Entre el Estado de Derecho y la ley de la selva hay una zona intermedia a la que ahora llamamos "lawfare". El lawfare, o utilización de forzadas excusas jurídicas para lograr objetivos políticos que de ninguna manera están amparados por la ley, respeta formalmente el presupuesto del Estado de Derecho pero lo vulnera materialmente porque en las decisiones adoptadas el núcleo, norte y finalidad es un interés político, y el Derecho no es más que un obstáculo a salvar o un ropaje, una apariencia.
