Este domingo, las urnas arrebataron a Vox 19 escaños, privando al partido de Santiago Abascal de dos herramientas que durante la última legislatura han sido claves para su papel en la oposición. 33 asientos en el Congreso de los Diputados no serán suficientes para permitir que el partido presente recursos de inconstitucionalidad ni mociones de censura.

Hace siete años, dos usuarios de Menéame calificaron a un político, que gastó 14.600€ en un mes en su factura de teléfono con dinero público, como “hijo de puta” y “ladrón”. Decidimos no retirar esos comentarios por diversos motivos. Más allá de los formalismos legales, teníamos una motivación clara: ¿no debería prevalecer la libertad de expresión sobre otros derechos en casos de conductas reprobables por parte de políticos, especialmente cuando existe un fallo judicial al respecto? En otras palabras, no estamos ante un caso de invención o des

El tribunal avala la condena impuesta a Menéame, que difundió insultos contra un concejal de Marbella por gastar en un mes 14.600 euros con un teléfono del ayuntamiento. […] En su texto, un usuario anónimo calificaba al concejal de “hijo de puta” por los gastos del teléfono que le había proporcionado el ayuntamiento malagueño, y otros mensajes le llamaban «ladrón de toda la vida» o «ladrón» a secas.

El tribunal de garantías entiende que su despido del Banque Chaabi du Maroc por manifestarse en defensa de los ciudadanos del Valle del Rif vulneró su libertad ideológica.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la Ley Municipal de la CAV porque permite a los ayuntamientos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa actuar íntegramente en euskera y vulnera "de forma injusta" el "equilibrio lingüístico". Critica la opción "a favor" del euskera, que considera contraria a los derechos lingüísticos

El tribunal avala la condena impuesta a Menéame, que difundió insultos contra un concejal de Marbella por gastar en un mes 14.600 euros con un teléfono del ayuntamiento

La recuperación del delito de sedición ha sido un mantra del PP desde que en noviembre, para aprobar los presupuestos de 2023 Pedro Sánchez cedió a las pretensiones.

El tribunal de garantías considera que se ha vulnerado el derecho a la integridad física y moral de la recurrente y reconoce la responsabilidad patrimonial de la administración

Un servicio público de salud no puede negar el derecho al aborto a una mujer, tampoco con una derivación a una clínica privada y menos en otra comunidad autónoma. Así lo ha establecido el Constitucional en una sentencia en la que da la razón a una mujer de Murcia que reclamó abortar en un hospital público y tuvo que ir a una clínica privada en Madrid porque médicos de Cartagena no recomendaron practicar el aborto. Según relató la interrupción del embarazo en una clínica privada fue traumática entre gritos de colectivos ultra y anti abortistas.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha dejado para más adelante la toma de cualquier tipo de decisión sobre los efectos del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que condenó el 22 de junio pasado a España porque el máximo tribunal de garantías inadmitió el recurso de amparo que interpusieron en 2020 seis magistrados de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. La cercanía del proceso electoral induce a pensar que los magistrados dejarán que pase para no interferir.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reprochado al Tribunal Constitucional (TC) que desestimara un recurso de seis jueces españoles que denunciaban el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (,). Los seis presentaron su candidatura en el 2018 para formar parte de este órgano. Según el TEDH, la "falta de justificación" en su decisión a pesar de "la evidente importancia, aparente novedad o rareza legal de los aspectos" planteados por los denunciantes. Justamente,

Las protestas sociales de los pueblos originarios en Jujuy, no son una reacción a la Reforma Constitucional. Sino exactamente al revés, la Reforma Constitucional es la reacción del gobierno, a la auto-organización y defensa creciente de las comunidades originarias en sus territorios.

El derribo del resort de lujo de Isla de Valdecañas, en Cáceres, tendrá que esperar. El Tribunal Constitucional ha decidido paralizar de forma cautelar la demolición de este complejo ordenada por el Tribunal Supremo y retrasar la entrada de la maquinaria, al menos, hasta que resuelvan todos los recursos y dicten sentencia sobre el fondo del asunto.

El PP hace cálculos con el calendario porque si se aprueba el 26 de julio, tres días después de las generales, la ley del regadío quedaría suspendida a instancias del Gobierno en funciones.

El Tribunal Constitucional de Moldavia ha declarado inconstitucional al partido prorruso Shor al considerar que habría roto los principios de pluralidad política que recoge la Carta Magna moldava. El fallo no puede ser impugnado. El fallo ha sido anunciado este lunes por el presidente del Constitucional, Nicolae Rosca, tras más de un mes de consultas y deliberaciones. El proceso se inició después de una demanda del actual Gobierno, según ha recogido la agencia de noticias moldava Moldpress. Durante estas sesiones se han presentado pruebas qu

Indica que las ganancias inmobiliarias ya reciben un trato preferencial y desestima la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Acuerda la suspensión cautelar de la norma que obligaba a los mayores discapacitados bajo tutela de la Comunidad de Madrid, a disponer de una autorización judicial para recibir la ayuda a morir. El requisito no era exigible para quienes pudieran permitirse una atención privada. En su recurso, el Gobierno alegó que esta disposición del ejecutivo de Ayuso infringe hasta 4 artículos de la Constitución al vulnerar las competencias del Estado sobre legislación civil y procesal, por establecer requisitos procesales y civiles para el ejercicio de la…

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Junta de Extremadura que regula el aprovechamiento de las minas de litio de la comunidad y que garantiza "que las reservas de litio (extremeñas) se exploten, en todo su ciclo, dentro de su territorio". El objetivo de la norma Extremeña es que el beneficio industrial se quede en Extremadura, algo a lo que el Gobierno central se opone.