Las autoridades ucranianas emitieron hoy una orden de busca y captura contra el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Alexandr Tupitski, que estaba siendo procesado por "delitos contra la Justicia".

Quedan 21 días para que expire la fecha que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de abril para renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva en funciones tres años y medio por el bloqueo del Partido Popular y que, debido a la última reforma impulsada por el gobierno, no puede hacer nombramientos. Ese día, el 12 de junio caduca el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Dos elegidos a propuesta del gobierno de Mariano Rajoy y otros dos a propuesta del órgano de gobierno de los jueces.

Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. Esta máxima es de total aplicación al problema que puede enfrentar el Tribunal Constitucional (TC) en los próximos meses, cuando en junio deba renovar a cuatro de sus miembros de los que dos corresponde designar al Gobierno y otros dos al Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

Una mujer obligada a desnudarse en comisaria, otra que denuncia una agresión de la Policía y un recluso que alega que mientras llevaba grilletes los funcionarios le pegaron. Son tres casos que en las últimas semanas el Alto Tribunal ordena investigar a fondo, amparando así a los denunciantes.

Rel.: www.meneame.net/story/italia-mas-cerca-legalizar-eutanasia-lleva-canna /// El Tribunal Constitucional de Italia ha tumbado este martes un referéndum sobre la eutanasia y lo ha tildado de "inadmisible" porque no protege la vida humana en general y con especial referencia "a las personas débiles o vulnerables". Según los jueces del Tribunal Constitucional, "no se preservaría la defensa mínima constitucionalmente necesaria de la existencia humana", tal y como recoge el diario 'La Repubblica'.

Lo sucedido ayer por el diputado Alberto Casero no es algo común. El Tribunal Constitucional falló entonces a favor de una diputada socialista que no pudo votar durante el Pleno del Parlamento vasco convocado para debatir el dictamen del proyecto de ley de presupuestos generales del País Vasco del año 2005 porque no le funcionó el sistema electrónico de votación.

El exdirigente de Podemos Alberto Rodríguez ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Supremo que le condenó por dar una patada a un policía nacional sin que quedara probado –el Alto Tribunal le condenó con la declaración del agente como única prueba acusatoria– durante una protesta en La Laguna (Tenerife). La condena del Supremo provocó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le retirara su acta de diputado.

"Con las recusaciones se perdió la unanimidad, con votos particulares que serán utilizados por los condenados en sus recursos a Europa". No obstante, no cree que esté en juego la imparcialidad e independencia de la Justicia española porque "el TC está aplicando la Constitución". "Después, si Estrasburgo considera otra cosa, encantado de la vida, cada uno tiene su función", afirma.

Insisten en la nueva resolución en presentarnos el giro que han dado a su doctrina sobre las recusaciones ―que algunos verán como una voltereta― como una consecuencia lógica que siempre tuvo que ser así pero que nunca lo fue. No lo fue con Pérez Tremps, cuya recusación sirvió para alterar las fuerzas y tumbar el Estatut, o no lo fue cuando se aceptaron las abstenciones voluntarias de Cándido Conde-Pumpido y de Antonio Narváez. Ahora sí.

El PP no se da por vencido y continuará pleiteando contra el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general pese al revés que recibió el pasado mes de octubre en el Tribunal Supremo, que inadmitió su recurso y el impulsado por Vox contra esta designación por falta de legitimación activa de ambas formaciones para reclamar sobre este asunto. Fuentes jurídicas de la formación confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que llevarán el asunto al Tribunal Constitucional tras agotar la vía en el Supremo

Dopesick' no juega con medias tintas, sin prisioneros, no ofrece salidas. Una serie de Disney+, el 'kraken' del capitalismo mundial de entretenimiento, ha ejercido la denuncia más salvaje del ultracapitalismo estadounidense y certificado el fin del optimismo de los listos es sin duda un punto a favor para ese país. www.elconfidencial.com/cultura/2021-12-29/dopesick-disney-opiaceos-adi

El Tribunal Constitucional avaló el uso del decreto ley para aprobar la reforma laboral en un auto de 2014 cuyo ponente fue el hoy dirigente 'popular' y consejero de Isabel Díaz-Ayuso, Enrique López.La herramienta del decreto ley utilizada por el actual Gobierno de coalición ha sido uno de los aspectos criticados este martes por el presidente del PP, Pablo Casado, ya que, a su juicio, el marco laboral debe regularse con un proyecto de ley.

El Tribunal Constitucional avaló el uso del decreto ley para aprobar la reforma laboral en un auto de 2014 cuyo ponente fue el hoy dirigente 'popular' y consejero de Isabel Díaz-Ayuso, Enrique López.

La mayoría conservadora del TC acabará previsiblemente en siete meses, porque en junio de 2022 se deben renovar otros cuatro magistrados: dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros dos nombrados por el Gobierno. Con estas dos últimas incorporaciones se invertirá el equilibrio de fuerzas en el máximo tribunal de garantías, pasando de la composición actual de siete magistrados conservadores frente a cinco progresistas a justamente la inversa.

Enrique Arnaldo ya conoce su primera tarea en el Tribunal Constitucional: será el encargado de elaborar un proyecto de sentencia sobre la ley del aborto. Su encargo también incluye la ponencia acerca del recurso presentado por el PP en 2010 contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Según el Registro de la Propiedad, el nuevo magistrado del Constitucional posee 10 viviendas, 5 locales, 8 plazas de garaje y una finca urbana, y todo ello sin hipotecas, libre de cargas. Seis de esos bienes los recibió en herencia.

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en la "independencia" y el "reconocido prestigio profesional" de los candidatos propuestos por su partido para ser magistrados del Tribunal Constitucional. Un día después de que el Congreso validara sus nombramientos, ha salido a la luz una información que vincula a Casado con el juez Enrique Arnaldo, cuando el ahora jefe del partido consevador estudiaba Derecho.

La polémica sobre la elección de estos magistrados seguirá abierta porque podrían ser recusados posteriormente en los juicios de este alto Tribunal por sus posicionamientos partidistas. Sin embargo, el PSOE y el propio presidente, Pedro Sánchez, tendrán que refrendarlos con sus votos, se felicitan por el acuerdo y, dicen, que cada partido es responsable de los nombres elegidos. ¿Cómo?

Enrique Arnaldo, candidato propuesto por el Partido Popular como magistrado del Tribunal Constitucional mediante el acuerdo con el Gobierno para la renovación de las instituciones, dedicó al menos una veintena de artículos de opinión entre 2008 y 2014, siendo letrado de las Cortes, a arremeter contra el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que abandonó La Moncloa a finales de 2011.Estas piezas publicadas en El Imparcial con su firma constituyen una recopilación de ataques a Zapatero mediante sentencias de este tipo: El legado es patético...

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra una ley aprobada por la Generalitat de Cataluña en 2020 y que afectaba al IRPF al considerar que invade competencias propias del Estado. Suponía una rebaja de ese impuesto a las rentas más bajas.

El punto 62.K precisa que no serán compatibles con “la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones”. Arnaldo, según el sumario del caso Palma Arena, fue imputado por recibir un supuesto trato de favor del Ejecutivo balear del popular Matas, al que escribió en 2008 para proponerle un negocio:“No te olvides tampoco de mí para los temas jurídicos que puedan surgir”.

La Comunidad de Madrid prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto "a dedo" de parte de los fondos europeos. Lasquetty critica el reparto "a dedo" realizado por el Ejecutivo y asegura que Trabajo reservó parte de este paquete para destinarlo "sin criterio ninguno" a País Vasco, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana.