Jesús Gordillo, exasesor del PP de València y testigo clave del 'caso Taula', se ha desdicho de todo en su declaración en el juicio por la pieza separada A, relativa a la presunta financiación ilegal de la formación que lideraba Rita Barberá. El testigo, que aportó documentación clave para la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha alegado que un misterioso hombre le amenazó por la calle para que aportara documentación incriminatoria contra Alfonso Grau, exvicealcalde de València y su jef

El magistrado Pedro Castellano, autor de uno de los polémicos autos que libraron al equipo del PP de Valencia de Rita Barberá del juicio por blanqueo de capitales en el marco de la pieza separada A del 'caso Taula', ha sido designado ponente sustituto de la sentencia de Eduardo Zaplana en el 'caso Erial'. El juez conservador sustituye así a su compañero José Manuel Megía de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, recusado por uno de los abogados de las defensas, como ponente del fallo del próximo juicio al expresidente...

La Audiencia de Valencia ha dictado la primera sentencia del caso Taula. El fallo condena al exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado 'yonki del dinero' a una pena de siete años y diez meses de prisión por delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso, la relacionada con la empresa Thematica Events.

Famoso por decir hace años que el capital “es una droga”, Marcos Benavent interpreta su nuevo papel, tras un triple salto mortal en su estrategia de defensa: el del adicto reenganchado al dinero.

Alfonso Grau, la antigua mano derecha de Rita Barberá procesado en el 'caso Taula' e investigado en el 'caso Azud', se ha salvado de la condena por un delito de blanqueo de capitales a tres años y tres meses de prisión y de una multa de 25.095 euros. Aunque no se ahorra la condena de nueve meses y un día de prisión y de dos años y un día de suspensión de empleo y cargo público por un delito continuado de cohecho, según ha sentenciado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Los relojes de lujo afloran en numerosas investigaciones por corrupción en España. Grau es un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO, que ha registrado varias veces su vivienda en el marco de varios casos de corrupción que afectan al PP. Es uno de los principales investigados en el 'caso Azud' y está procesado en la pieza separada A del 'caso Taula' por la presunta financiación ilegal de las campañas municipales de Rita Barberá.

El primer auto de procedimiento abreviado del caso Taula ha llegado cinco años después de su estallido. La juez apunta a Marcos Benavent, Rafael García Barat o Juan José Medina.

La familia Lladró irrumpe de rebote dentro del caso Taula, concretamente en la pieza del pitufeo, la que investiga la presunta financiación irregular del PPCV de Rita Barberá, así como el blanqueo de cerca de 50.000 euros. En un escrito, el fiscal Anticorrupción solicita ampliar la información sobre la empresa Laterne, vinculada a unos pagos de 372.000 euros hechos a la fundación municipal Turismo Valencia, en un cruce de facturas anormal a ojos de los investigadores, pues en dicho cruce aparece Lladró.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau no ha abonado la fianza de un millón de euros que el magistrado le requirió para cubrir las posibles responsabilidades civiles en caso de condena, como investigado por un delito de malversación de caudales públicos en el caso Taula. Grau dispone ahora de diez días para cubrir la fianza con sus propios bienes.

El fiscal del Caso Valmor pidió a la juez que prolongara el secreto de sumario al encontrar correos de negocios de Laterne, la sociedad que están siendo investigada en el caso Taula por la financiación ilegal del PP de València

En un duro auto, el magistrado explica que "la asesora estuvo contratada y no ha podido demostrar que hiciera nada que justificara el sueldo recibido", y que lo que se hacía en Imelsa "eran prácticas de ejercicio del poder político caciquiles y clientelistas".

Las facturas de Laterne Product Council (LPC), la empresa encargada de la campaña electoral de Rita Barberá en el año 2007, y que Valencia Plaza entregó en Fiscalía han supuesto la puntilla para la principal investigada del caso, la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, y para el que fuera número dos de Barberá Alfonso Grau, al describir el juez un 'dopaje' electoral continuado desde, al menos, 2007.

Un auditoría interna elaborada por el Ayuntamiento de Madrid ha sacado a la luz transferencias de una fundación municipal por valor de más de 900.000 euros -con IVA- a una de las empresas de los recaudadores del PP de Valencia. Una Fundación vinculada a la concejalía de Ana Botella contrató con Thematica la fiesta de 'Oportunidades para el Mundo. El contrato coincide con el año de las 'mordidas' de la Mostra de Cine. Los recaudadores de Valencia facturaban con el PP de Madrid

Un informe de la Guardia Civil destaca el testimonio de José Estarlich Estela, testaferro de Marcos Benavent en una empresa 'pantalla' y yerno de un ex alcalde del PP valenciano. En su declaración como imputado, este empresario reconoció haber participado en la operativa de desvío de fondos públicos puesta en marcha por la trama.

Comisiones ocultas entre la facturación de empresas contratistas de la Administración y sociedades instrumentales que los presuntos recaudadores del PP valenciano controlaban ...

Esta Fundación de la Generalitat pagó azafatas para un Te Deum en la Catedral, servicios de catering, coctails, barbacoas para 300 personas en precampaña electoral o alquileres de coches de alta gama

El magistrado instructor de la operación Taula ha cumplido con “la orden” de la Audiencia Provincial de valencia y ha emitido un auto “echando al Ayuntamiento de Valencia de la causa”. Así, el recurso presentado por la concejal Beatriz Simón contra la posibilidad de que el consistorio actuara como acusación popular ha terminado fraguando y con el ayuntamiento fuera del caso.

Universo Selección, relacionada con Enrique Sospedra Barberá según se desprende de los audios del caso Taula, habría obtenido contratos valorados en cerca de medio millón de euros durante el mandato de la exalcaldesaLa cifra es incompleta porque en el consistorio no cuentan con datos de lo que cobró la mercantil en la Mostra de Cinema y porque la UCO investiga sociedades tapadera...

La empresa pública Impulso Económico Local SA (Imelsa) dependiente de la Diputación de Valencia se encuentra en el foco mediático desde el estallido de la Operación Taula, que investiga una presunta trama de corrupción en el citado ente y en la que se encuentra colaborando uno de los principales investigados, el exgerente de esta sociedad Marcos Benavent, conocido mediáticamente como el 'yonki del dinero'.

La abogada elegida por Barberá es Rita Corbín, hija de José María Corbín, el cuñado de la exalcaldesa que está siendo investigado por la fiscalía por hablar de pegar a su mujer. El hombre, que intentaba alejar a su esposa del supuesto delito de blanqueo que los investigadores de Taula atribuyen a medio centenar de miembros del Grupo Popular, declaró a la prensa: "Permitidme la licencia; si yo me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas. Ni ha dado ni se los ha pedido nadie". Unas palabras por las que luego se disculpó.

La Fiscalía europea (EPPO) contradice al fiscal español y decide entrar en la causa abierta contra Begoña Gómez. Los fiscales europeos están investigando, en concreto, las adjudicaciones realizadas a las empresas del empresario Carlos Barrabés, entre otras, por la empresa pública Red.es, después de que Gómez emitiera una carta de recomendación.

La Fiscalía confirma en el primer día del juicio de la pieza central que hay acuerdo: pedía 21 años para el guardia. El año y medio que solicitaba para otros tres acusados de la Operación Carioca finalmente se quedará en multas. La vista continúa este miércoles contra el otro guardia civil acusado, el único que no aceptó declararse culpable: están llamados cinco testigos.

Medel emite un comunicado en el que asegura que "una correcta información fortalece al Poder Judicial" y vuelve a pedir la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España

Dimite un concejal que fue detenido acusado de un presunto caso de violencia de género. Se trata de Rafael La Rubia, concejal de Sanidad y Consumo en el Ayuntamiento de La Carolina, y este lunes, tras hacerse público lo sucedido, el propio Partido Popular de La Carolina anunciaba a través de sus redes sociales, que deja el cargo de concejal "de forma voluntaria y por responsabilidad con sus compañeros del equipo de gobierno para dedicarse a su defensa".

Después de que el informe de la UCO sobre el Caso Begoña estrecha el cerco a Moncloa y lo peor de Sánchez aún está por llegar, que investiga el caso del PSOE en los contratos durante la pandemia, haya sido desvelado este viernes, en él se revela que la trama liderada por Víctor de Aldama desvió pagos ilegales a empresas del pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez, Elvas.