La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo en Chile que “no puede hablar” del caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque está “judicializado”, ha considerado que el debate político está “desequilibrado” porque se están publicando datos de un particular y ha reiterado que se están utilizando “todos los poderes del Estado” contra ella, “pero no es mi Gobierno”, ha defendido “y no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”.

Los datos de Eurostat indican que en 2023 hubo 2,3 millones de niños en esta situación en España, cifra que llegó a ser de 2,6 millones en 2014. A su vez, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) también reflejan que la peor tasa de pobreza infantil se registró en 2014.

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Ayuso y Feijóo justifican el hostigamiento de Miguel Ángel Rodríguez a quienes investigan la residencia de la presidenta madrileña. La responsabilidad de que no se normalice este intento de amedrentar a profesionales pasa también por el PP. Su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, se mostró este jueves comprensivo con Rodríguez y evitó toda crítica a su actuación.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado en la misma sede las alegaciones, todas falsas, difundidas por su jefe de Gabinete: “No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada […] No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo, no se puede intimidar a una portera de finca ni a los vecinos, ni a los ciudadanos, incluso a menores”.

La libertad de prensa y el derecho a la información son pilares fundamentales en una sociedad democrática. Resulta intolerable que desde el poder político se intente coaccionar o señalar a medios de comunicación y profesionales concretos. El capítulo protagonizado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intimidando a una periodista de elDiario.es o manipulando un supuesto acoso al domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un precedente funesto de hasta qué extremo se han normalizado las presiones.

La desesperada huida hacia adelante que ha emprendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para sacudirse el escándalo que afecta a su pareja, a quien la Fiscalía acusa de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil, ha tenido un nuevo capítulo que solo cabe enmarcar como un intolerable ataque a la libertad de prensa.

El problema viene de lejos y los ejemplos abundan. Entidades poderosas, con enormes recursos financieros, demandan sin fundamento a medios de comunicación independientes, ONG o incluso académicos y les exigen sumas astronómicas de dinero con el único fin de amedrentarles. El acuerdo obliga a España a legislar contra la utilización de los tribunales para callar a la prensa, pero sólo si son transfronterizas. Queda en manos de cada país aplicar el mismo principio sin salir de sus fronteras para salvaguardar la crítica y la participación activa.

Entre esos mensajes a través de Whatsapp, Miguel Ángel Rodríguez escribió: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. “¿Es una amenaza?”, preguntó nuestra periodista. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez.

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Cómo María Jesús Montero pudo anticiparse a las informaciones de dos medios de comunicación que apuntaban a que Isabel Díaz Ayuso vive en un piso "pagado con comisiones" percibidas por su pareja, Alberto González Amador, solo puede explicarse por la condición de ministra de Hacienda de la también vicesecretaria general del PSOE. Unas declaraciones públicas efectuadas por Montero pasadas las cinco de la tarde de este pasado martes señalaban que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, investigado por un presunto fraude fiscal...

François Vérove fue sospechoso de haber matado y violado a una niña de 11 años y de haber estrangulado a una pareja, entre otros numerosos delitos. Vérove ocultaba un pasado terrible: fue sospechoso de haber matado y violado a la pequeña Cécile, de 11 años, encontrada sin vida en el sótano de su edificio en el distrito 19 de París en mayo de 1986, y de haber estrangulado a una pareja en el distrito de Marais en 1987. En total, era sospechoso de cinco delitos cometidos entre 1986 y 1994. Dos años después del espectáculo, 'Le Grêlé' fue hallad

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