La Knéset ha aprobado una ley que prohíbe de forma temporal la retransmisión en Israel de cualquier medio extranjero que "dañe la seguridad del Estado". Trata de limitar principalmente informaciones sobre la guerra en Gaza por el canal catarí Al Jazeera. Se aprobó en primera lectura en febrero y hoy en segunda y tercera tras meses de debate con el gabinete de seguridad (71 votos a favor, 10 en contra). Netanyahu: "Al Jazeera perjudicó la seguridad de Israel, participó activamente en la masacre del 7 de octubre e incitó el odio contra soldados".

El PSOE se ha personado en el caso de la imputación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, citada a declarar el próximo 20 de mayo, tras las acciones legales emprendidas por la Fiscalía de Madrid. El grupo parlamentario socialista, que argumenta su decisión en que se trata de “una causa de interés general de los ciudadanos”, también ha forzado el voto de una moción en el Senado esta semana para condenar los ataques a la libertad de prensa “por parte de responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de

Terrorismo de Schrödinger, viñeta de Mauro Entrialgo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo en Chile que “no puede hablar” del caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque está “judicializado”, ha considerado que el debate político está “desequilibrado” porque se están publicando datos de un particular y ha reiterado que se están utilizando “todos los poderes del Estado” contra ella, “pero no es mi Gobierno”, ha defendido “y no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”.

Ayuso y Feijóo justifican el hostigamiento de Miguel Ángel Rodríguez a quienes investigan la residencia de la presidenta madrileña. La responsabilidad de que no se normalice este intento de amedrentar a profesionales pasa también por el PP. Su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, se mostró este jueves comprensivo con Rodríguez y evitó toda crítica a su actuación.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado en la misma sede las alegaciones, todas falsas, difundidas por su jefe de Gabinete: “No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada […] No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo, no se puede intimidar a una portera de finca ni a los vecinos, ni a los ciudadanos, incluso a menores”.

La libertad de prensa y el derecho a la información son pilares fundamentales en una sociedad democrática. Resulta intolerable que desde el poder político se intente coaccionar o señalar a medios de comunicación y profesionales concretos. El capítulo protagonizado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intimidando a una periodista de elDiario.es o manipulando un supuesto acoso al domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un precedente funesto de hasta qué extremo se han normalizado las presiones.

La desesperada huida hacia adelante que ha emprendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para sacudirse el escándalo que afecta a su pareja, a quien la Fiscalía acusa de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil, ha tenido un nuevo capítulo que solo cabe enmarcar como un intolerable ataque a la libertad de prensa.

El problema viene de lejos y los ejemplos abundan. Entidades poderosas, con enormes recursos financieros, demandan sin fundamento a medios de comunicación independientes, ONG o incluso académicos y les exigen sumas astronómicas de dinero con el único fin de amedrentarles. El acuerdo obliga a España a legislar contra la utilización de los tribunales para callar a la prensa, pero sólo si son transfronterizas. Queda en manos de cada país aplicar el mismo principio sin salir de sus fronteras para salvaguardar la crítica y la participación activa.

Entre esos mensajes a través de Whatsapp, Miguel Ángel Rodríguez escribió: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. “¿Es una amenaza?”, preguntó nuestra periodista. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez.

Cómo María Jesús Montero pudo anticiparse a las informaciones de dos medios de comunicación que apuntaban a que Isabel Díaz Ayuso vive en un piso "pagado con comisiones" percibidas por su pareja, Alberto González Amador, solo puede explicarse por la condición de ministra de Hacienda de la también vicesecretaria general del PSOE. Unas declaraciones públicas efectuadas por Montero pasadas las cinco de la tarde de este pasado martes señalaban que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, investigado por un presunto fraude fiscal...

La empresa Allwork Vestuario Laboral, participada al 50% por Francisco Antonio Otero Illodo, marido de Paula Prado, facturó durante la pandemia 145.975,72 euros con contratos a dedo, vendiendo sobre todo EPIs a la administración gallega. El día 13 de marzo de 2020 el marido de Paula Prado, la actual secretaria general del Partido Popular de Galicia, pasaba a ser socio al 50% de Allwork Vestuario Laboral. Hasta ese momento, esta sociedad apenas había accedido a licitaciones públicas con ninguna administración dependiente de la Xunta.

La Audiencia Provincial de Cuenca acoge mañana jueves un juicio en el que comparecen dos mujeres acusadas de un delito de malversación de fondos de la extinta Cámara Agraria de Cuenca y de falsedad documental. El Fiscal pide seis años de prisión para las dos acusadas de haberse apropiado 326.000 euros, y quince años de inhabilitación absoluta, así como a indemnizar a la Cámara Agraria con el dinero sustraído. Según el escrito provisional del Fiscal, los hechos se remontan a 2008 cuando una de las dos acusadas fue nombrada secretaria de la Cámar

Isabel Díaz Ayuso ha hecho pública su preocupación por una "inspección fiscal salvaje" que está afectando a su pareja. Según sus palabras, "hasta donde sé", Hacienda está retrasando el pago de casi 600.000 euros que le debe a su pareja. Además, ha desmentido rotundamente que él sea el responsable de una deuda de 350.000 euros por fraude. Según Ayuso, se trata de una "inspección de Hacienda sacada de quicio" y niega la existencia de cualquier trama en este asunto.

El presidente de Argentina, Javier Milei, despidió a su secretario de Trabajo, Omar Yasín, tras la polémica vivida este fin de semana por el aumento salarial de hasta un 48% a los integrantes del Ejecutivo. "Despedí al secretario de Trabajo; en este momento lo están notificando por este error", dijo el mandatario durante una entrevista con el canal LN+ (La Nación).