"El objetivo era detener a varios jóvenes de manera aleatoria y meterlos en la cárcel. La Policía entró a por ellos descaradamente en un bar dos horas después de que sucedieran los hechos. La actuación de los policías y los jueces responde a motivos políticos". Francho Aijón tiene claro que lo que pasó con su hijo, Javitxu Aijón, no fue casual. El joven y otros cinco militantes, conocidos como los seis de Zaragoza, se enfrentan a cuatro años y nueve meses de cárcel por haber participado en una protesta contra un mitin de Vox.

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno se oponen a la instrucción que han recibido esta misma mañana para que se posicionaran a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención que pesa contra el expresident de la Generalitat.

La amnistía recrudece las tensiones en la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado a los fiscales del procés a que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención contra el expresident, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

En concreto, tal y como ha tenido conocimiento en exclusiva ElPlural.com, la justicia obligó al juez que lidera la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abonar la cantidad 75.366,61 euros a raíz de haber acometido las obras del chalet de lujo en su parcela (de 2.866 metros cuadrados de superficie) que aún a día de hoy figura en el Catastro Inmobiliario como un almacén.

El magistrado Joaquim Bosch le recuerda a Ana Vazquez (PP) que fue Rajoy, que ya tenía experiencia bloqueando la renovación del CGPJ, quien llevó a cabo la Reforma que ahora no quiere aplicar.

Esto del padre de la concejala del PP de Pozuelo de Alarcón, Patricia Peinado, es ya una vergüenza que no puede obviar el CGPJ.Llama para declarar al jefe de seguridad del Complejo de la Moncloa, para aclarar el recibí de la citación a Begoña Gómez.

La actual alcaldesa del municipio de La Adrada, Pilar Martínez(PP), ha asegurado que bajo su mandato ella no ha concedido licencia de primera ocupación al chalet familiar del juez Peinado. Se da la circunstancia que responsables anteriores del Ejecutivo municipal, según han explicado fuentes municipales a este medio, tampoco habrían concedido esa primera licencia de ocupación.

Dicho chalet de lujo ha generado enorme polémica en el pueblo La Adrada (Ávila) desde hace muchos años. Se construyó en el año 2000 y se registró como almacén, nomenclatura bajo la que se mantiene a día de hoy, aunque en realidad acoge una gran vivienda edificada sobre una parcela de 2.866 metros cuadrados, según refleja el registro de la propiedad

En el escrito, el abogado Antonio Camacho invoca la tutela del derecho de defensa para requerir al juzgado que "aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia" del mismo

Alvise amenaza a la juez que rectifique el auto de detención a Vito Quiles y diga que es un error sino publicará cosas. Este es el modus operandis, la amenaza la publica a las 12:59 cuando la corrección de la juez fue publicada a las 12:28 en El Mundo. Sus seguidores se creen sus mentiras, animan a Alvise en sus amenazas y se creen que la rectificación de la juez es gracias a esa amenaza en diferido cuando Alvise ya sabía antes que la juez había corregido. Viven en un mundo paralelo. x.com/JulianMaciasT/status/1800855973604516304

No ha adoptado ninguna decisión sobre la declaración de la esposa del presidente, que está citada el 5 de Julio El magistrado investiga quién firmó en nombre de Begoña Gómez su citación como imputada. El reglamento de la EPPO establece que cuando ejerza su derecho de avocación sobre una causa, "las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito".

Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno han enviado al Fiscal General del Estado el informe definitivo contrario a aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los fiscales del Tribunal Supremo sostienen que el delito de malversación que pesa sobre los fugados Carles Puigdemont, Lluis Puig y Toni Comin y sobre los condenados Oriol Junqueras, Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull encaja en las excepciones que contempla la ley.

Los representantes del Ministerio Público ante el Supremo sostienen que concederles la medida de gracia es “contraria a las leyes”. Los fiscales han entregado un informe en el que reafirman su postura de no aplicar la medida de gracia a los encausados por malversación y advierten de que, si reciben la orden contraria, exigirán la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala.

El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía la parte de la investigación que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dejado sin efecto las citaciones del consejero delegado (CEO) de Red.es,

El instructor del 'procés' da un plazo de cinco días a las partes para informar sobre la aplicación de la norma al expresidente catalán y otros tres procesados

Álvaro García Ortiz recuerda al instructor de la causa contra los fiscales que él está aforado ante el Tribunal Supremo y que ya se ha hecho responsable de la nota de prensa desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto entre la pareja de Ayuso y el fiscal del caso por fraude fiscal y falsificación de documentos de Alberto González Amador

El órgano europeo considera que es competente para investigar el supuesto caso de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por tratarse de adjudicaciones de fondos procedentes de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea ya ha reclamado al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios parte de la investigación que afectan a fondos comunitarios, según confirman fuentes jurídicas a La Vanguardia. Se trataría de la parte que afecta a la UTE en la que participó el empresario Juan Carlos Barrabés, en favor de quien la mujer del presidente del Gobierno realizó dos cartas de recomendación.

La asociación denunció a la eléctrica ante la Fiscalía Anticorrupción tras conocer que la CNMC había multado a la empresa con más de seis millones de euros por realizar ofertas a precios excesivos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.