Un gobierno de minoría de izquierda gobierna España. Pero el PP conservador y el VOX de extrema derecha determinan la dirección de los tribunales. El poder judicial español tiene un problema. Muchos lo perciben como completamente politizado. Durante años, jueces cercanos al conservador Partido Popular (PP) o al ultraderechista VOX han tenido mayoría en los tribunales superiores más importantes y en el Consejo de la Judicatura (CGPJ), el órgano autónomo del poder judicial. Aunque los dos partidos principales acordaron cubrir cuatro puestos en la

Para proteger la privacidad del condenado, el Poder Judicial suele recurrir a la lista de reyes godos y reemplazar el verdadero nombre en las sentencias por otro histórico como Segismundo o Regismundo o reinas medievales como Urraca. La idea es que nadie lo confunda con uno real y se pueda dar por aludido. Al cambiar el nombre por el de Plácido a nadie se le ocurrió que, en una plantilla de 300 conductores de Vitrasa, pudiese haber un chófer que se llamase igual. Pero dio la causalidad de que así fue.

El mensaje es claro: si un policía te mira, quítate de su camino porque puede impunemente propasarse contigo o acusarte de un delito inventado. Y los jueces lo van a proteger.

La prisa de la ciudadanía, del Gobierno e incluso de la oposición para renovar el Poder Judicial ha entrado en conflicto de intereses con los paleontólogos, que han pedido esta semana en un comunicado que no se renueve todavía la cúpula judicial porque están apareciendo unos esqueletos interesantísimos.

El 94% de los jueces en prácticas declara no tener familiares directos dentro del sistema judicial y un 30% manifestó carecer de cualquier tipo de vinculación con el sector jurídico. Los aspirantes a juez se ven obligados estudiar bajo la dirección de un preparador (que cobra unos 150 euros al mes) durante al menos cuatro años. Esto supone que, “al final, solo aprueben los mejores de entre aquellos que pueden permitírselo”. Y “que la población con menos recursos, normalmente más progresista, no se esté viendo representada en el Poder Judicial".

Hoy, gracias a cuatro diputadas que a veces pueden ser más útiles que cinco ministros, los cientos de miles de parados de más de 52 años que hay en España pueden respirar aliviados porque no se van a recortar sus pensiones. El ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz había elaborado un Real Decreto-ley que rebajaba la cuota a la Seguridad Social que aporta el Estado por los parados de más de 52 años del 125% de la base mínima al 100% en cinco años. Podemos se opuso firmemente a este recorte social sobre uno de los colectivos más vulnerables...

(...) La más relevante en cuanto a la consecución de los votos necesarios en el Congreso es que la cartera de Díaz cede al planteamiento de Podemos y de los sindicatos y mantendrá en el 125% la cotización a aplicar sobre la base mínima de las personas que perciben el subsidio de mayores de 52 años. El texto anterior rebajaba esta cotización al 100%, lo que redundaba en un recorte en la pensión de personas cercanas a la edad de jubilación. (....)

El exministro de Hacienda recibió información sobre decisiones de la jueza: "Ha emitido diversos oficios en los que solicita la aportación de la cuenta de tesorería del PP en diversas localidades. Entre hoy y mañana se procederá a entregar estos oficios”, especifica un correo.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Catarroja se vió obligado a sobreseer actuaciones contra 6 presuntos narcos por el intento de secuestro de un camionero en 2020 al intentar recuperar un alijo de 1.860 kg de cocaína que entró por el puerto de València. El juez instructor declaró nulas todas las pruebas contra estos 6 procesados, entre los que hay un Policía Nacional de la unidad antinarcóticos (Udyco) que presuntamente facilitaba información a la organización, al reconocer que las actuaciones se hicieron tras el plazo máximo de instrucción.

La principal novedad es que no se va a contar, para nada, con el parecer de las asociaciones judiciales conservadoras las cuales han sido beligerantes con la izquierda y a las que se consideran responsables del bloqueo del CGPJ por parte de la derecha conservadora durante cinco años y medio por la postura maximalista que mantienen tendente a que sean los jueces los que designen a los vocales en elección directa. Se manejan otras alternativas parecidas a las vigentes en los países europeos.

Santiago Pedraz abrió la puerta el pasado mes de febrero a que un juzgado investigue las maniobras policiales contra la formación y su huella en los medios de comunicación utilizados para difundir bulos. La guerra sucia del Gobierno de Rajoy se apoya en tres vértices: el original, conocido como la Operación Catalunya, las maniobras contra Podemos, y la operación Kitchen para sabotear la investigación judicial de la caja B del PP. Solo los dossieres contra la formación de izquierdas había quedado fuera de una investigación judicial.

Apenas 150 guardias civiles pusieron en jaque al narcotráfico en el Sur de España. Quizá por eso, cuando el Ministerio del Interior decidió a principios de 2022 desmantelar el Órgano Coordinador de Operaciones contra el Narcotráfico, más conocido como OCON Sur, hubo brindis con champán en el lado oscuro de la frontera. El OCON se creó en 2018 para intentar recuperar el vilipendiado principio de autoridad y sus números fueron espectaculares.

El batacazo que sufrieron en las pasadas elecciones Sumar y Podemos en Euskadi ha empujado a cargos y militantes de ambas formaciones a impulsar una asamblea alternativa con el objetivo de superar la «división suicida» que se vive en el espacio de «la izquierda federalista plurinacional». El objetivo de la cita, que se celebrará el sábado 11 de mayo en Bilbao, es abrir un «periodo de reflexión» y «rectificación conjunto» tras los comicios europeos del 9 de junio.

Madre ha sido despojada de la patria potestad de su hija de diez años, enviada a un centro de menores. Distintas voces, todas ellas de madres o familiares de menores que tienen que efectuar entregas de sus allegados en el Punto de Encuentro de Pontevedra, se han puesto en contacto con este periódico para formular su disconformidad con lo que allí sucede. "Se llevan a los niños por la fuerza", señalan.

Plantea habilitar la mayoría absoluta reforzada y reduce la capacidad de la Cámara Alta a elegir solo cuatro miembros en vez de ocho.