El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que confiere al Tribunal Supremo la última palabra sobre las restricciones contra el coronavirus que se adopten a partir del 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma. A partir de entonces, las comunidades propondrán las medidas y el Supremo decidirá, en última instancia, si pueden restringir derechos fundamentales. El Ejecutivo, por tanto, deja en manos de autonomías y jueces el control de la pandemia, y argumenta que no prorrogará la alarma porque "sería poco razonable"