Al término de los 80 minutos de actuación, los 13 intérpretes subieron al escenario. El público se puso en pie y los despidió con un minuto de ovación y corearon una sola palabra: “¡Justicia, justicia, justicia!”. Con los fondos recaudados este sábado, las dos organizaciones van a traducir al inglés el informe de 148 páginas de la Comisión ciudadana.

Entre las opciones para obtener ese visado, estaba la posibilidad de invertir, por ejemplo, dos millones de euros de deuda pública, un millón en acciones de empresas españolas, depositar un millón de euros en una cuenta bancaria o la opción más económica y preferida por los inversores: comprar vivienda en territorio español valorada en 500.000 euros o más. De todos los visados concedidos desde el año 2013, el 96% de ellos ha sido mediante esa adquisición de inmuebles.

Miembros de las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias han acudido al pleno de la Asamblea y han presentado en el Registro el documento para los grupos parlamentarios -PP, Más Madrid, PSOE y Vox- y para el presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, José Ángel Rumayor, después de llevarlo este miércoles a la Fiscalía Superior de Madrid.

Para Carlos Sardinero, de la firma Sardinero Abogados, reclamarlo "no tiene absolutamente ningún fundamento". El experto, que ha impugnado la legalidad y constitucionalidad de los "protocolos de la vergüenza", opina que la decisión del Gobierno de Ayuso "va contra la teoría de los actos propios. No tenían opción de salir de allí". "Es un acto incongruente con la precedente forma de proceder", insiste.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lo ven de manera totalmente opuesta. Su responsable, Ana Dávila, asegura que "la reclamación de las deudas pendientes de los ciudadanos es una obligación legal que contempla la propia legislación nacional" y asegura que al ampararse en la normativa nacional "es al Gobierno de Sánchez, en todo caso, a quien le corresponde modificar esa normativa y justificar la excepción".

cuatro años después de las trágicas muertes, familias de esos mayores han recibido cartas de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso, aunque no de reparación, sino para reclamarles el dinero por los días de marzo y abril que estuvieron sus allegados en los centros de mayores antes de morir

La Consejería de Asuntos Sociales lo justifica porque dice que están obligados a requerir estas deudas y que la legislación estatal no estableció ninguna excepción durante la pandemia

El 76% de los residentes que fallecieron a causa del coronavirus entre marzo y abril de 2020 murieron en los propios centros sin ser trasladados a los hospitales. Así se desprende de las 11 actas de las inspecciones sanitarias de oficio realizadas por la Consejería de Sanidad a las que ha tenido acceso la Cadena SER. Las inspecciones fueron muy pocas en los peores meses de la pandemia. Los técnicos sólo visitaron once residencias. El número total de víctimas mortales confirmados con pruebas diagnósticas o con síntomas compatibles con la COVID

Los familiares de las víctimas en las residencias de la Comunidad de Madrid nos piden colaboración para difundir esta Carta Abierta donde se solicita a la Fiscalía General del Estado y al CGPJ que intervengan sin demora

El coronavirus dejó una situación sin precedentes en las residencias de mayores de toda España. Esto es así, con escasez de material y de medidas de seguridad, y con condiciones totalmente desfasadas para los profesionales de estos centros, pero queda la sensación de que en ocasiones las administraciones y los responsables podrían haber hecho algo más. A veces las deficiencias o, directamente, la mala praxis, fueron protagonistas en estos centros de la tercera edad. Seguramente el caso más palpable sea Madrid, cuyas a

Mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pleitea para no tener que hacer públicas las actas de la Policía municipal de Madrid en las residencias durante la primera ola de la pandemia, los alcaldes del PP en la región emulan la misma actitud obstruccionista y se niegan a entregar los atestados policiales respecto a las residencias de sus municipios. Los concejales de Más Madrid llevan pidiendo esas actas en sus respectivos municipios desde principios del pasado mes de febrero, cuando el Gobierno regional interpuso un recurso contencioso

Los episodios de escabiosis o sarna se han multiplicado por más de cinco en los últimos seis años en la Comunidad de Madrid, pasando de los 3.413 registrados en 2018 hasta alcanzar los 18.352 contabilizados en 2023, año en el que el número de brotes en residencias de personas mayores se ha disparado con respecto al quinquenio anterior. Todo esto según los datos publicados hoy por la Consejería de Sanidad de Madrid.

Los testimonios de Elvira, de María y de muchos más, están incluidos en el Informe que ha realizado la Comisión para la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid que ha presidido el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. "Cuando dicen que habrían muerto igual mienten. El 65% de las personas que fueron derivadas a hospitales se salvaron. tomando este dato se podrían haber salvado cuatro mil. Es ley de vida que fallezcan, pero no de la forma en que lo hicieron".

Se trata de uno de los temas más personales y emotivos del artista puertorriqueño, que llevaba seis años sin lanzar álbum. Está dedicada, como contó René Pérez, a su amiga Valentina, fallecida hace un tiempo. "Valentina, desde que te fuiste me empezó a salir el número 313 por todos lados: en las habitaciones de hotel, en el teléfono, en los relojes, en el microondas, en las direcciones, en todos lados. No sabía que el número 313 estaba conectado contigo",

El compositor del género urbano de Puerto Rico, Residente, publicó en sus perfiles de redes sociales una denuncia al genocidio israelí y un llamado a la movilización en favor del alto al fuego y la libertad de Palestina.