La Ley que según Pablo Casado no existía fijaba la libertad de expresión, de reunión, de sindicación; asumía los principios del Derecho internacional; y generaba un Estado autonómico parecido al que tenemos hoy. Esa Ley máxima de 1931 era tan avanzada que en su artículo 26 garantizaba, mucho más que nuestra Constitución actual, la laicidad del Estado, eliminando los privilegios del clero, prohibiendo la financiación pública de cualquier religión y, siguiendo el modelo francés, dejando la práctica religiosa para el ámbito privado.
