Pero es que estamos hablando de un derecho fundamental recogido en todas las constituciones de los países civilizados y, desde luego, en la española: el derecho de todo ciudadano a defenderse, a preparar en absoluta e inviolable intimidad su estrategia de defensa con un abogado. Y el derecho a que el Estado, sea en forma de juez, de policía o de funcionario, no triture de ninguna manera esa intimidad porque ella es la garantía primera de un juicio justo. Esa inviolablidad es la que ha sido rota por Garzón.