Una polémica cláusula, que el Gobierno del PP intentó declarar lesiva para el interés público y que avaló el Supremo en octubre de 2013, días después de paralizarse las inyecciones de gas, decía lo siguiente: en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.

El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Pamplona ha condenado a la Clínica Universidad de Navarra (CUN) como responsable civil de la muerte de una joven de 23 años a la que le administró un medicamento pensado para el cáncer de próstata, que le provocó un fallo hepático letal. El tratamiento le había sido recetado para un tratamiento contra la alopecia y el centro tendrá que pagar 124.621 euros por el fallecimiento de la paciente. La sentencia no fue recurrida.

En un tono que hubiera sido impensable hasta hace poco en la izquierda abertzale, Otegi solicitó “un ejercicio de responsabilidad” a todas las partes, incluido el expresident Carles Puigdemont, de Junts, a quien le quiso hacer partícipe públicamente de la reflexión que ha hecho EH Bildu sobre los resultados electorales y la necesidad de frenar a la derecha.

La Fiscalía de Castilla-La Mancha ha iniciado una investigación contra la persona que dentro de la policía pudo filtrar una información tan sensible en un momento clave: la adolescente fue rescatada horas después. “El día 31 todavía las líneas de investigación estaban abiertas, se estaban revisando las cámaras, descartando otras posibilidades, como la huida voluntaria de la casa, seguían el rastro de la tablet, si se conectaba podían dar con la ubicación. Difundirlo fue una gran irresponsabilidad. Se puso en gravísimo peligro la vida de la niña

A priori, no hay nada de malo en el uso de declaraciones responsables. El problema es que, en la práctica, se han convertido en un coladero por el que se están haciendo todo tipo de transformaciones que sí requerirían de licencia de obra, como por ejemplo, al instalar cocinas fantasma en los bajos de viviendas. O colocar decoraciones potencialmente peligrosas en un espacio público sin que nadie compruebe que lo son.

En los primeros doscientos días de 2022, el jet privado de Taylor Swift realizó ciento setenta vuelos, cubriendo una distancia media de 214 kilómetros en cada uno de ellos. En el proceso emitió 8.293 toneladas de dióxido de carbono. A modo de comparación, la huella de carbono anual media de un ciudadano estadounidense es de 14,2 toneladas, mientras que en Europa es de 6,8 y en África de 1,04. En otras palabras, el avión de Swift tiene una huella de carbono equivalente a la de 1.603 ciudadanos estadounidenses, 2.225 europeos y 14.552 africanos.