Cinco meses de acoso en casa, parte durante el fin del confinamiento. Una familia burgalesa de etnia gitana, con cuatro hijos menores de edad, sufrió entre mayo y septiembre de 2020 persecución por parte de sus vecinas de abajo. La madre y sus dos hijas, que les gritaban “hijos de puta” y “gitanos de mierda” entre otros insultos, ahora han aceptado tres meses de cárcel por un delito de coacciones con el agravante de la motivación antigitana.

Emilio Salazar, fundador de la asociación Kali Yag, en Paterna, lleva años acompañando al Congreso a diputados como Ismael Cortés (Unidas Podemos) para conseguir lo que se aprobó este viernes, una reforma del Código Penal para castigar el antigitanismo. Salió con el apoyo de todos los partidos menos Vox. El último informe de la Agencia Europea para los Derechos fundamentales (FRA) alerta de que «casi la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea (el 46 %) se sentirían incómodos si tuvieran personas gitanas como vecinos».