El juzgado de Noia ha decretado el sobreseimiento de la denuncia de la empresa Tungsten San Finx contra Ecologistas en Acción por un acto reivindicativo que tuvo lugar el pasado 5 de julio y en el que no ve “hecho delictivo alguno”. En dicha jornada, los activistas taponaron el tubo a través del que la empresa realiza vertidos y que, según denuncian, “son ilegales”. En un comunicado, la asociación celebra el fallo del juzgado de Noia ya que entienden que la empresa interpuso una “denuncia falsa e infundada con afán intimidatorio”.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por la Fundación Franco y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que pedirán la paralización de los trabajos.

La causa ZED, que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, no para de enmarañarse con las resoluciones en contra que están dictando otros juzgados. Por un lado, el juzgado 50 de Madrid imputó al consejero de Atresmedia José Crehueras por falsedad documental en los papeles que entregó a los fiscales José Grinda y Carlos Yáñez sobre el desvío de 101 millones de euros desviados a Panamá, por parte de los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset.

Es la primera vez que el Estado español admite a trámite una querella por un caso de torturas durante el franquismo, en contexto de crimen contra la humanidad, e inicia una investigación por el mismo. Además, también es la primera vez que se va a escuchar la versión de la persona afectada y de una testigo en sede judicial, después de la suspensión del pasado 14 de julio. Se trata de Julio Pacheco Yepes, que sufrió torturas policiales en la sede de la Dirección General de Seguridad de Madrid, en 1975, y de su compañera en calidad de testigo....

El Juzgado de Instrucción 2 de Móstoles ha citado para este viernes a los dos policías locales de este municipio madrileño expertos en kárate que supuestamente allanaron una vivienda sin permiso judicial por un tema de ruido a deshoras y fracturaron el brazo a una joven africana de 30 años que intentó sin éxito impedirles la entrada alegando que no tenían autorización judicial para acceder al inmueble.

Según Aznar, las amnistías a políticos son un mecanismo antidemocrático y una burla a la población (excepto en el caso de que deban aplicarse a sus exministros o a él mismo, en el caso remoto de que fuera procesado por el Tribunal de La Haya). “Hay que decir ‘¡basta ya!’ como se me dijo a mí en las manifestaciones contra la guerra de Irak, pero ahora para Sánchez”, ha agregado.

“No es solo una campaña contra Podemos, es también contra la democracia”, afirma la portavoz del partido Isa Serra. El juez Escalonilla investiga desde 2020 una denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, en la que apuntaba a media docena de irregularidades contables en el seno del partido político. La mayor parte de esas piezas de investigación, entre ellas la que indagó en si la ministra Irene Monteró usó a trabajadoras del partido como niñeras de forma ilegal, han quedado archivadas

El magistrado descarta la financiación ilegal de Podemos y desinfla aún más la causa

Trabajadores y sindicatos han reclamado a lo largo de los años más recursos ante la pendencia y el aluvión de procedimientos y la central Alternativas na Xustiza-CUT considera que tras estas incorporaciones «es la oportunidad perfecta» para que la Xunta de Galicia «cree de facto» el demandado tercer juzgado.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ferrol condena a BBVA a reponer a uno de sus clientes los 2.120€ que le estafaron mediante phishing. Se trata de un mecanismo por el que la víctima facilita sus datos de acceso a su banca electrónica pensando que es su entidad quien se los solicita, aunque a la hora de la verdad, lo que se lleva a cabo es una suplantación de identidad. Según el Juzgado de Primera Instancia Ferrol, considera que la entidad debería contar con una serie de medidas de seguridad y mecanismos que protegieran a sus clientes

Un juzgado de Córdoba ha abierto diligencias contra dos policías locales por "detención ilegal" y por "faltar a la verdad" durante su comparecencia en sede judicial, según señala en un comunicad, difundido junto a la resolución judicial, la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). Según explica Apdha, el juzgado ha dictado una resolución por la que acuerda archivar la causa contra un ciudadano que había sido denunciado por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones. Tras el visionado de las imágenes de...

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará a un enfermero grancanario que, según las acusaciones, se hacía pasar por ginecólogo y propietario de una clínica especializada en gestación subrogada para ofrecer a parejas un servicio de vientres de alquiler en países donde teóricamente era legal esta práctica

La multinacional minera sueca Boliden no tendrá que pagar los 89 millones de la limpieza del vertido en Aznalcóllar (Sevilla), considerado el segundo vertido tóxico en volumen en España tras el buque Prestige y que se quedó a las puertas de Doñana. La Junta de Andalucía reclamó a la justicia que la compañía debía pagar los trabajos de restauración tras la rotura de la balsa de residuos mineros y la grave contaminación que produjo, pero el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla ha desestimado este viernes su demanda.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Santander ha condenado a una mujer por robar dos paquetes de sobaos, valorados en 21,90 euros, tras tomarse un café en un establecimiento de la ciudad y forcejear con una dependienta, a la que arañó y empujó. Además, la jueza fija una multa de 300 euros por un delito leve de lesiones y, en concepto de responsabilidad civil, establece que la implicada indemnice con 21,90 euros -el montante de los productos sustraídos- al representante legal del local.

«Nos damos por vencidos. Es difícil derribar un muro con bolas de papel, por muchas que tiremos. La familia de Déborah Fernández-Cervera, la joven viguesa hallada muerta en O Rosal en 2002, ha trasladado al juzgado su oposición a que se prorrogue la instrucción y, en consecuencia, que se proceda al sobreseimiento provisional de la causa si se entiende que no hay elementos para abrir el procedimiento de jurado.

Ha comparecido tras la demanda por presunta competencia desleal que le interpuso el bufete Martínez-Echevarría, en el que empezó a trabajar tras abandonar la política en noviembre de 2019 y del que salió en febrero del año pasado generando una gran repercusión