Los ejecutivos del cártel de consultoras o el de comunicaciones ferroviarias, últimos sancionados hasta ahora, han pedido suspender las multas o bloquear la prohibición de contratar con la Administración; ya hay casos de reincidentes y Competencia ha pedido elevar las sanciones sin éxito. ¿Son disuasorias las actuales sanciones a personas físicas? Hay dudas. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha abogado por elevar drásticamente su importe.

Las 13 empresas en el foco por posible práctica colusoria con la entidad dependiente del Gobierno vasco han recibido 192 millones en miles de contratos del ente público vasco. Este caso guarda muchas similitudes con el llamado “cartel de consultoras”.

Asier Atutxa fichó por PriceWaterHouseCoopers (PwC) en 2019, tras cinco años como Presidente de la Autoridad Portuaria. La consultora ha recibido casi 300.000 euros en dos contratos para dirigir los planes estratégicos del ente público. El último está en fase de formalización.

La consultora multada por cártel Uliker, integrada en PKF Attest, fue creada por el ex vicelehendakari Jon Azua y está gestionada por Iñaki Azua, su hermano. En PFK Attest trabaja como consultor Javier Barcala, hermano de Ricardo Barkala, Presidente del Puerto de Bilbao. Rel: menea.me/24310

EH Bildu advierte de que que una de las consultoras sancionadas por la CNMV se ha hecho con un contrato de 96.800 euros después de renunciar a otro de 18.090. La Diputación de Araba rechaza esta versión. «Se ha licitado y abierto los pliegos. A partir de ahí se hace una propuesta de resolución».

Prácticas contra la competencia, confianza ilegítima, manipulación de contratos y puertas giratorias en la Autoridad Portuaria

EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox habían coincidido en señalar la responsabilidad de la Administración vasca por las decenas de adjudicaciones irregulares detectadas en el expediente de la CNMC. Rel: menea.me/23ao4

meses antes de que registraran sus sedes. Para que el nepotismo permee las instituciones, tal y como ha sucedido en relación al Cartel Zona Norte denunciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), todo tiene que estar bien engrasado. Las relaciones entre los ofertantes; quienes pactan el valor de las ofertas a fin de romper el criterio de libre competencia, se reparten contratos o conocían las adjudicaciones días antes de que la invitación oficial fuera realizadas, son más que cordiales. Si bien el expediente…

Esta cifra, equivalente a un 20% de la sanción de la CNMC, revela la enorme dependencia sobre las firmas multadas y la escasa voluntad de asumir la prohibición de contratar con ellas que sobrevuela la sentencia

Alguien se entretendría demasiado acabando de pasar un plan de pruebas, y no llegó a tiempo...

Dos empresas que han sido condenadas por montar un cártel en la industria de defensa para repartirse millones de euros en contratos públicos han creado en el último año una sociedad pantalla en común para seguir optando y ganando licitaciones. Las empresas en cuestión son Cohemo y SDLE (Star Defense Logistics & Engineering), dos contratistas habituales del Ministerio de Defensa en los últimos años.

Los delincuentes se ponían en contacto con las víctimas para proponerles un acuerdo y controlar el precio de compra de palés. En caso de que las víctimas se negaran, sufrían amenazas e incluso les incendiaban sus negocios. El total de los daños asciende a aproximadamente 600.000 euros, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La entidad bancaria ha contratado los servicios de Acento Public Affairs, la consultora fundada por el exministro de Fomento, para defender su OPA al Banco Sabadell

Un pueblo de Segovia advierte en un cartel a los turistas que el mundo rural puede ser algo ruidoso y sigue sus propias rutinas. "Entras bajo tu propio riesgo", advierten. Las ilustraciones y el texto que acompañan al cartel avisan de que en el pueblo se pueden escuchar gallos, campanas, cencerros y tractores. "Si no puedes soportarlo estás en el lugar equivocado", señala la advertencia.

El 14 de mayo, Osakidetza formalizó un contrato por 5.082.000 € para externalizar otra parte de los “servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones de gestión”. El procedimiento de adjudicación se restringió a una sola empresa, Deloitte, sancionada en 2021 por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC): tuvo que pagar unos 4 millones por prácticas colusorias contra la administración pública, entre ellas Osakidetza, que ahora justifica no disponer “de personal cualificado, ni personal suficiente, para las acciones enmarcadas”.

La noche de este jueves, un grupo de hombres armados ejecutó a seis personas entre ellas a Lucero López Maza, candidata a la presidencia municipal de La Concordia, por el Partido Popular Chiapaneco (PPCH), Los hechos, según la Fiscalía General del Estado de Chiapas, se dieron en el marco de “un enfrentamiento entre civiles armados durante un acto de campaña política con la presencia de la candidata a la Presidencia Municipal de La Concordia, por el Partido Popular Chiapaneco.

La responsabilidad del cartel pedófilo era del Ayuntamiento de Almería con el PP. Sin embargo, hoy Teodoro León Gross inicia la máquina del fango en Canal Sur con bulos para culpabilizar a Irene Montero. Lamentable lo de la TV pública en Andalucía con Juanma Moreno. Tremendo.

No han tardado en aparecer medios de derechas como ABC y La Razón (este último en un tuit que rectificó después) y tuiteros de la fachasfera culpando al Ministerio de Igualdad. ¿Cómo es posible? La campaña estaba financiada con los fondos reservados a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por lo que tenía el logo de ese ministerio. La disculpa para volver a cargar contra Igualdad estaba servida.

Se acusa al cartel de promover un presunto mensaje pederasta. Desde el Gobierno han pedido su retirada

Jorge Luis Boada Valdés, para quien la Fiscalía pedía 15 años de cárcel, deberá pasar al menos la mitad de la pena interno