Los dos acusados de ocupar una vivienda en el barrio gijonés El Natahoyo y residir en ella durante siete meses, reconocieron hoy los cargos en la Sección Octava de la Audiencia Provincial y aceptaron una condena de un año de prisión, a lo que se suma una indemnización de 6.000 euros por daños morales y 640 por los gastos de luz y agua. Fueron juzgados por allanamiento de morada.

Puede parecer legítimo para el propietario, pero sin embargo está tipificado como delito en el Código Penal, está tipificado como un delito de coacciones, que supone multas de 12 a 24 meses o incluso de 6 meses a 3 años de cárcel en los casos más graves.Los expertos recomiendan que el único método legal es intentar solucionar la situación con el inquilino o presentar una demanda en los juzgados y seguir los pasos y plazos de la ley, que comenzarían con un juicio y en última instancia con un desahucio. La media se sitúa este año en los 8 meses

Una de cada cuatro quiebras en la Unión Europea tiene como origen retrasos en el pago de facturas mientras que una de cada dos se abona más tarde de lo debido (o no se paga). Para luchar contra esta situación, la Comisión Europea ha propuesto este martes un nuevo reglamento con normas más estrictas para garantizar los pagos a proveedores en un plazo máximo de 30 días.

La joven migrante a la que dos policías locales de Móstoles, ambos karatecas, le fracturaron a mediados de mayo pasado los huesos de la muñeca izquierda, Anna D., africana de 30 años, y auxiliar de enfermería, se halla hospitalizada ahora en el hospital de Aranjuez por estrés y ansiedad. Los agentes allanaron la vivienda de Móstoles en la que estaba con otras amigas por un asunto de ruidos a deshoras. Le retorcieron el brazo desde el otro lado de la puerta de la vivienda con la finalidad de sacarla por la fuerza...

El agresor, un joven marroquí de 21 años, irrumpió en el domicilio de la víctima y, tras una discusión, le atacó con gran violencia. Agentes de la Policía Nacional le detuvieron por los presuntos delitos de lesiones y allanamiento de morada.

La sentencia, facilitada por Valencia Acoge, entidad que ha representado a las víctimas, considera probado que el 2 de abril de 2021 estas personas entraron en una frutería del barrio de Benicalap de la capital valenciana regentada por una pareja formada por un ciudadano paquistaní y una ciudadana española. Allí, comenzaron a tocar el género expuesto para la venta y cuando la dueña del negocio se lo recriminó, los ahora condenados le propinaron una patada en la pierna y un puñetazo en un brazo.

La defensa insiste en que llevaba las cortinas muy cortas "dejando entrever el interior".