El exconseller Rafael Blasco ha sido condenado a una pena de 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público -que ya no ocupa- como responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de fraude a la Administración en el marco de la quinta pieza del caso Cooperación, por el amaño de contratos informáticos.

Tres de los acusados en el último juicio del caso Cooperación han alcanzado una conformidad con la Fiscalía por la que admiten su participación en los hechos y aceptan penas de alrededor de un año de prisión. Se trata del empresario Tauroni , la que fuera secretaria general de la Conselleria de Cooperación Tina Sanjuán y el exjefe de servicio de informática Javier Mucia. El exconseller Rafael Blasco, ha rechazado pactar, por lo que el juicio sigue adelante. Anticorrupción reclamaba provisionalmente para él dos años y ocho meses de cárcel.

Aseguran que habiendo reconocimiento de los hechos no es necesario celebrar el juicio pero que las acusaciones insisten en celebrarlo buscando el escarnio de sus defendidos en un juicio paralelo.

El Tribunal de Cuentas ha embargado 59.000 euros de tres condenados en el Caso Cooperación, entre ellos, el exconseller y exportavoz del PP en les Corts Valencianes, Rafael Blasco, y ha transferido esta cantidad a la Generalitat Valenciana dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.

El nuevo juicio deriva de la investigación sobre el fraude en las subvenciones a ONG y en los fondos para construir un hospital en Haití –las piezas 2 y 3 del caso–, en la que junto al exconseller están acusados el empresario César Augusto Tauroni, el exjefe de Cooperación del Consell, Marc Llinares, y otras 21 personas. La Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat Valenciana y la Coordinadora de ONGD reclamaron hasta 170 años de prisión en total.

La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha abierto juicio oral contra el exconseller de Cooperación Rafael Blasco y contra otras 23 personas por el fraude de más de 8 millones de euros de los fondos públicos de la cooperación valenciana. La magistrada finaliza la investigación que ha durado casi ocho años y reclama a los acusados que devuelvan subsidiariamente 8,2 millones que debían haber ido a proyectos en Nicaragua, Perú, Paraguay, Haití o Guinea y que acabaron en empresas, apartamentos en Miami y un yate.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano pone en oferta pública parte de una casa y dos pisos de los responsables de la fundación que compró unas oficinas en Valencia con los fondos de sendas subvenciones de ayuda a Nicaragua.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana solicita más de 170 años de cárcel para los 21 procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación por posibles irregularidades en subvenciones a ONG y la construcción de un hospital en Haití que habrían cometido como "grupo criminal".

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del 'Caso Cooperación' --2 y 3-- en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití.

El Juzgado de Instrucción número 21 de València, que instruye dos piezas separadas del conocido como caso Cooperación, ha formado una pieza más sobre la supuesta trama de amaño de contratos por servicios informáticos en la que incluye como investigado al exconseller Rafael Blasco, actualmente en prisión.

La Fiscalía Anticorrupción solicita la retirada del pasaporte para la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar y su hijo artista, Rafael Blasco Ciscar, alias Rablaci, por presuntas irregularidades que se están investigando en el museo en la época de gestión de la exresponsable de la institución cultural.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investigar el uso que hizo el empresario Augusto Tauroni de un ordenador portátil que le intervinieron en la cárcel valenciana de Picassent, donde se encontraba cumpliendo condena -seis años de prisión- por el caso Blasco, relacionado con el fraude en subvenciones de la Generalitat Valenciana.

Hay dos apuntes contables por valor de 5.000 euros, en concepto de estudios y trabajos técnicos, a nombre de Luis Fernando Castel Aznar, imputado en el caso Blasco. Castel Aznar era el evaluador externo de los proyectos de Cooperación que se proponían a la conselleria que dirigía Rafael Blasco y que “ha acabado formando parte de la larga lista de imputados de este caso lamentable y vergonzoso”.

Se trata del segundo aplazamiento en el alto tribunal para pronunciarse sobre la causa por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua y por la que Blasco fue condenado a ocho años de prisión, junto con otros ex altos cargos del Consell.

Gestionan gastos, claves de seguridad y tramitan expedientes patrimoniales. Suman más de 20 años de inhabilitación por prevaricación o malversación de caudales.

Considera la fiscalía anticorrupción que hubo malversación no sólo en el momento de la concesión de las ayudas, sino que se prolongó durante el desarrollo del proyecto. Si prospera el recurso la pena de prisión a Blasco podría incrementarse hasta los 14 años.

Subsidiariamente, el ministerio fiscal ha reclamado el pago de dos millones de fianza, durante la vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre medidas cautelares que, a petición de la propia Fiscalía, se debería aplicar tanto sobre el exconseller como para otros seis acusados.

Creo que nadie podrá negar que habrá un antes y un después del miércoles 28 de mayo de 2014 cuando, a las 9:15 de la mañana, en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se conocía la noticia de la condena a 8 años y un día de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta a Rafael Blasco Castany.

El grupo Esquerra Unida de Les Corts Valencianes ha colocado un cartel con esa frase en el escaño del exconseller de Solidaridad y actual diputado no adscrito, Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación.

Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha elevado a definitiva su petición de 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exconseller de Solidaridad y actual diputado No Adscrito Rafael Blasco por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental, en la pieza del 'caso Cooperación' relativa a las ayudas a la Fundación Cyes.

“Lo de los pisos era muy escandaloso. Era mucho dinero para gastar aquí cuando de normal no se puede comprar ni un ordenador, y mucho menos unos pisos. Era una cosa absolutamente irregular”, explicó en el Tribunal Superior una de las técnicos que rechazó que la Fundación Cyes pudiera recibir las subvenciones. Como otros funcionarios y cargos intermedios, fue expulsada de la consejería que dirigía Blasco tras oponerse a su decisión.

Rafael Blasco ha vuelto a pinchar en hueso con la magistrada que ha instruido el saqueo de fondos públicos que salieron de su Conselleria. Pía Calderón se reafirma y sigue adelante con su intención de abrirles juicio a él y al resto de imputados en la trama que desvió el dinero destinado a las ONG.

El socio del contratista, el arquitecto, el exalcalde de Aller y el asesor del Montepío coinciden en pedir el sobreseimiento por «falta de pruebas»

Blasco recibe a Valencia Plaza en un señorial despacho de la calle Roger de Lauria, en el centro de la ciudad. Se reconoce incomprendida porque, dice, el problema de las viviendas turísticas es "complejo" de entender. En la entrevista, lamenta la "discriminación" del sector frente a otros negocios que ejercen en viviendas

La Fiscalía europea (EPPO) contradice al fiscal español y decide entrar en la causa abierta contra Begoña Gómez. Los fiscales europeos están investigando, en concreto, las adjudicaciones realizadas a las empresas del empresario Carlos Barrabés, entre otras, por la empresa pública Red.es, después de que Gómez emitiera una carta de recomendación.

La Fiscalía confirma en el primer día del juicio de la pieza central que hay acuerdo: pedía 21 años para el guardia. El año y medio que solicitaba para otros tres acusados de la Operación Carioca finalmente se quedará en multas. La vista continúa este miércoles contra el otro guardia civil acusado, el único que no aceptó declararse culpable: están llamados cinco testigos.

Medel emite un comunicado en el que asegura que "una correcta información fortalece al Poder Judicial" y vuelve a pedir la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España

Dimite un concejal que fue detenido acusado de un presunto caso de violencia de género. Se trata de Rafael La Rubia, concejal de Sanidad y Consumo en el Ayuntamiento de La Carolina, y este lunes, tras hacerse público lo sucedido, el propio Partido Popular de La Carolina anunciaba a través de sus redes sociales, que deja el cargo de concejal "de forma voluntaria y por responsabilidad con sus compañeros del equipo de gobierno para dedicarse a su defensa".