La señora aparcó en una zona prohibida de Atocha y se fue unos minutos, los funcionarios comenzaron a multarle, pero ella cogió el coche, golpeó a un agente y huyó. El proceso contra Aguirre, que guarda muchas similitudes, está aún pendiente del recurso de Transparencia y Justicia en relación con el tipo de delito que se le imputa.

Fue acusada por un desconocido de un delito de falsificación de documento público, penado con entre tres y seis años de cárcel, después de multar a un alto cargo y denunciar al jefe de la Policía Municipal. A raíz de esa multa -que nunca se pagó- la agente llegó a estar imputada por un presunto delito de falsedad documental, penado con entre tres y seis años de cárcel. Finalmente, la causa fue archivada y el fiscal ni siquiera le interrogó, pero el o los responsables de haber intentado encarcelarla siguen sin salir a la luz.

La nueva regulacion legal, recien aprobada, convierte a las personas sin hogar en criminales que se arriesgan a ser multados (384€) o a ir a prision. Solo en Budapest hay mas de 10 mil personas sin hogar.

El uso de una pegatina o señal que corresponda a una empresa de seguridad de verdad, sin tener en realidad sus servicios contratados, puede acarrear sanciones, ya que se está usando de forma ilegal una marca registrada, y por ende se vulnera su propiedad intelectual. Según establece la Ley 17/2001, del 7 de diciembre, de Marcas en el Código Penal, si se realiza alguna de las acciones nombradas anteriormente, dicha persona se está exponiendo a la sanción más grave en estos casos, un delito contra la propiedad intelectual e industrial.

El Principado sostiene que la modificación de la Ley de Turismo pretende incrementar la calidad y competitividad del sector. Los inmuebles deberán alquilarse íntegramente; es decir, que no podrán contratarse por habitaciones

Consumo multa con 150 millones de euros a cuatro compañías por cobrar el equipaje de cabina y por obligar a imprimir el billete

Reforzar el régimen sancionador contra este residuo es una de las medidas propuestas por Sanidad, que tanto fumadores como no fumadores apoyan de forma casi unánime en las encuestas.

La reportera Isabel Balado estaba haciendo una conexión en directo para un programa de televisión cuando el acusado le tocó el culo

Es una posibilidad que funcionarios de agencias estatales y federales, incluido el Servicio Secreto, ya han tenido que considerar, consultando después de que el juez del caso amenazara a Trump con la cárcel tras su décima violación de una orden de silencio. Como ex presidente, Trump tiene derecho a la protección del Servicio Secreto durante el resto de su vida, esté donde esté. Entre rejas, los funcionarios de prisiones serían a su vez responsables de proteger a los agentes asignados a Trump.

El concierto de Taylor Swift va a dar el pistoletazo de salida para controlar el ruido que hay en el ambiente en los aledaños al Nuevo Bernabéu. Dicho evento va a suponer un punto de partida por el que la Policía municipal va a controlar si hay exceso o no de ruido. Ha sido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha estado tramitando ya varios boletines de denuncia por exceso de ruido durante los conciertos que se han celebrado hasta ahora en nuevo estadio. Y, en caso de que exceda de los decibelios permiti

Todo empezó cuando la reclamante solicitó a Mercadona las grabaciones de las videocámaras tras sufrir un accidente en sus instalaciones. Cuando transcurrió un mes sin obtener ninguna clase de respuesta, la reclamante escribió al Delegado de Protección de Datos de Mercadona. Para su sorpresa, le respondió que las imágenes ya habían sido borradas, lo que motivó a que la usuaria en cuestión pusiera los hechos en conocimiento de la AEPD. . Esto inicia un proceso sancionador ante el que Mercadona enarboló, fundamentalmente, tres argumentos.

Sumar y Unidas Podemos han registrado sendas Proposiciones de Ley para resucitar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que decayó la pasada legislatura. La reforma de la Ley Orgánica 4/2015 sobre la protección de la seguridad ciudadana, bautizada como ley mordaza, es una de las tareas pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez tras caer en saco roto la legislatura pasada. Ahora, Sumar y Unidas Podemos presionan para resucitar una polémica iniciativa que en sectores de la Policía Nacional ven como una “miserable provocación”.

FACUA-Consumidores en Acción considera escandalosa la inacción de las autoridades de seguros y consumo españolas con la aseguradora de productos electrónicos Celside-SFAM, una empresa que acumula miles de reclamaciones de usuarios por introducir en sus contratos cláusulas y prácticas abusivas, y que desembarcó en España a finales de 2019 habiendo sido multada y teniendo un procedimiento penal abierto en el Tribunal de París por cometer estas mismas prácticas irregulares.

Mariona Roca es una de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer que todavía vive para contarlo. Estuvo varios meses encerrada contra su voluntad en un edificio de las monjas Adoratrices, que en realidad servía de cárcel franquista para adolescentes y lavaba el cerebro a las jóvenes para implantar en ellas la represión y la moral patriarcal nacionalcatólica. Su único ‘delito’ (al Patronato se llegaba sin siquiera haber sido juzgada) fue interesarse por los ambientes antifranquistas. Tenía 17 años.

El cuarto condenado todavía tiene un recurso pendiente en el Constitucional. Desde la plataforma que exige la libertad de estos jóvenes antifascistas han reiterado que "no hay pruebas" para su encarcelamiento más allá de los atestados policiales. Cuatro de los seis jóvenes antifascistas conocidos como los 6 de Zaragoza (los cuatro mayores de edad) ya están en la cárcel. El último entró en prisión el martes, 21 de mayo. Han sido condenados por el Tribunal Supremo (TS) a cuatro años y nueve meses de prisión por delitos de desórdenes públicos

Tan solo quedan 200 ejemplares de esta especie en Nueva Zelanda

La cárcel de Ventas es el hilo conductor entre la generación que perdió la Guerra Civil y la generación que luchó para recuperar la democracia en España. Así lo cree Dulce Caballero, que entró en esa prisión cuando tenía 19 años, con el recuerdo de la condena a muerte de su padre. Algo parecido pasa con Julia López Turpín, que acabó malviviendo en la misma prisión donde estuvo su tía con dos hijas. El caso de Nati Camacho va más allá. Ella fue la tercera generación de mujeres de su familia que acaba en esa cárcel por sus ideas políticas.

La petición del Fiscal Anticorrupción de 19 años de cárcel contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se basa en el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa.