Se podría haber archivado el caso sin más. Pero una jueza ha querido dejar constancia del intento de utilización de la Justicia por parte del fondo buitre Vauras. En palabras de la magistrada, la querella se hizo por “fines ajenos a los del procedimiento penal”, para obtener el “efecto mediático que supone involucrar a un político” en una causa penal pese a conocer que la exalcaldesa no tuvo “ninguna participación” en los hechos denunciados, “simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda” del mandato de los comuns.

Así lo ha expresado el senador popular José Antonio Monago, apuntando que la inclusión de ese párrafo en el auto, posteriormente "extraída por el Supremo", fue el que provocó "la caída del Gobierno de Rajoy".

Este hilo se expanderá como el universo De momento, pequeño recopilatorio del bochorno cloaquero Empezaremos con esos que presumen de cazar "bulos" mientras los difunden como un aspersor de mierda....

Ayer se confirmó que el caso Neurona contra Podemos era un lawfare de libro: ni pruebas, ni testigos, ni indicios siquiera ... que apuntaran a un delito por parte de la cúpula de la formación morada; nada en tres años de portadas, tertulias y ataques virulentos contra personas honradas e inocentes que van mucho más allá de los dirigentes de Podemo

Diciembre de 2019. Un abogado, José Manuel Calvente, acude a un cuartel de la Guardia Civil para denunciar un rosario de irregularidades contables del partido político que acababa de despedirle. Podemos, que en ese momento negociaba su entrada en el Gobierno con el PSOE, vio cómo un juzgado de Madrid abría una matrioshka judicial llamada caso Neurona que no dejaba de crecer hasta que, tres años después, ha quedado archivada. El magistrado Juan José Escalonilla, señalado por Podemos como un artífice del 'lawfare', ha dictado el sobreseimiento.

A las instrucciones desproporcionadas contra la izquierda y los independentistas se suma la insistencia del juez de la Audiencia Nacional en no investigar a Cospedal o Rajoy en el caso Kitchen y a las masivas exculpaciones de cargos del PP madrileño en las causas de corrupción Púnica y Lezo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene el mandato caducado desde hace cinco años, reitera su "rechazo a las referencias al lawfare" y avisa de que estará "vigilante", en "defensa de la independencia judicial", a las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la Operación Catalunya. En un comunicado hecho público este martes, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces insiste en el posicionamiento que aprobó el pasado 9...

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, coincide con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que el bloqueo para la renovación del CGPJ podría interpretarse como una muestra de 'lawfare', si bien, considera que hay otros ejemplos "mucho más claros", como el conocido como 'caso Alsasua': "Si esos chavales hubieran sido de Cádiz, no habrían entrado en la cárcel", ha dicho.

"En España no hay un problema de separación de poderes, hay un problema de secuestro de un poder judicial por manos del PP", destaca el presidente del Gobierno.

Esas operaciones, según las investigaciones abiertas por los tribunales, no estuvieron ni controladas, ni ordenadas ni autorizadas por ningún juez; en muchos casos fabricaron pruebas falsas que difundieron a través de medios de comunicación afines al PP y que judicializaron sin lograr en la mayoría de los casos que prosperasen en los tribunales.

La jueza que investigó en primer lugar las causas del fallecimiento de un ciudadano francés en el Aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 archivó el caso al constatar que se trató de una muerte natural por infarto sin relación con las protestas de ese día organizadas por Tsunami Democràtic. La conclusión de la jueza que vio en primer lugar el caso se suma a la de los forenses que practicaron la autopsia, a los servicios de Emergencias que atendieron al hombre y a los Mossos d'Esquadra, y supone un revés a la tesis del juez de la Audien

El Congreso da el primer paso para crear las comisiones de investigación para examinar la existencia del supuesto 'lawfare' que exige Junts per Catalunya. PSOE y Sumar han avalado este martes en la Mesa de la Cámara Baja, con el voto en contra del PP, remitir la creación de ambas comisiones al pleno para debatir su constitución, en una fecha aún por determinar. Tanto Junts como ERC condionaron sus votos para que Francina Armengol se hiciese con la Presidencia del Congreso, el pasado 17 de agosto, a la creación de ambas comisiones.

La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, de archivar la pieza sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011 para los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González. La sección cuarta de lo Penal ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE este martes, en el que desestima el recurso que interpuso la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) contra el auto de pase a procedimiento abreviado (eq

El Tribunal Supremo ha anulado este martes el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala, la categoría más alta de la carrera. El tribunal ha atendido, en parte, el recurso del que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas y candidato a la misma plaza, Luis Rueda, al apreciar "desviación de poder". La desviación consiste en "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico" y se le atribuye al sucesor de Delgado y actual fiscal general, Álvaro García Ortiz.

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) ha aprobado una declaración institucional en la que proclama la inexistencia del 'lawfare' y alerta de que “sustraer la Justicia de los tribunales independientes e imparciales, y romper las condiciones de plena igualdad de todas las personas, supone una inadmisible vulneración de los Derechos Humanos”.

Ocurre cada cierto tiempo: un individuo, generalmente de la clase política, profiere una palabra que, estrictamente hablando, no pertenece al vocabulario del español en el sentido de que no aparece en el diccionario de la RAE. Y comienza la encarnizada lucha entre aquellos que consideran el uso de nuevos términos un oprobio a la pureza del español y los que defienden que la inserción de nuevos vocablos enriquece nuestra lengua.