Hay miles de personas en España que consideran que la Administración les ha robado a sus hijos. Pero no sólo lo piensan ellos. Detrás hay abogados, asociaciones y otros colectivos que creen que no les falta razón. A juicio de determinados profesionales, se trata de un Estado que niega el pan y la sal a quien más lo necesita, pero que no duda en pagar 4.000 euros al mes – en el caso más económico- para la atención de un menor en un centro de acogida. Algo rancio está pasando en el sistema. Mientras la sociedad prefiere no creer tanta barbarie.

Intress alcanza ya el número de 14 empleos irregulares detectados por Inspección de Trabajo por no haber dado de alta a trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social en distintas jornadas laborales. Asimismo también se han confirmado otro tipo de irregularidades como no haber realizado la evaluación de riesgos psicosociales en el centro, que derivó en su correspondiente acta de infracción.

La Fiscalía General del Estado alerta a los centros escolares y los padres de las consecuencias que los menores hagan huelga para el 1-O en horario lectivo. En el comunicado pide que, ante la possisbilitat que los hechos deriven en situaciones de riesgo para los menores, y teniendo en cuenta la función de protección que tienen encomendada legalmente, hagan un "seguimiento individualizado de cada caso, abriendo un expediente de riesgo".

Durante los dos últimos años creemos haber dado pruebas más que evidentes de que a María Victoria Broto, consejera aragonesa de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, no le ha importado lo más mínimo la atención a los niños y niñas en protección del Centro de Observación y Acogida (COA). Ante la proximidad del nuevo pliego de condiciones de gestión educativa del COA, desvelamos y argumentamos sus dos grandes mentiras, ambas en sede parlamentaria. ¿Continuará por la senda de la infamia ahora que ya no se puede excusar con el PP?

Primeros disturbios en el Centro de Recepción de Menores de Buñol, sólo unas semanas después de su reapertura, tras la llegada de sus nuevos moradores, en su mayoría de origen subsahariano y de países del norte de África.

En octubre de 2015, Intress comenzó a gestionar el Centro de Observación de Acogida (COA) de Zaragoza gracias a “un proceso negociado sin publicidad gestado por el PP de Rudi y firmado por el PSOE de Lambán”. La entidad privada hizo “caso omiso” de las comunicaciones públicas “advirtiendo del recorte presupuestario de un concurso que conllevaba asumir gastos vitales de los niños y niñas como salud, escolar o vestimenta”. Sin embargo, una vez con la gestión en su poder, Intress consiguió una “ventaja beneficiosa” tras un acuerdo con el IASS.

El 92% de los menores denuncia haber sido objeto de vejaciones en el centro de acogida, según Harraga. La mayoría de los menores extranjeros que llegan a la península sin acompañar están en Melilla, donde hay 474, según los últimos datos oficiales. Ingresan en el centro La Purísima, un antiguo fuerte militar, que dobla su capacidad para dar cabida a más de 300 menores. Actualmente, según Prodein, hay unos 30 menores en la calle de entre 11 años hasta 17 y que sufren violencia, abuso, se drogan y/o no tienen sus necesidades básicas

El Comité de Empresa de los educadores del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza ha interpuesto ante Inspección de Trabajo una denuncia contra Intress porque dos educadores superaron las 45 horas semanales de trabajo, límite que refleja el art. 56 del II Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores en el supuesto de la distribución irregular de la jornada. El caso más grave es el de una educadora que realizó 67,5 horas habiendo trabajado todos los días de la semana.

El Síndic de Greuges (defensor de las personas en Cataluña), Rafael Ribó, ha pedido a la Generalitat que agilice la materialización de los cambios normativos que permitirán a los menores tutelados cobrar las pensiones no contributivas, "de las cuales la Generalitat se ha beneficiado durante los últimos cinco años" en concepto de gastos de la atención.

El sindicato UGT denuncia que en algunos de los centros de menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) los niños no hacen actividades lúdicas si no son gratuitas, la comida es de baja calidad y se llega a utilizar dinero procedente del Banco de Alimentos, la ropa es de segunda mano y los menores con graves discapacidades físicas o psíquicas no reciben la atención individual necesaria.

El Comité de Empresa de las y los educadores del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza interpuso este jueves su duodécima denuncia contra Intress, entidad privada que gestiona el centro de titularidad pública, por "entregar información falsa a Inspección de Trabajo"

Últimamente hemos podido leer en la prensa noticias que, desgraciadamente, confirman todo lo que venimos denunciando desde el Sector Social de CGT en torno a la preocupante situación en que se encuentran los centros de menores tutelados por la Generalitat: "Tiros al aire de la policía en un centro de menores tutelados por la Generalitat "," Polvorín en los Centros de menores ","un menor tutelado, apuñalado en plena calle en Barcelona"

Ocho de los 14 empleados civiles del recurso religioso clausurado por la Generalitat en Segorbe eran o estaban relacionados con miembros del partido. La vicepresidenta Oltra denunció duchas frías, aprovisionamiento de comida caducada o que las capuchinas terciarias encubrieron posibles abusos a un menor La orden defiende su gestión y anuncia denuncias contra la consellera para que los niños vuelvan

Según la denuncia, la entidad catalana “ofreció a dos educadores solucionar de forma fraudulenta jornadas de trabajo suyas que no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social”. También se denuncia como “una educadora trabajó en el COA (centro de protección de menores de Zaragoza) sin cobrar, sin contrato y sin ser dada de alta en la SS”. El Comité de Empresa ha remitido también al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) toda la documentación al respecto para que “tome las decisiones oportunas dada la gravedad de los hechos”.

La agonía que viven los centros de menores en la Comunidad Valenciana se prolonga hasta ahora desde el mes de diciembre, cuando dejaron de ingresar la ayuda mensual que reciben de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Desde entonces, este impago, que la Generalitat Valenciana achaca a la falta de ingresos en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), está causando verdaderos estragos que, en algunos casos, llevan a los responsables de los centros a solicitar créditos al banco y a endeudarse con sus trabajadores.

La defensora de la Niñez de Guatemala, Gloria Castro, ha informado este jueves de que las niñas y adolescentes que murieron en el incendio registrado en la madrugada del miércoles en un centro para menores en los alrededores de la capital del país estaban encerradas "bajo llave" cuando se inició el fuego.

El Defensor del Pueblo pide a las administraciones públicas que tomen medidas para proteger a las niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual que llegan a España, en muchos casos por las costas andaluzas, y que "desaparecen" de los centros de menores porque no están preparados para responder a sus especiales circunstancias de vulnerabilidad.

El juicio contra varios guardas jurados del centro acusados de lesiones no ha podido celebrarse ante la imposible localización del joven.

El juzgado de instrucción número 41 de Madrid juzgará hoy a tres vigilantes del centro de Primera Acogida de Hortaleza, dependiente de la Comunidad de Madrid, acusados de un delito de lesiones leves a uno de los menores internos. El juicio oral se abre a raíz de la denuncia del menor y la Fundación Raíces, organización que sacó a la luz la situación de algunos menores de este centro que estaban viviendo en un parque de Hortaleza.

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de la CUP para instar al Govern a mejorar la atención a los menores en riesgo y revertir las externalizaciones de todos los servicios vinculados a la Unidad de Detección y Prevención del Maltrato Infantil e Infància Respon.

Los centros de internamiento para menores que se abrieron con la instauración de la dictadura franquista se extendieron por toda España. Eran auténticos reformatorios en los que proliferaban los castigos, los abusos y las violaciones. Como los hogares Mondet en Barcelona, el preventorio de Guadarrama, el de Aguas de Busot (Alicante), Niño Jesús (Almería), San Rafael (Segovia)…

Dos de los episodios que se le atribuyen son los intentos de llevarse por la fuerza a dos niñas, de dos y ocho años, en parques de esta localidad del Camp del Túria, con supuestas intenciones lascivas. A una de ellas –la de 8 años– la llegó a coger por el brazo al tiempo que le decía que «era muy guapa» y que se fuera con él. La madre de la menor tuvo que forcejear con él para que la soltase y, posteriormente, agentes de la Policía Local lo identificaron en las proximidades.

Kepa, nombre ficticio de uno de los cuatro amigos treintañeros atacados por menores del centro foral de Sopuerta, era de los que defendía que «había que darles una oportunidad» cuando sus convecinos protestaban por la apertura en el municipio vizcaíno de un complejo -ubicado en un palacete- para acoger a menores inmigrantes no acompañados. Ahora, sin embargo, está «convencido de que va a pasar algo gordo» por el «descontrol» que presenció. «No sé qué pintaban a las tres y pico de la madrugada todos esos chavales en la calle», se pregunta.

El déficit de enfermeras y enfermeros en centros de salud y hospitales podría agravarse en los próximos meses si no mejoran las condiciones laborales y profesionales, advierte Satse.

La víctima fue agredida sexualmente y violada por varios jóvenes con la complicidad de su novio, que la llevó a la zona boscosa donde se produjeron los hechos en al menos dos ocasiones, según recoge la prensa flamenca y francófona del país. Según Nieuwsblad, los sospechosos tienen edades comprendidas entre doce y dieciséis años. La fiscalía, sin embargo, no quiso detallar la edad exacta de los agresores y se limitó a señalar que son menores de edad.

En la web del Museo Aeroespacial Hill de la Base de las Fuerzas Aéreas Hill en Utah (Estados Unidos) tienen diversas visitas virtuales para ver con gran detalle cómo son algunas salas del museo, aviones y demás. Una de ellas es la de un centro de control de lanzamiento de ICBM, los míticos lugares dedicados a la defensa nuclear desde la que los responsables de los misiles balísticos podían recibir órdenes y lanzar las cabezas nucleares en caso de recibir las órdenes.

Un informe alerta del 'blanqueamiento' de estas plataformas. El informe Onlyfans. Un espacio blanqueado del negocio del sexo, de la Federación de Mujeres Jóvenes, revela que España es el quinto país con más creadoras de contenido en Onlyfans. El 97% son mujeres. En concreto, alertan del incremento del número de menores que están en centros tutelados y que usan estas plataformas. También se ha registrado un importante aumento de universitarias a traves de la "falsa sensación de empoderamiento a través de la hipersexualización".

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha confirmado este martes que la administración autonómica se personará en la causa contra la agresión sexual a cinco menores tuteladas que, ha dicho, se encuentra bajo secreto de sumario. Del Arco se ha referido así a la investigación de la Policía Nacional con relación a cinco víctimas de agresión sexual, de entre 13 y 17 años, tuteladas por el Gobierno del Principado de Asturias. Doce hombres han sido detenidos por supuestos delitos de agresión sexual.

Las engatusaban con dinero y regalos a cambio de sexo. Doce hombres, de edades comprendidas de los 26 a los 44 años, han sido detenidos en Oviedo -los dos últimos en Madrid- por la Policía Nacional por presuntos delitos de agresión sexual «con penetración a menores, delitos relativos a la prostitución, grupo criminal y corrupción de menores». El principal investigado actualmente se encuentra en prisión preventiva. Se da la circunstancia que estas víctimas de 13 a 17 años son menores tuteladas por el Gobierno del Principado de Asturias.

Los centros urbanos se vacían de infancia. La baja natalidad y los altos precios de la vivienda provocan el éxodo de las familias jóvenes con hijos. En Los Reporteros abordamos el impacto del envejecimiento en los núcleos urbanos de nuestras ciudades.

Aunque el sujeto, de 30 años, admitió en el juicio lo que hizo, se le suspende la pena privativa de libertad con la condición de que no delinca en cinco años y asista a un cursillo de educación sexual. Cuando salió su juicio, su defensa llegó a un acuerdo con el Ministerio Público. Acuerdo en virtud del cual reconocía los hechos que se le imputaban y obtenía ventajas. Al tratarse de una estricta conformidad entre las partes, no llegó a haber juicio como tal. A la hora de dictar sentencia se tuvo en cuenta que había dos atenuantes.

Chicos y chicas del Centro de Primera Acogida de Hortaleza han compuesto una canción colaborativa en la que participan también menores de la residencia de Manzanares