La inevitable apertura de juicio oral en la persona de la Infanta Cristina de Borbón, aún en la línea sucesoria de la Corona, significa en la práctica el proceso penal a la Monarquía española designada por Franco. No solo por el hecho en sí de la imputación, sino, y sobre todo, porque se basa en que el delito que imputado solo pudo cometerse amparándose en su condición de miembro de la Familia Real.
