España cerró el 2023 con un déficit del 3,66% del Producto Interior Bruto (PIB) y, aunque excede el objetivo del 3% marcado por Bruselas, la Comisión Europea ha optado por no expedientar al país con un procedimiento de déficit excesivo.

Italia anunció el viernes que los inmigrantes que lleguen a su territorio podrán evitar su retención en centros de acogida si pagan casi 5.000 € mientras se resuelve su petición de entrada en el país, mientras la Comisión Europea (CE) revelaba que dedicará casi 127 millones de € a aplicar su acuerdo migratorio con Túnez. Una legislación de 2015 estipula que la retención puede ser dispuesta en 2 casos: si no se entrega pasaporte o identificación válida, o si no se ofrece «garantía financiera», que el gobierno de Meloni situa en 4.938€ para 2023.

El artículo 47 de la CE dice "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos." Pero... ¿Existe este derecho a la vivienda? Veamos la realidad del artículo 47 de la CE.

Se unen a la European Semiconductor Regions Alliance (ESRA), junto a otras 23 regiones de la UE donde hay una industria de semiconductores. Se busca fomentar el crecimiento y competitividad en esas regiones, según su acta fundacional presentada el jueves, y agilizar las ayudas públicas y asegurar suministro de agua, energía o materias primas a este sector. La recién aprobada Ley Europea de Chips busca que la UE duplique su producción de semiconductores para cubrir en 2030 un 20% de la producción mundial, y reducir su dependencia de Asia y EEUU.

Nueva marcha atrás del Reino Unido tras el 'Brexit'. Tras dos años de protestas, el Gobierno británico ha anunciado que suspenderá "indefinidamente" la entrada en vigor de la marca de calidad UKCA que debían obtener todos los productos antes de venderse en el país, para demostrar que cumplen con los estándares de calidad y seguridad legales. En su lugar, mantendrá la marca CE que utiliza la UE.

En septiembre de 2021, la Comisión Europea abrió expediente a España por la extensión de la concesión de esta autopista, al considerar que la ampliación de los peajes hasta 2048 no se hizo de acuerdo a la legislación europea, que requiere la adjudicación mediante un concurso público. La primera ampliación se aprobó en 1994 –hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González– y la segunda en el año 2000 –hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar–, mediante sendos reales decretos.