La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo en Chile que “no puede hablar” del caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque está “judicializado”, ha considerado que el debate político está “desequilibrado” porque se están publicando datos de un particular y ha reiterado que se están utilizando “todos los poderes del Estado” contra ella, “pero no es mi Gobierno”, ha defendido “y no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”.

Ayuso y Feijóo justifican el hostigamiento de Miguel Ángel Rodríguez a quienes investigan la residencia de la presidenta madrileña. La responsabilidad de que no se normalice este intento de amedrentar a profesionales pasa también por el PP. Su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, se mostró este jueves comprensivo con Rodríguez y evitó toda crítica a su actuación.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado en la misma sede las alegaciones, todas falsas, difundidas por su jefe de Gabinete: “No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada […] No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo, no se puede intimidar a una portera de finca ni a los vecinos, ni a los ciudadanos, incluso a menores”.

La libertad de prensa y el derecho a la información son pilares fundamentales en una sociedad democrática. Resulta intolerable que desde el poder político se intente coaccionar o señalar a medios de comunicación y profesionales concretos. El capítulo protagonizado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intimidando a una periodista de elDiario.es o manipulando un supuesto acoso al domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un precedente funesto de hasta qué extremo se han normalizado las presiones.

La desesperada huida hacia adelante que ha emprendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para sacudirse el escándalo que afecta a su pareja, a quien la Fiscalía acusa de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil, ha tenido un nuevo capítulo que solo cabe enmarcar como un intolerable ataque a la libertad de prensa.

El problema viene de lejos y los ejemplos abundan. Entidades poderosas, con enormes recursos financieros, demandan sin fundamento a medios de comunicación independientes, ONG o incluso académicos y les exigen sumas astronómicas de dinero con el único fin de amedrentarles. El acuerdo obliga a España a legislar contra la utilización de los tribunales para callar a la prensa, pero sólo si son transfronterizas. Queda en manos de cada país aplicar el mismo principio sin salir de sus fronteras para salvaguardar la crítica y la participación activa.

Entre esos mensajes a través de Whatsapp, Miguel Ángel Rodríguez escribió: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. “¿Es una amenaza?”, preguntó nuestra periodista. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez.

Cómo María Jesús Montero pudo anticiparse a las informaciones de dos medios de comunicación que apuntaban a que Isabel Díaz Ayuso vive en un piso "pagado con comisiones" percibidas por su pareja, Alberto González Amador, solo puede explicarse por la condición de ministra de Hacienda de la también vicesecretaria general del PSOE. Unas declaraciones públicas efectuadas por Montero pasadas las cinco de la tarde de este pasado martes señalaban que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, investigado por un presunto fraude fiscal...

Isabel Díaz Ayuso ha hecho pública su preocupación por una "inspección fiscal salvaje" que está afectando a su pareja. Según sus palabras, "hasta donde sé", Hacienda está retrasando el pago de casi 600.000 euros que le debe a su pareja. Además, ha desmentido rotundamente que él sea el responsable de una deuda de 350.000 euros por fraude. Según Ayuso, se trata de una "inspección de Hacienda sacada de quicio" y niega la existencia de cualquier trama en este asunto.

Inversiones Empresariales Ebro, cuyo empresario al frente es pariente directo del fundador de Escuela y Despensa —entidad que interpuso el contencioso contra el CSC Luis Buñuel—, anuncia acciones legales contra AraInfo y dos de sus periodistas. También contra el concejal de ZeC, Suso Domínguez. Esta denuncia se produce como reacción a las informaciones publicadas en este Diario Libre sobre dos subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a esta empresa. Desde AraInfo consideramos esta acción como un intento de amedrentarnos y silencia

Casi una década tiene ya el apunte Frustración 404 que dedicamos en mayo de 2014 a comentar algunos formatos de presentación del que seguramente es el más famoso de los códigos de respuesta del protocolo http: el error 404 Not Found que da cuenta de que el servidor web no encuentra la página o recurso solicitado (...) vamos a dedicar el apunte de hoy a repasar el bonito detalle de algunos medios de comunicación de ilustrarlo con humorísticas creaciones de sus dibujantes. Pasamos a dar cuenta de nuestra colección sin más preámbulo adicional...

Un hombre ha lanzado un puñetazo a la cámara de laSexta mientras la reportera María Lamela informaba de sus reivindicaciones frente a la sede del Ministerio de Agricultura de la capital. Mientras tanto, varios agricultores han increpado al equipo de laSexta.

Acabamos de superar el mes de enero más cálido jamás registrado. Llevamos ocho meses consecutivos batiendo récords de altas temperaturas, 2023 fue el año más cálido desde que se tienen registros y, desde los años ochenta, cada nuevo decenio ha sido más caluroso que el anterior. De hecho, una de las noticias más inquietantes es que llevamos doce meses seguidos con temperaturas 1,5 grados por encima de la media, que es el límite que nos impusimos en el Acuerdo de París para evitar los peores escenarios. Pero lo más preocupante es que no preocupa.

El Juzgado de lo Penal nº 31 de Madrid absuelve, tanto al periodista José Manuel Manzaneda, como a la asociación Euskadi-Cuba, de los tres delitos de los que venían siendo acusados por el presidente de la asociación “anticastrista” Prisioners Defenders, Javier Larrondo, y por los que pedía 6 años de prisión para cada uno de los acusados, condenándola además al pago de una parte de las costas por su temeridad y mala fe al mantener la acusación contra la asociación.

Ha licitado un contrato de dos años para que una empresa le suministre diarios nacionales e internacionales y muros de pago de digitales. La impuntualidad será penalizada con descuentos.

El 20 de febrero se convocan manifestaciones en protesta por la extradicion de Assange