Los polémicos argumentos orales de la Corte Suprema de Estados Unidos de esta semana ofrecieron un recordatorio de que si bien el público se centra en los casos electorales de Donald Trump, las acciones de la corte esta primavera boreal tendrán igualmente consecuencias para una serie de reglas establecidas en Washington que rigen la vida estadounidense. En los últimos años, los jueces de la Corte Suprema han invalidado normas sobre emisiones de centrales eléctricas, condonación de préstamos estudiantiles y precauciones contra el covid-19.

A día de hoy, la anulación de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont es la única victoria de los tribunales nacionales frente a las decisiones que desde Alemania, Escocia o Italia han cuestionado los frentes internacionales del proceso judicial. Varias incógnitas sobrevuelan el final de todas esas ramificaciones del procés: la acusación por terrorismo contra Puigdemont, su extradición y la ley de amnistía.

En España, ni jueces ni fiscales son elegidos democráticamente. No representan a nadie más que a su buen hacer profesional, suscrito con la superación de unas duras oposiciones al cargo. Son funcionarios de alto rango, gozan de una elevada reverencia social y una autoridad muy exclusiva. Pero a algunos debe parecerles poco y pretenden vetar leyes y forzar cambios de gobierno. Es a lo que estamos asistiendo en las últimas semanas con los pasos procesales de determinados fiscales y magistrados en torno a la Ley de Amnistía. Ya no basta con el j

David Trueba entrevista al cineasta en 'Un día en Nueva York con Woody Allen', que Movistar Plus+ estrena este viernes. Hastiado siempre de responder sobre su situación legal, Woody Allen quedó tan satisfecho de la entrevista que permitió a Trueba curiosear por sus oficinas en Manhattan.

La Comisión de Ética Judicial, que integran seis miembros de la Carrera elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles, valida las manifestaciones que se produjeron el pasado mes de noviembre, cuando se estaba ultimando el acuerdo de investidura y se hablaba del proyecto de ley de amnistía y lawfare. Les insta, no obstante, a hacer "una reflexión profunda y sincera para dirimir si su participación en ese tipo de actos obedece a esa razón profunda y no a su personal sintonía o antipatía con una ideología política".

Julio Ariza me preguntó que cómo era posible que ningún juez o fiscal de este país hubiese denunciado lo sucedido. La respuesta que di a esta pregunta, fue que si ni jueces ni fiscales habían denunciado estos hechos, era porque éstos, al igual que los políticos que redactaron y aprobaron estos protocolos, trabajan para los mismos que orquestaron el que a fin de cuentas resulto ser el gerontocidio de la primavera del 2020.

Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la declaración propuesta por los vocales conservadores instaba directamente a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a evitar “críticas desmedidas” de los parlamentarios a jueces y magistrados, al tiempo que llamaba al Gobierno a la “contención”, todo ello para “no socavar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

Los últimos autos del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre la plataforma independentista Tsunami Democrátic han salpicado de lleno la tramitación de la ley de amnistía y sus enmiendas.

Si nos paseamos por el barrio madrileño y obrero de Carabanchel, podremos ver en una esquina de una de sus calles una placa en recuerdo de un albañil del barrio, Timoteo Buendía. Detrás de esa sencilla placa hay toda una historia de cómo los jueces franquistas y el Tribunal de Orden Público (TOP) castigaban las “ofensas al Jefe del Estado”. Esa placa recuerda a Timoteo porque, además, fue el primer condenado por este temido tribunal de aplicación de la represión franquista.

El presidente interino amenaza con dimitir si el PP y el PSOE no llegan a un pacto en este nuevo intento de renovar el órgano. Nueve vocales del CGPJ piden una reunión extraodinaria por las críticas a los jueces

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han pedido la convocatoria de un pleno extraordinario por los ataques de los socios parlamentarios del Gobierno en el debate de la ley de amnistía, “ante la aquiescencia y mutismo” de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Los socios del Ejecutivo cargaron ayer contra los magistrados que juzgaron o investigan actuaciones del procés con tres nombres propios: Manuel Marchena, Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, fue la más dura...

Esa trama rusa ya tuvo un breve recorrido judicial en la Audiencia Nacional hace unos años. Fue archivada en julio de 2020 al no encontrarse indicios mínimos de delito. El fiscal reprochó a la Comisaría General de Información que sólo aportara el testimonio de un confidente y enlaces a artículos de medios de comunicación. Los policías debieron de quedarse muy sorprendidos porque el método utilizado –filtrar la noticia a un medio amigo y luego ir al juez para que iniciara una investigación calentada por los titulares– les había funcionado ...

Dos de cada tres países en el mundo suspenden en transparencia, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional

El diputado de Sumar, Gerardo Pisarello en la Comisión de Justicia ha sido implacable al definir la trayectoria del juez García Castellón y su afinidad por el PP

Un colectivo judicial ha dado una vuelta de tuerca más a la rebelión de la carrera frente a la ley de amnistía. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial sostiene que la proposición "prevista para beneficiar a los secesionistas catalanes viola tanto la Constitución Española como el Derecho de la Unión Europea". Por eso ha elaborado una guía de 68 páginas que ha remitido por correo electrónico a toda la carrera judicial con modelos para elevar cuestiones prejudiciales a Europa y la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal…