El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, juzgará a dos exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, además de al empresario Enrique Ortíz y a otros imputados por el llamado caso Brugal.

El 'caso Gürtel' no es el único frente judicial que tiene abierto Enrique Ortiz. El empresario se enfrenta a 17 años de prisión por el caso Brugal en el que se va a sentar en el banquillo junto con él expresidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel. El Ministerio Público les atribuye los delitos de cohecho, prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias y fraude. Relacionada con: www.meneame.net/story/empresario-enrique-ortiz-confiesa-financiacion-i

La Fiscalía Anticorrución acusa de delitos relacionados con la corrupción urbanística al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortíz y Ángel Fenoll en el escrito que ha presentado hoy por el llamado caso Brugal.

El Ministerio del Interior no apuesta por la Brigada de Blanqueo de Alicante, un grupo policial que acarrea sobre sus espaldas casi una treintena de investigaciones judicializadas relacionadas muchas de ellas con la corrupción, como el caso Brugal, cuya instrucción -sobre una trama política y económica con ramificaciones en toda la provincia y que se divide en 20 causas judiciales- acumula ya siete años de diligencias atascadas.

El exregatista olímpico y exconcejal del PP del Ayuntamiento de Alicante Francisco ‘Kiko’ Sánchez Luna ha sido condenado a 2 años, 9 meses y 1 día de cárcel por irregularidades en la adjudicación de instalaciones de telecentros en la zona norte de la ciudad, en 2009. Sánchez Luna, campeón olímpico en la clase 470 de vela en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, fue concejal de Alicante de 2007 a 2011, en la etapa como alcalde del popular Luis Díaz Alperi, imputado en la rama del caso Brugal sobre el presunto amaño del Plan General de Ordenación

El 19 de enero se tendrá que sentar ante el juez por dejar sorda a una mujer supuestamente de un golpe; y hoy su nombre aparece relacionado con el ‘caso Brugal’. Es diputada autonómica y su participación en las próximas elecciones pende de un hilo pese a contar con el pleno apoyo de Fabra

La diputada del PP en Les Corts Valencianes Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, ha asegurado este jueves entre sollozos que se paga su vivienda y ha reivindicado que es “una persona normal”, que se compra la ropa en tiendas de oportunidades y en rebajas, y que no gasta lo que no tiene.La diputada se ha pronunciado así tras publicarse que el promotor Enrique Ortiz dio a su padre 174.000 euros en octubre de 2008 para pagar la vivienda que ella tenía en Alicante,

El instructor de la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en la urbanización del barrio de Rabasa, mantiene la legalidad de las escuchas telefónicas que desvelaron esta causa, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie definitivamente sobre este asunto. En esta pieza separada del Brugal están imputados, entre otros, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el empresario y constructor Enrique Ortiz, el gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de ese área.

El caso es que toma la palabra, Manolete, Manolete… Acusa una ronquera que pretendía ser reflejo de campechanía y, sin embargo, con el tiempo es más una flema de poder, una flema autosuficiente, una flema con convicción igual que la de Rita Barberá. La Castedo no es de las que intenta escupir el moco por la mañana, es más de restregarse la cara con la toalla sin arrepentimientos.

Radio Alicante ha tenido acceso a las grabaciones del causa sobre el Plan Rabasa, vinculado al caso Brugal. "Tres parcelas. Tíntamelas de azul" declaraciones de Enrique Ortiz a Sonia Castedo en el Plan Rabasa, caso Brugal

El vicepresidente primero de las Cortes valencianas, Alejandro Font de Mora, --que en la tarde de este miércoles ha ejercido las funciones de presidente de la cámara por la ausencia de Juan Cotino-- ha expulsado del pleno a la diputada de Compromís Mireia Mollà al hacer referencia al 'caso Brugal'. Los otros cinco parlamentarios de la coalición han abandonado la sesión con ella.

Juan Luis Cano se pregunta por qué Rajoy no quería hacerse una foto con Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, imputada por el caso Brugal, con "lo mona que es". Pero, claro, según está la Comunidad Valenciana, el periodista no cree que veranee ni en Cullera ni en Gandía...

La empresa Inusa, participada por el presunto cerebro de la trama 'Brugal', ha sido la única que se ha presentado para optar a la adjudicación de limpieza urbana y recogida de basuras de Alicante, un contrato que supera los 400 millones de euros (IVA incluido) para los próximos 12 años.La oposición en bloque considera que se ha hecho un "traje a medida" del contratista. al limitar la puntuación de criterios objetivos. Todo depende de la valoración subjetiva de los técnicos, algo que ya ha decantado otras adjudicaciones a Ortiz.

La alcaldesa de Alicante había solicitado la anulación en la pieza separada que investiga el Plan General de Ordenación Urbana. En un auto del 8 de febrero, el TSJCV rechaza por tercera vez anular los autos dictados en las diligencias previas por el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela (Alicante), por los que se acordaba, prorrogaba y ampliaba la intervención de las comunicaciones telefónicas integradas en esta causa.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, declaró ante el instructor del caso Brugal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ella "personalmente" intentaba "mover los curriculum" recogidos en la bolsa de empleo municipal entre los grandes empresarios de la ciudad, y en este contexto, reconoció que había solicitado a Enrique Ortiz --imputado en la causa--, y a otros grandes empresarios, empleo para varias personas, porque consideraba que era una de sus "obligaciones" como primera edil.

Mientras hoy comparece ante los tribunales la Alcaldesa de Alicante y su antecesor imputados por graves delitos, la dirección Provincial del PP se carga las alecciones internas del PP de la ciudad para evitar una candidatura renovadora que exigía honestidad a los cargos públicos. ¡Manda huevos!

La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, declarará como imputada el próximo 19 de octubre ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por supuestos delitos relacionados con el planeamiento urbanístico de la ciudad, una de las piezas separadas del caso Brugal.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha afirmado que "espera y desea" ser imputada en la causa que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en la pieza separada del 'caso Brugal', porque de lo contrario, no podrá "defenderse ante un juez ni dar explicaciones" con las que, según ha asegurado, "en 10 minutos" podría demostrar su inocencia.Relacionada:www.meneame.net/story/tsjcv-investigara-pgou-alicante-implica-castedo-

El juez que instruye la rama del Brugal relativa a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está previsto que eleve hoy la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), al considerar que puede haber delito en algún político aforado. Fuentes judiciales han informado a EFE de que el juez de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha citado hoy a los abogados personados en esta pieza separada del Brugal para entregarles el auto de elevación al TSJCV.

Javier Llorens, técnico urbanista colaborador del promotor Enrique Ortiz, ha declarado está mañana al juez que los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante que tenía en su poder el empresario correspondían al planeamiento vigente, el de 1998, y no el nuevo documento que se comenzó a redactar a partir de 2008. Llorens ha comparecido, en calidad de testigo, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante que instruye la pieza del "caso Brugal" sobre un supuesto amaño del nuevo PGOU en favor de Ortiz.

La trama de corrupción conocida como ‘caso Brugal’ (Basuras Rurales Gestión Alicante) mantiene imputados a altos cargos del PP en Alicante. El juez cree que los millonarios contratos para tratar las basuras eran obtenidos por empresarios a cambio de favores a políticos. Ahora, la policía ha descubierto que parte de esas basuras se enterró ilegalmente durante al menos tres años en tierras de cultivo de la provincia con el consiguiente riesgo para los vecinos, al más puro estilo de lo que hace la Camorra en Nápoles.

Sobre restos sanitarios, fragmentos de aparatos electrónicos, plásticos o vidrios se pueden ver árboles de cítricos que, por su tamaño, deben de llevar más de cinco años plantados sobre montañas de basura. En otros puntos de la pedanía la basura es menos evidente a la vista, pero no al olfato. Se intentará determinar si las aguas subterráneas que acaban en el río Segura o en El Hondo puedan estar contaminadas, o incluso que los gases que emana la basura sean perjudiciales para la salud.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha validado las escuchas policiales que descubrieron las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, asunto en el que el fiscal implica a la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, del PP.

El nombramiento como directora territorial de Urbanismo en Alicante de Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, implicado en la rama del caso Brugal sobre presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General alicantino, no sólo no es estético para el PSPV, sino que además fue "irregular"

La Fiscalía europea (EPPO) contradice al fiscal español y decide entrar en la causa abierta contra Begoña Gómez. Los fiscales europeos están investigando, en concreto, las adjudicaciones realizadas a las empresas del empresario Carlos Barrabés, entre otras, por la empresa pública Red.es, después de que Gómez emitiera una carta de recomendación.

La Fiscalía confirma en el primer día del juicio de la pieza central que hay acuerdo: pedía 21 años para el guardia. El año y medio que solicitaba para otros tres acusados de la Operación Carioca finalmente se quedará en multas. La vista continúa este miércoles contra el otro guardia civil acusado, el único que no aceptó declararse culpable: están llamados cinco testigos.

Medel emite un comunicado en el que asegura que "una correcta información fortalece al Poder Judicial" y vuelve a pedir la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España

Dimite un concejal que fue detenido acusado de un presunto caso de violencia de género. Se trata de Rafael La Rubia, concejal de Sanidad y Consumo en el Ayuntamiento de La Carolina, y este lunes, tras hacerse público lo sucedido, el propio Partido Popular de La Carolina anunciaba a través de sus redes sociales, que deja el cargo de concejal "de forma voluntaria y por responsabilidad con sus compañeros del equipo de gobierno para dedicarse a su defensa".

Después de que el informe de la UCO sobre el Caso Begoña estrecha el cerco a Moncloa y lo peor de Sánchez aún está por llegar, que investiga el caso del PSOE en los contratos durante la pandemia, haya sido desvelado este viernes, en él se revela que la trama liderada por Víctor de Aldama desvió pagos ilegales a empresas del pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez, Elvas.