Charla: Programar es un superpoder. ¿Podemos utilizarlo para obtener los datos que son públicos según las leyes pero que la Administración nos niega? ¿Podemos utilizar nuestro conocimiento de la tecnología para dar más transparencia a los asuntos públicos? ¿Podemos provocar cambios positivos aplicando la ética hacker a nuestra relación con las Administraciones Públicas? de Jaime Gómez-Obregón en T3chFest 2023

La CEOE ha recibido 33,9 millones de € en la última década. Esta cifra no incluye una última subvención extraordinaria de casi 11 millones para la digitalización de empresas y que,a cierre de 2021, aún no había ingresado. Al ser una entidad privada que supera ampliamente el límite establecido de más de 100.000 € anuales en subvenciones públicas, está obligada a publicar una serie de informaciones para cumplir con la Ley de Transparencia. Y entre esa información, está la retribución de sus altos cargos, un punto que incumple la patronal cada año

Felipe VI excluye de la transparencia de la Casa Real los contratos “personales”, “financieros” o los “convenios”. Viñeta satírica de Bernardo Vergara.

Durante generaciones, los sueldos han sido uno de los secretos más celosamente guardados de la sociedad, con una opacidad digna de secretos de Estado. Las empresas no los comparten ni con el personal que se encarga de contratar ni con los candidatos a un puesto de trabajo. Los trabajadores no los comparten con sus compañeros, ni siquiera con sus amigos íntimos. En EEUU, existen leyes de transparencia salarial que obligan a los empresarios a revelar los sueldos que pagan: estas son las consecuencias, positivas y negativas.

Utilizando tecnología de imagen por luz y ultrasonidos, los investigadores descubrieron el secreto: mientras duermen, las ranas concentran, o "esconden", casi el 90% de sus glóbulos rojos en el hígado. Ahora se ven, ahora no.

El Ministerio de Hacienda modificó en el último momento el bautizado como 'Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés' para eliminar la obligación de hacer pública la agenda oficial de los altos cargos del Gobierno que mantienen reuniones con lobistas. Así lo revelan a La Información fuentes del sector del 'lobby' que cuestionan que con este cambio "de última hora" y "por la puerta de atrás" el Gobierno libera de toda obligación a los empleados públicos y hace recaer la máxima responsabilidad .