Esa comisión rogatoria permaneció oculta -sin proveer a las partes- según dijeron fuentes judiciales a EL PERIÓDICO, en el despacho de Lamela durante dos años. Esas mismas fuentes apuntan a una funcionaria que ejercía de “jefecilla” en el juzgado central de instrucción número 3 que actuaba por encima de la secretaria del mismo. La defensa de Sandro Rosell solicitó hasta tres veces a la magistrada Lamela una copia de la comisión rogatoria procedente de EEUU. Pero los funcionarios del juzgado y la propia magistrada contestaron que los documentos

Una sentencia del juzgado de primera instancia de San Sebastián avala el cobro de 510 euros por parte de un restaurante a un cliente que hizo una reserva para tres personas, para finalmente no presentarse ni cancelar la misma. La noticia ha sido aplaudida por el sector, pues sienta un precedente de cara a combatir el fenómeno conocido como no show, que supone un daño notable para los negocios de hostelería.

El viernes pasado Matthew J. Kacsmaryk, un juez federal de Amarillo, Texas, dictó una resolución prohibiendo la venta de mifepristone, un medicamento utilizado para inducir abortos. La orden judicial no entrará en vigor hasta el viernes de esta semana, para permitir que el departamento de justicia, si así lo desea, la recurra a una instancia superior. Todo lo que rodea este caso es extraordinario, empezando por lo increíblemente radical que es la orden del juez y su interpretación de la ley.Imagen - DALL-E.Subscribe nowUna (...)

Una empresa ha sido condenada a abonar casi 50.000 euros por la extinción de un contrato a causa de retrasos en la nómina.

La Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía concluye que la factura, de 26.200 euros, que el cofundador de Podemos emitió a Neurona por trabajos que hizo para la consultora es auténtica. La Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha podido demostrar, al fin, que la factura de 26.200 euros emitida por Juan Carlos Monedero a la consultora Neurona es auténtica y no es un contrato simulado, como creía el juez Juan José Escalonilla, del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, cuando abrió la pieza secreta para el cofundador de Podemos, en s