La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ha concluido que la respuesta del Gobierno de Ayuso "fue inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias.

Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, señala que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes.

Hasta 39 detenidos, 71 registros y una tonelada de droga intervenida (casi toda cocaína) es el balance provisional de la operación 'Jaque Mate', el mayor golpe al narcotráfico en Palma asestado este miércoles por la Guardia Civil.

El homenaje a las víctimas de la covid coincidió con el vigésimo aniversario del atentado yihadista de Madrid: «No lo olvidamos, tenemos a las víctimas en el corazón»

Continúan conociéndose nuevas subvenciones recibidas por Priviet Sportive S.L., la empresa que recibió más de un millón y medio de euros de la Comunidad de Madrid con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta autonómica, como intermediario comercial por la venta de mascarillas. A la enorme suma recibida de la Administración Ayuso en abril de 2020 y a una larga lista de subvenciones de diferentes Consejerías de Castilla-La Mancha en conceptos relacionados con la agricultura y la ganadería, ahora hay que sumar otros 360.000 euros de dinero públi

El Gobierno de Rueda confirma oficialmente que "no existe expediente administrativo" derivado del anuncio hecho por su antecesor en la Xunta. Sanidad aseguró que había valorado "distintas alternativas, formatos y lugar" y que el proyecto se había demorado, pero ahora dice que nunca hubo ninguna tramitación formal.

Al inicio de la pandemia, el Ministerio del Interior adjudicó un contrato de test antiCovid, por valor de 600.000 euros, a una de las empresas del doctor Ignacio Palomo, el ginecólogo de la mujer de Koldo García Izaguirre. Este último era la mano derecha del ministro José Luis Ábalos y actualmente está investigado por la Audiencia Nacional en la causa judicial a la que da nombre, el llamado caso Koldo.

Veía el documental del bulo del 11 M y, ahora, a las puertas del 8M, pensaba en la creación de otro de los grandes bulos hace cuatro años: que la propagación del virus del Covid había sido sólo, y exclusivamente, por la manifestación del 8 de marzo. No se engañen. No hubo ningún interés de salud pública en ello. Fue usado sin ningún aval científico por la derecha y ultraderecha ante su falta de propuestas: hacer del 8M un asunto político y debilitar socialmente al movimiento. No era la primera vez que se creaba toda una maquinaria política y...

La Mesa del Congreso ha aprobado una comisión de investigación sobre la compra de material anticovid en todas las administraciones con el voto en contra del Partido Popular. Ahora tendrá que concretarse un calendario y comparecencias, que se podrían producir en paralelo con otra comisión similar promovida por el PP en el Senado y solo para las implicaciones del caso Koldo.

Tres años de prisión. Es la condena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a la exgerente territorial del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Montserrat Rincón, por haberse vacunado contra la covid antes de que le correspondiera en enero de 2021, en plena pandemia. El tribunal la considera culpable de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario o cargo público y la absuelve del delito de estafa.

Debido a su potencial para influir en la política conservadora de todo el país, Florida es uno de los estados más importantes que hay que vigilar. Hasta ahora, a poco más de un mes de la sesión legislativa de 2024, el estado está a punto de hacer retroceder las leyes de trabajo infantil, borrar a las personas transgénero de la vida pública y eliminar la supervisión de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Apenas se habían detectado unos pocos casos de COVID-19 al principio de la pandemia, cuando las informaciones falsas sobre el tema empezaron a brotar como setas. Con el tiempo, a pesar de que el virus se fue conociendo mejor, la situación no hizo más que empeorar. Y esto ocurrió, en parte, por la negación de muchas revistas a comprobar la veracidad de la información que les llegaba. Pero no solo era un problema de los medios de comunicación generalistas.

A raíz del 'caso Koldo', PSOE y PP han emprendido una guerra de comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado. Los socialistas han registrado este martes una comisión en el Congreso para analizar la compra de material sanitario desde todas las administraciones públicas durante la pandemia. Los populares asumen que es un movimiento del PSOE para volver a poner sobre la mesa el caso del hermano de Ayuso o el de los comisionistas Luceño y Medina. Y por eso lo rechazan.

Los juzgados que archivan las querellas contra Ayuso por las residencias lo hacen sin investigarla, mientras la Audiencia ha dado hasta tres “toques” a los tribunales por no abrir diligencias contra cargos políticos. Algunas demandas siguen su curso.

Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas repuntaron inicialmente en enero pero bajaron el año pasado los once meses siguientes. Diciembre registró la menor cifra de ventas en tres años, desde diciembre del 2020, y las transacciones bajaron un 15,6% interanual, hasta las 36.698 compraventas.

A la Fiscalía y a la UCO les llamó la atención el abultado incremento patrimonial que la mano derecha del ex ministro Ábalos tuvo durante la pandemia. Anticorrupción, que ha llevado el peso de la investigación con absoluto sigilo en los últimos dos años, puso el foco en los distintos contratos adquiridos por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L en los peores momentos de la pandemia del Covid-19. Su negocio pasó de 0 € en 2019 a 53,13 millones de € en 2020. El pasado martes se practicaron 26 registros y 20 detenciones.

El Gobierno de Moreno Bonilla (PP) ha concedido ya 1,7 millones de euros en tres años (2021, 2022 y 2023) de una línea de ayudas que favorecen a asociaciones antiabortistas y que acordó con Vox en 2020. El objetivo es que atiendan a mujeres embarazadas y madres sin recursos de menores de cero a tres años. La línea de subvenciones fue creada en 2020, cuando el PP necesitaba a la ultraderecha y se ha mantenido todo este tiempo. Solo pueden recibir la ayuda quienes defiendan "la vida, el respeto a la vida" y "el apoyo a la mujer embarazada".