Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que plantea que las sociedades o personas que sean titulares de medios de comunicación audiovisuales, de radio o de prensa escrita o digital, o que posean al menos el 10%, estén obligadas a presentar una declaración de bienes e intereses. También deberán hacerlo quienes presenten o conduzcan «programas informativos o que traten de actualidad política». El partido que lidera Ione Belarra propone que esas declaraciones sean depositadas en un registro de intereses.

Muchas veces a la Unión Europea le crecen los enanos; el último, Georgia, que se ha desatado en protestas, divisiones y movilizaciones tras aprobar una ley de injerencia extranjera que le acerca a las políticas de Moscú, que ha sumido al país en la inestabilidad y que, sobre todo, le aleja como país candidato a la adhesión de su entrada -o acercamiento incluso- al bloque comunitario. Ucrania, en guerra, copa todos los focos, pero lo que pasa en Georgia no es el signo de calma y avance que necesita la Unión para 'abrazar' a los países

Cuando Pedro Sánchez logró la investidura y anunció una amnistía, el juez Manuel García-Castellón reactivó una causa que llevaba cuatro años inerte en su despacho. Y acabó atribuyendo un delito de terrorismo a 12 personas. Temerosos de acabar en prisión, cuatro de ellos se instalaron en Suiza solos, lejos de su círculo más cercano (con la excepción del diputado, que vive con su pareja) y se sienten, digan lo que digan, exiliados.

Batalla campal en el Parlamento de Taiwán: un diputado roba un proyecto de ley y sale corriendo Intercambio de golpes entre los tres principales partidos, DPP, KMT y TPP, en mitad de una inédita disputa por una reforma parlamentarias El incidente ocurre días antes de que el presidente electo, William Lai, asuma el cargo sin mayoría legislativa en la Cámara tras proclamarse vencedor en los comicios de enero.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anuncia que el Gobierno también va a regular las plataformas digitales que se usan para contratar empleadas del hogar y personal de ayuda a domicilio.

Una ley estatal de 1973 en Misuri que obliga antes de pedir el divorcio a revelar si la esposa está o no gestando. Los expertos concuerdan que fue diseñada para proteger a madres e hijos (“para garantizar que se estableciera la custodia y manutención y que el padre no pudiera simplemente marcharse”), pero que en la práctica lleva a que mujeres no puedan disolver legalmente su matrimonio mientras estén embarazadas. Una legislación que se repite en otros estados de EE.UU. (Misuri, Arkansas, Texas, Arizona) que cada vez más voces piden reformar.

“Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”. Este es el artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad de 1986. Y a ese artículo hay que volver, en palabras de los colectivos que han estado luchando contra el Real Decreto 16/2012 de Rajoy que supuso un recorte en el acceso universal a nuestro sistema.

"Hacer ley el lema que tanto han repetido en años de lucha las mareas blancas: la sanidad pública no se vende, se defiende". Ese es el espíritu, en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, de la futura norma de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Cuando vea la luz verde pondrá "coto", añadió, al "lucro incesante de las diferentes formas de gestión" sanitaria y dará a su vez "carpetazo" a la normativa que hasta ahora había permitido el "beneficio obsceno" de las empresas privadas.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid teme que la nueva ley que ha impulsado la ministra de Sanidad, Mónica García, de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud liquide un modelo «consolidado» que «viene funcionando de una manera eficaz y eficiente». Para el Ejecutivo de Ayuso, los «principales perjudicados» de esta nueva legislación van a ser los pacientes y ha mostrado su «estupor» porque se haya puesto en marcha sin consultar ni consensuar con las comunidades autónomas, que son las encargadas de la gestión sanitaria

El Parlamento de Georgia aprobó hoy la ley "sobre transparencia de actividad de agentes extranjeros", pese al rechazo de miles de manifestantes, oposición y representantes de países occidentales: la comparan con una norma rusa que se aplica para silenciar la disidencia política. Todas las organizaciones no gubernamentales y medios que reciban más del 20% de su presupuesto de otros países tienen la obligación de registrarse anualmente como agentes de influencia extranjera. La UE considera que puede ser un impedimento en su candidura de adhesión.

El proyecto de ley ampliaría el acceso a la sanidad a todos los migrantes residentes en España, aunque estén en situación irregular.

Minutos antes de que arrancara en la Cámara Alta el pleno por el que los populares impondrán su mayoría para aprobar el veto a esta norma -devolviéndola a la Cámara Baja para que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo levanten y se apruebe definitivamente, los letrados del Congreso han vuelto a rechazar, a través de un informe jurídico, la nueva petición del Senado para anular anule la tramitación de la norma.

"Esta ley va a poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 y se da vía libre al lema de 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'", ha expresado, en declaraciones en los medios que han tenido lugar en el marco del 'I Foro de Salud Pública. Una salud a futuro', organizado por la Fundación para la Investigación en Salud.