El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es uno de los rostros destacados que participan en las jornadas para analizar la ley de amnistía y sus consecuencias legales que organiza el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Partido Popular) de la mano del diario jurídico Confilegal. Este foro, en el que también participan otros rostros conocidos, ha alarmado a la izquierda, desde donde se ha exigido conocer el coste que esto supone para las arcas públicas. En la respuesta a la pregunta formulada por escrito en este sentido por el PSOE, se detalla..

Suponen una suma que el senador de Compromís Carles Mulet valora como “una cantidad escandalosa de dinero público de todos” que se invierte anualmente en arquitectura religiosa “y se explota sin que se regule o limite el cobro de las entradas”.

La funcionaria Marta Renedo —nacida en Madrid— no sabía que tenía el teléfono pinchado cuando (febrero de 2010) fue cesada como jefa de servicio de la consejería de Administraciones Públicas del gobierno asturiano. Podía haberse apropiado de 600.000 euros del erario público. Casi 10 años después del día que la pillaron, Renedo ha ingresado en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) para cumplir una condena de nueve años de prisión. Una pena de corrupción severa; sin muchos precedentes para un funcionario público español.

La excusa más utilizada es la necesidad de rejuvenecer unas plantillas cuya edad media se ha situado por lo general por encima de los 50 años y no suele haber problemas para que empresas y sindicatos acaben alcanzando un acuerdo. Pero el Ministerio de Hacienda ha decidido decir basta. El equipo de María Jesús Montero no está dispuesto a que el erario público se deje un solo euro más en financiar los planes de rejuvenecimiento de plantilla de las empresas propiedad del Estado.

Somos adultos y no necesitamos que una legislación de doble rasero nos diga que fumar hachís es un delito y que hay que perseguir y encarcelar a todos aquellos involucrados en su elaboración, transporte y comercialización, mientras en cada bar de España (260.000, según la consultora Nielsen) venden alcohol y tabaco encarecidos con suculentos impuestos (excepto la cerveza y el vino, que gracias a la influencia de sus poderosos lobbys están exentos de los gravámenes especiales que tiene por ejemplo, el tequila).

La suma de parados con derecho a prestación, funcionarios, jubilados, perceptores de pensiones no contributivas y de la renta garantizada de ciudadanía supone el 46,5% de la población mayor de 16 años.

Mientras el Ministerio de Cultura paraliza todos los pagos posibles en becas, en ciencia y en investigación, publica un anteproyecto de ley donde propone una excepción a la propiedad intelectual inexistente en la normativa europea y que obliga al erario público, esto es, a todos nosotros, a pagar 10,8 millones de euros a la asociación privada CEDRO. Les voy a relatar cómo pueden los gobernantes saquear fondos públicos en favor de asociaciones privadas mediante tres normas nacionales y en cuatro cómodos pasos.