Podemos Aragón pedirá en las Cortes de Aragón la creación de un registro de casas vacías, con el fin de poderlas incluir en la bolsa pública de viviendas y para las que incluso se podría estudiar la posibilidad de imponer un impuesto con el que financiar planes de vivienda.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) comunicó el jueves la resolución.

Comunicado de PAH’s madrileñas y grupos de vivienda tras la primera reunión con la concejalía de Equidad, Bienestar y Asuntos Sociales. Sí se puede… con medidas más ambiciosas y protagonismo de las de abajo.

“Muchas autoridades en España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo”. España tiene únicamente un 1,1% de viviendas sociales. Está sólo por delante de Grecia. Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). La escasa inversión en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014. Además España concentra cerca del 30% de todas las viviendas vacías que hay en Europa. Es difícil encontrar una violación de derechos humanos tan extendida.

La cultura del ladrillo ha impedido que haya compromiso político hacia este tipo de iniciativas para solucionar uno de los principales problemas del país: el acceso a una vivienda digna. Las personas socias (usuarias) pagan un alquiler no lucrativo a la cooperativa para poder usar indefinidamente la vivienda, pero no tienen la propiedad, que recae en colectivo.

Os pido que imaginéis una situación. Una persona, frente a una puerta cerrada y un manojo de llaves. La persona va probando las llaves una a una, hasta que una de ellas hace girar el bombín y abre la puerta. Entonces, la persona escoge otra de las llaves. ¿Raro? Pues os propongo otro caso. Imaginaos la Constitución de cierto Estado imaginario que dice...

Amnistía Internacional (AI) es un movimiento de defensa de los derechos humanos, independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. No aceptamos financiación de Gobiernos nacionales ni donaciones de partidos políticos.

El Parlamento vasco aprueba la norma impulsada por el PSE, que garantiza el derecho a la vivienda. El texto ve la luz con el apoyo de EH Bildu y UPyD y en contra del criterio de los partidos que dirigen los gobiernos central y vasco.

“La vivienda en Madrid, al alcance de todos”. Así se titula el artículo que la exalcaldesa Ana Botella se firma hoy en la páginas del ABC y en el que presume de que la capital ha sido “la primera en aplicar medidas innovadoras para reducir la exclusión a través de la vivienda”. “Los madrileños cuentan con un amplio patrimonio público de viviendas a disposición de quienes más lo necesitan”, destaca la popular.

Aurora, de 27 años, está desempleada y vive con sus dos hijas, de 7 y 2, con unos ingresos mensuales de 560 euros: 460 de la renta mínima de inserción y 100 de pensión alimenticia. Hace un año y medio ocuparon un piso vacío propiedad de Bankia en el barrio de Carabanchel de Madrid. Aurora ha intentado, sin éxito, negociar con Bankia la paralización de su desahucio y un alquiler social. Bankia vendía “con oferta”, a través de su inmobiliaria Bankia Habitat, el piso que ocupaban Aurora y sus hijas, mientras ellas estaban dentro.

"Nada no digo nada mi niño tiene 11 años avisto esto y me adicho papa todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda y k le digo... escrivo mal perdoname". Este es el comentario dejado por Juan Carlos Vélez Cano en la cuenta de Facebook de la PAH con la etiqueta #RebecaSeQueda, mientras esperaba la llegada de la Policía que iba a desahuciarles.

No todo en esta vida es alquilar o comprar. Hay otras formas de acceder a una vivienda, como es a través del desconocido “derecho de uso”. Se trata de un modelo habitacional más asequible que está ampliamente desarrollado en los países nórdicos y que en España comienza tímidamente a desarrollarse. La cooperativa Sostre Civic es la pionera en levantar viviendas donde el cooperativista no compra la vivienda ni tampoco la alquila, sino que lo que hace es pagar una cuota mensual más económica por ser usuario de la casa de manera indefinida.

A menudo se encuentra uno con gente que alega que la Constitución es papel mojado porque hay un montón de artículos que no se cumplen. Se suelen citar artículos como el 39, que dice que el estado ha de asegurar la protección de la familia y los hijos o el 47, el que dice que los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Y no es así.

El Parlamento vasco aprobará en los próximos meses una Ley de Vivienda que garantizará el acceso a la vivienda, como un derecho exigible ante los tribunales de justicia, a las personas con escasos ingresos que no puedan disponer de un piso en el mercado libre. La ley, que penalizará con un canon y establecerá el alquiler forzoso para pisos vacíos, saldrá adelante con el apoyo del PSE, EH Bildu y UPyD, que harán valer sus 38 escaños frente a los 37 que suman el PNV y el PP, partidos que rechazan el texto.

No todo en esta vida es alquilar o comprar. Hay otras formas de acceder a una vivienda, como es a través del desconocido “derecho de uso”. Se trata de un modelo habitacional más asequible que está ampliamente desarrollado en los países nórdicos y que en España comienza tímidamente a desarrollarse. La cooperativa "sostre civic" es la pionera en levantar viviendas donde el cooperativista no compra la vivienda ni tampoco la alquila, sino que lo que hace es pagar una cuota mensual más económica por ser usuario de la casa de manera indefinida.

Este medio día, trabajadores de Iberdrola han acudido al barrio de Errekaleor (Gasteiz) para cortar la luz en los edificios ocupados por jóvenes y gente sin recursos. Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la policía donde han agredido a los alli presentes evitando el corte.

El derecho a la vivienda en España no se cumple. Como todo conflicto, genera sus contradicciones, pero también deja claro quién está al lado de quién.

A la hora de alquilar una vivienda, son muchos los que tienen dudas. ¿Es obligatoria la fianza? ¿Se puede negociar la actualización de la renta mensual? ¿Quién paga las reparaciones? Con la entrada, en 2013, de la última LAU, muchas reglas cambiariaron. Los inquilinos saben ya cuáles son sus derechos y obligaciones, pero ¿y los propietarios?

En los últimos años, miles de viviendas, locales y solares han ido a parar a manos de grandes fondos buitres. Esta concentración inmobiliaria se está produciendo de manera opaca y está alterando radicalmente el panorama de nuestras ciudades y barrios. Es fundamental que los poderes públicos actúen no cómo comensales en este silencioso festín sino como auténticos garantes del derecho a la vivienda y a ciudades diversas e inclusivas. rel: www.meneame.net/m/actualidad/admitida-denuncia-contra-botella-vender-v

Nueve madres solteras ocuparon hace más de dos años un inmueble, conocido como la Corrala de las Luchadoras. La Corrala será legalizada y las madres obtendrán alquileres sociales por no más de 180 euros, con la ayuda de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía. En medio AEDE goo.gl/paaTdb

El Gobierno mantiene las constantes que generaron la burbuja inmobiliaria. El gasto público en vivienda se sitúa en el 0,7% del PIB. “Este gasto es dos y tres veces inferior al que tienen otros países de nuestro entorno, pero aún más grave es la estructura que ese gasto público tiene en nuestro país”. Esto se ha traducido en que “en los últimos diez años se han destinado 53.000 millones de euros a desgravaciones por inversión en vivienda, frente a la práctica inexistencia de subvención al alquiler o a la vivienda pública”.

La PAH declara una “cuenta atrás para tumbar la ley hipotecaria” y pide a los jueces que declaren nulos los procedimientos.

El auto del TSJA establece que el realojo estuvo "inducido por el mandato judicial de proveer lo necesario para el realojo de familias con menores o en riesgo de exclusión social", y agrega que las resoluciones administrativas que le han dado cobertura "no están inspiradas por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial".

La paciencia se agota en Valdebebas. Desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarara nulo el 18 de junio el proyecto de reparcelación del barrio, son decenas las familias que tienen paralizadas sus licencias de obra y no pueden ocupar sus casas por un lío judicial y burocrático ajeno a ellos y que les afecta de pleno.

Las PAHs catalanas, la Alianza Contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC presentan la ILP al Parlament para reivindicar que el ejecutivo catalán tiene competencias para actuar en materia de vivienda. Ahora a nivel autonómico con una iniciativa legislativa popular de "Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética" que presentan en el Parlament de Catalunya conjuntamente con la Alianza Contra la Pobreza Energética y el ObservatorioDESC. ilpcatalana.afectadosporlahipoteca.com/text-ilp [ca]

Cantabria fue la comunidad autónoma donde más se encareció el precio de la vivienda en junio, un 17% respecto al mismo mes de 2023, cuando de media en España lo hizo un 4,3%, según informa este lunes el Consejo General del Notariado.

Pues nada, suerte en la formación, gracias Marlaska y Sánchez por no poner ningún reparo en que los nazis descerebrados de este tarao se ocupen de amaestrar en valores a las FFOO. El PSOE "nos salvará" de la extrema derecha, tu ya ves.

La vivienda en Lisboa es un 62% más cara que en Madrid. Y tras Lisboa, la segunda ciudad más cara de Portugal es Oporto, con apenas la mitad de los habitantes que la capital (215.000) pero con unos precios que superan los 3.560 €/m2 y que aún superan los de Madrid, al igual que sucede también en la ciudad de Funchal, en la Isla de Madeira (3.500 euros).

Manifestantes de extrema derecha incendiaron un vehículo y un edificio en el centro de la ciudad de Sunderland, en Inglaterra, la noche del viernes 2 de agosto. Tres policías resultaron heridos y ocho personas fueron detenidas tras los disturbios. Las fuerzas del orden se preparan para más movilizaciones este sábado en diferentes puntos de Reino Unido.

Ibiza, Andrach, Donostia y Zarauz. Estos son los municipios son los más caros en las zonas costeras de España. Así, en estos sitios los precios llegan a superar los 6.000 euros por metro cuadrado, tal y como revelan los datos publicados este martes 1 de agosto por el portal inmobiliario Fotocasa. Eso sí, estas cantidades no se replican en todas las zonas costeras españolas. En localidades como Marín, Pontevedra o Burela los precios de la vivienda se ubican, incluso, por debajo de los 1.000 euros por metro cuadrado, siendo así las más baratas en

Unidas Podemos ha solicitado al Gobierno de España que declare el estado de alarma para solucionar la "sangría" que, según critica la formación, vive la isla por el problema de la vivienda. Así lo ha anunciado en un comunicado, donde ha afirmado que ha presentado dos escritos para pedir la intervención del Gobierno central y aplicar la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

El mismo piso en la capital cuesta hoy 80.000 euros más que antes de la crisis sanitaria, y en el mercado del alquiler, experimenta el segundo mayor incremento. La tendencia de los precios alcistas en Málaga comenzó antes de la irrupción de la crisis sanitaria, pero si se acota el periodo entre el verano de 2019 y el actual, se observa un crecimiento del 49% en el precio de la compraventa de este tipo de inmuebles en la capital.

Es el resultado de la colaboración público-privada que tanto gusta a los gobiernos central y autonómicos. Dinero y suelo publico para que fondos buitre abusen de las inquilinas.

El experto señala la falta de regulación y conocimiento como factores clave en la crisis habitacional actual, y aboga por la necesidad de pactos políticos a largo plazo para enfrentar el problema.

Romana, camarera y actriz, paga 799 euros de alquiler al mes en Madrid por un piso de 20 metros cuadrados. "Vivo en la peseta", lamenta en directo desde el plató de laSexta Xplica. Así, cuenta que se ve obligada a dejar el piso al romper la relación con su pareja. "Sola no puedo pagar ese piso", añade. La joven asegura que las declaraciones del resto de jóvenes son una prueba de que "el futuro está súper negro".