El juez que instruye el caso sobre la venta de viviendas sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo buitre tomará declaración a Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño y María Concepción Osacar Garaicoechea, dueños de Azora Gestión, la empresa que está detrás de la adjudicataria del contrato de los 2.935 inmuebles, Encasa Cibeles. La venta se formalizó en 2013, cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid.

La petición de la comparecencia como testigo de José María Aznar Botella en el proceso que se sigue por la operación de venta de paquetes de vivienda pública a fondos buitre por parte de la Comunidad de Madrid no ha sido desestimada por el titular del juzgado de instrucción, aunque, por el momento, no procederá a citarle. En cambio, sí lo hará con los responsables de Azora, una de las adjudicatarias, así como con Juan Van Halen, ex director general de Ivima, que ha sido además imputado.

Los planes del Ayuntamiento de Salamanca para 2016, cuando prevé gastar casi 3,5 millones de € en la construcción de viviendas para la venta, contrastan con la realidad inmobiliaria de la capital. Tras la explosión de la 'burbuja inmobiliaria', la provincia quedó con un stock importante de construcciones residenciales nuevas sin vender que no ha logrado diluir y del que hay un importante remanente. Sin embargo, el equipo de Gobierno ha decidido abrir de nuevo el grifo a los constructores.

Desde 1950 hasta la década de 1980, el gobierno francés construyó proyectos de vivienda pública de gran altura para dar cabida al éxodo rural y la afluencia de inmigrantes. Hoy en día, estos edificios colosales y sus residentes, están olvidados (y cuando son recordados, a menudo son estigmatizados) de la historia de la ciudad. Muchos de estos gigantescos proyectos están en mal estado, y tienen programada su demolición.

La cola para un contrato de alquiler de primera mano en Estocolmo es ahora tan larga que un político sueco está tratando de incluír a la ciudad en el Libro Guinness de los Récords en 2016. El premio de "lista de espera más largo del mundo" probablemente no es uno que funcionarios de la ciudad les haga especial ilusión, pero si un político opositor Partido Liberal consigue inscribirla,la crisis de vivienda de Estocolmo marcará la capital nórdica un lugar en la próxima edición del famoso libro. Traducción en #0

“Muchas autoridades en España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo”. España tiene únicamente un 1,1% de viviendas sociales. Está sólo por delante de Grecia. Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). La escasa inversión en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014. Además España concentra cerca del 30% de todas las viviendas vacías que hay en Europa. Es difícil encontrar una violación de derechos humanos tan extendida.

Amnistía Internacional publica un nuevo informe en el que insta a la Administración Pública a paralizar los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos. Los desahucios han sido el mejor ejemplo de cómo la crisis económica se ha cebado, desde su inicio en 2008, con las clases medias y bajas del país. Sólo entre 2012 y junio de 2014 se han llevado a cabo un total de 97.557 ejecuciones hipotecarias de viviendas principales en España. Si se abre la horquilla y se elimina la condición de vivienda princi

El 22 de mayo se publicitaron cuatro operaciones para subastar parcelas por 11 millones que se resolverán con el nuevo equipo de Gobierno. Los terrenos están diseñados para vivienda protegida y de mercado libre, tanto en régimen colectivo como casas unifamiliares. Madrid convoca concursos también a última hora para la gestión del mobiliario urbano durante 12 años y la compra de cascos para la Policía .

Gesnova Gestión Inmobiliaria, la empresa en la que es consejero el hijo de José María Aznar y Ana Botella y de la que fue presidente Juan Manuel Hoyos Martinez De Irujo, íntimo amigo de infancia del expresidente del Gobierno, es promotora de vivienda pública para jóvenes en la Comunidad de Madrid (CAM). Así se puede apreciar en el propio portal de vivienda de la comunidad autónoma, que aporta la relación de viviendas para jóvenes pendientes de adjudicar junto al promotor de cada vivienda.

En España, la llamada “protección oficial” no es otra cosa que el diferencial de interés que un banco cobra a las personas que compran una vivienda calificada como “protegida” frente a otra en el mercado libre. Es un sistema de redistribución de la riqueza en el que el Gobierno negocia con los bancos para que rebajen una parte del porcentaje de interés. Esa parte la pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Estamos hablando de dinero público. Ese que escasea. Habrá que elegir entre compra o alquiler. No hay dinero para ambas a la vez.

El abogado de la asociación denuncia que la venta no se hizo a la mejor oferta y recalca que adjudicación de las 1.850 viviendas fue hecha por la EMVS al fondo Magic Real Estate Blackstone, aunque la adquisición fue hecha por Fidere. Sumando a los supuestos puntos oscuros de esta transacción el hecho de que “intervinieran comisionistas que se llevan dos millones de euros”. Añade el letrado que también se vendieron a Fidere unas 50 plazas de garaje y unos 25 locales que no estaban previstos, “lo que se hizo sin oferta pública”.

la parcela está valorada en 2,9 millones de euros, coste equivalente de las 36 viviendas de promoción pública", y de un proyecto "justo". El regidor compostelano, por su parte, resalta que ambas administraciones responden a la "demanda" de pisos protegidos existente en la ciudad –con una lista de espera de unas 600 personas–, a la que se "suma la paralización del proyecto de vivienda protegida de alquiler previsto en Xoán XIII", que dependió de él mismo hasta hace escasos meses.

Un número muy apreciable de los pisos que Bankia ha ofrecido a bombo y platillo a través de la inmobiliaria Haya tienen un problema: familias u otros grupos que los han okupado, o una tapia que ha evitado la invasión de la vivienda.

A principios de los 90, el IVIMA asumió la remodelación del barrio de Hortaleza, en el que sólo la mitad de los vecinos han estrenado casa: sólo 598 de las 1.104 viviendas previstas han sido entregadas, mientras el resto aguanta en infraviviendas de más de medio siglo de antigüedad. Los responsables alegaban problemas por falta de presupuesto o cambios de normativa, pero para el portavoz de IU de Hortaleza, Francisco Caño, "el problema es que se trata de vivienda pública y no interesa, porque sale más rentable vender a fondos buitre".

“La empresa sólo garantiza la función social durante 25 años. Algunos pisos llevan ya 12 años como viviendas de protección oficial, así que en 13 años dejarían de serlo”. Además, las renovaciones de los contratos, que bajo la Administración podían mantener las condiciones económicas si el inquilino seguía cumpliendo los requisitos, implican ahora una subida de precios del alquiler, de los gastos comunitarios, y la obligatoriedad de contraer seguros privados de hogar o plazas de aparcamiento.

El 24 de julio de 2013, decenas de antidisturbios llegaban a la calle Unanimidad 35 cuando aún no había despuntado la luz del día. Allí encontraron a decenas de personas, que habían pasado la noche en vela, para protestar contra el tercer intento de desahuciar a Susana, Ángel y sus dos hijos menores.

El Ayuntamiento de Ana Botella continúa enviando cartas a los inquilinos de viviendas públicas para intentar forzarlos a firmar nuevos contratos. Relacionada: www.meneame.net/story/admitida-denuncia-contra-botella-vender-vivienda Relacionada: www.meneame.net/story/otra-herencia-botella-expolio-parque-viviendas-p

En 2001 el Ayuntamiento de Santiago de Compostela daba luz verde a la construcción de la que hoy es la Biblioteca Ánxel Casal, un proyecto del Estado. Al mismo tiempo el consistorio accedía a autorizar anexo un pequeño bloque de viviendas de promoción pública impulsada por la Xunta. Aquel proyecto lo concretó un poco más Manuel Fraga y su Conselleiro de Política Territorial, Núñez Feijóo, que anunció que levantaría pisos de alquiler para jóvenes. Trece años y tres gobiernos después lo único que se levanta en el solar son las hierbas.

Ana Gomendio López comparecerá ante el juez este miércoles por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tras la venta de 3.000 viviendas por sólo 200 millones

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que el anuncio de realojo de todas las familias de la Corrala Utopía fue legal por obedecer a situaciones de especial necesidad.

Desde la PAH hoy mismo han intentado paralizar, sin éxito, el desahucio de Raquel y sus cinco niños en el madrileño barrio de El Pozo. "Hoy de nuevo el capital financiero, con Goldman Sachs a la cabeza, participa de una nueva forma de control de la vivienda y de utilización de la misma para fines antisociales. La nueva estrategia pasa por la creación de grandes empresas encargadas de la gestión de viviendas en alquiler". Estas empresas están en manos de especuladores que "participan de la compra masiva de grandes paquetes de vivienda pública".

La Consejería dirigida por Elena Cortés concluye la reestructuración de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, que gestiona 80.000 viviendas públicas, reduciendo un 75% el número de directivos. Había uno por cada diez empleados.

El titulo es un poco tendencioso, lo real es que el economista se confunde en un dato y como confirmaba la ideología de algunos partidos se lanzan en masa a darle difusión y luego cuando la fuente publica que cometieron un error si te he visto no me acuerdo.

A dos semanas de las elecciones generales de Reino Unido, Rishi Sunak se enfrentó a una entrevista en LBC que recibió llamadas del público y en el que fue acusado de «mentir abiertamente» mientras defendía el historial de los conservadores en materia de vivienda después de 14 años en Downing Street. El primer ministro enfrentó fuertes críticas de los votantes que le reprocharon por no mejorar los niveles de vida de los británicos y por no poder relacionarse con la «gente en dificultades» por ser más rico que el propio rey Carlos III.

Os presento este magnífico ático con encanto en el barrio de Chamberí. Es bastante chiquitito, muy acogedor, son 27 metros cuadrados. Muy fácil de limpiar. Aún tiene los plásticos de los cristales para que los estrenes tú. Cuenta con una gran terraza comunitaria.

El elevado precio de la vivienda, la precariedad laboral o la dificultad para acceder a financiación son algunos de los elementos que dificultan el acceso a la vivienda de los más jóvenes. Es un hecho que los menores de 35 años se emancipan cada vez más tarde, y los que no pueden comprar una casa se ven obligados a vivir de alquiler, muchas veces en pisos compartidos.

Cabe recordar que, en mayo, las autoridades chinas lanzaron un amplio paquete de medidas para tratar de reflotar el sector inmobiliario, con unos 42.250 millones de dólares en créditos para proyectos de viviendas subsidiados o la reducción de las cuotas de entrada necesarias para adquirir casas, instando asimismo a los gobiernos locales a comprar a las promotoras terrenos no urbanizados o inmuebles no vendidos. Desde entonces, además, numerosas ciudades han anunciado medidas para facilitar la compra de vivienda.

Los propietarios cederían sus pisos (a un precio por debajo de mercado, pero teniendo garantizado el cobro del alquiler) a las administraciones para que estas las alquilen a familias vulnerables. Esta es la salida que plantea a corto plazo el Cercle d'Economia, que este lunes ha presentado un documento elaborado por expertos colaboradores de la entidad sobre el acceso a la vivienda.

La situación del mercado inmobiliario en España ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, afectando la forma en que las diferentes generaciones acceden a la vivienda. Un informe reciente titulado «Cuatro generaciones, una vivienda» revela datos preocupantes sobre la dificultad de los jóvenes para adquirir una vivienda y cómo las preferencias y posibilidades de compra han evolucionado con el tiempo.

María Muñoz Ladrón tiene 88 años y es vecina del barrio gaditano de El Pópulo desde antes de la llegada de la democracia. La octogenaria lleva 57 años residiendo en el mismo hogar, del que paga rigurosamente y mes tras mes una renta antigua. Sin embargo, la avaricia de la propietaria del edificio iba a dejarla en la calle el próximo 26 de junio, día en el que la vivienda pasaría a ser de uso turístico. Sin embargo, un actor inesperado entraba en la ecuación, a modo de salvador: el Cádiz CF.