El empresario y su número dos, recién absueltos, acusan al exjuez, el exfiscal y los policías de Blanqueo de 23 delitos por su actuación durante la instrucción del caso

Bartolomé Cursach comenzó su trayectoria como recogepelotas y acabó siendo presidente del Real Mallorca y de dueño de las míticas discotecas BCM, Tito's y Pachá. Ahora está imputado por una presunta trama de favores dirigida a mantenerse en la cúspide.

Informes policiales apuntan a un presunto montaje articulado para sostener la existencia de un entramado mafioso alrededor de Bartolomé Cursach

Bartolomé Cursach es el ‘rey de la noche mallorquina’. Con locales de ocio nocturno como Megapark en Palma y BCM en Magaluf, Cursach lleva desde los años 80 constituyéndose como el dueño de la noche mallorquina. Según testigos, Cursach es una persona que “se cree con derecho a todo. Tenía mucha gente comprada y utilizaba sus contactos para hacer daño a el que quería”. Uno de estos testigos denunció en 2007 a Cursach aunque perdió el juicio. Ahora, 11 años más tarde, se ha abierto una causa contra Tolo Cursach y le dan la razón al testigo que le

Constantes seguimientos, pintadas amenazantes o insultantes en la puerta de su domicilio, un vehículo quemado, maniobras que buscan desacreditarle... Son algunos de los hostigamientos que el juez Manuel Penalva, que instruye el caso Cursach, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ante estos hechos, el órgano judicial ha admitido a trámite este jueves la petición de amparo del magistrado, que actualmente es titular del juzgado nº 12 de Palma. En el escrito que Penalva presentó ante el CGPJ, el juez denunció

Reseñamos Malaherba la adaptación que Bartolomé Seguí ha realizado de la novela de Manuel Jabois que nos trasladaba a un barrio del extrarradio de Pontevedra a principios de los noventa. Edita Salamandra Graphic.

Centenares de personas se adentran en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, a diario. El desértico paisaje se ha convertido en uno de los favoritos por los turistas para disfrutar de las puestas de sol. Sentados en los médanos más altos para gozar de unas mejores vistas, muchos de los visitantes desconocen las nefastas repercusiones que esta acción, en principio inocente, tiene para la Reserva.

El Tribunal Superior balear sentencia al magistrado Penalva y al ex fiscal Subirán por delinquir en su investigación contra Cursach, agentes de policía y un ex político del PP

Tres agentes de la Policía Nacional también han sido condenados. Penalva, por un delito de omisión de perseguir un delito de revelación de secretos, en grado de continuidad delictiva, se le impone una pena de dos años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Al fiscal Miguel Ángel Subirán se le condena como responsable de un delito de omisión de perseguir un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación.

Todos pasaron un infierno durante el 'caso Cursach' y finalmente fueron absueltos o sus casos sobreseídos

El comisario Juan Márquez, de la Policía de Palma, ha declarado como testigo de la Fiscalía Anticorrupción, intentando apuntalar las acusaciones que él mismo y su compañero Juan Palomo armaron contra el juez Penalva, el fiscal Subirán y cuatro antiguos agentes de la Unidad de Blanqueo. Las acusaciones contra los seis acusados, para los que la Fiscalía pide casi 600 años de prisión, se sustentan en los informes de 'los Juanes'. Los letrados de los acusados han hecho ver las inconsistencias, errores, y especulaciones incluidos en dichos informes.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) celebrará a partir del lunes el juicio contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro funcionarios de la Policía Nacional de Palma que investigaron el denominado caso Cursach . La Fiscalía Anticorrupción considera que Penalva y Subirán, como principales responsables de la instrucción del caso Cursach, son responsables de los delitos de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia.

Cinco de los 14 agentes y mandos de la Policía Local de Palma de Mallorca juzgados por constituir una mafia policial al servicio del magnate Cursach y que finalmente fueron exonerados con el apoyo de la Fiscalía reclaman más de dos millones en indemnizaciones. La prueba de cargo en la que se escudan podría ser anulada. El día 5 de junio comienza en el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears el juicio contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y cinco agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional.

La fiscalía reclama para los seis procesados más de 500 años de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial cometidos durante el tiempo que estuvieron al cargo de una de las investigaciones más controvertidas de los últimos años en las islas. La fiscalía los acusa de cometer hasta 27 presuntas filtraciones de datos a medios de comunicación, que publicaron después la información en forma de noticia.

La absolución de todos los policías y funcionarios del Ajuntament de Palma imputados en el ‘caso Cursach’ le costará al Consistorio una cifra cercana a los seis millones de euros

El fiscal, que será enjuiciado en unos meses y para el que la Fiscalía pide 121 años de prisión por presuntos delitos de revelación de secretos y detenciones ilegales, aporta un audio en su escrito de defensa que incide en la campaña de descrédito en su contra, propagando un policía un bulo sobre un procedimiento por pederastia. El juez Penalva y el fiscal Subirán han recibido todo tipo de amenazas, seguimientos, allanamiento de sus domicilios, robos y campañas difamatorias en buena parte de la prensa local.

"En poco más de 100 años desaparece el 90% de la población, desaparecen más de 50 millones de personas. Empiezan las conquistas y van acompañadas de hambrunas", explica Antonio Piqueras, responsable de la Cátedra de la Unesco Esclavitud y Afrodescendencia en la Universidad Jaume I. "A una población que tradicionalmente se dedicaba a la agricultura se le pide que trabaje en minas y ríos buscando oro y se produce una desnutrición que favorece que los nuevos patógenos llevados por los españoles les afecten mucho más", añade el historiador

La empresa Jaifer Events SL ha tramitado la solicitud para registrar a su nombre de la marca 'Maspalomas Pride By Freedom'. La iniciativa, de la que no tenía conocimiento el Ayuntamiento ha molestado seriamente al gobierno local que ha presentado un escrito de oposición. La empresa que lo registra es la misma que ha estado organizando el Orgullo Gay en los últimos años y con la que la corporación local colabora estrechamente.«Nos parece un gesto impropio, porque ni siquiera se nos ha avisado ni pedido autorización» dice la edil de Turismo.