otros muchos que se organizan cada año en el campus.

Peinado señala que “es legítima” la postura de Sánchez de no declarar, pero “como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias...". La interpretación de esas “inferencias” de las que habla el juez es sencilla: el magistrado evidencia, sin señalarlo abiertamente, una complicidad del presidente con los hechos que atribuye a su esposa,recordemos entre otros,el de tráfico de influencias.“Sólo le ha faltado decir aquello de quien calla otorga. O algo peor: si el interrogado no dice nada es que está en el ajo, cosas de delincuentes

La ONU dijo hoy que se vio obligada a detener sus operaciones humanitarias en Gaza tras la última orden israelí de evacuar sus instalaciones en Deir al Balah (centro), último lugar donde tuvieron que reubicarse tras sucesivas órdenes de evacuación. "No es una decisión en la que digamos que dejamos de operar, sino que prácticamente no podemos operar", dijo un alto responsable de la ONU, que requirió el anonimato. “Tenemos que encontrar soluciones. Y si eso significa que tenemos que parar 24-48 horas y reiniciar, lo hacemos. Pero no nos iremos”.