El Miniserio Público archiva la denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica contra Patrimonio Nacional, responsable del complejo, aunque sí cree que "a primera vista" son vestigios contrarios a la ley y recuerda a las administraciones su obligación de retirarlos

La que fuera presidenta de ADIF en 2020, Isabel Pardo de Vera, aseguró en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que "recibió presión del Ministerio de Transportes de (José Luis) Ábalos y de su gabinete" para que la adjudicación a la empresa principal de la denominada 'trama Koldo' "se realizara con la mayor premura posible". Así consta en el acta de declaración de Pardo de Vera que la Benemérita adjunta en uno de los anexos de su atestado del 22 de febrero, aportado al sumario de la causa que se investiga en la Audiencia Nacional.

Por razones de género las mujeres han sido históricamente discriminadas. Durante mucho tiempo las féminas fueron relegadas a un segundo plano al ser consideradas inferiores a los hombres. Y aunque la sociedad ha avanzado, a día de hoy, en diversos ámbitos de la vida ven coartados sus derechos y libertades. El deporte es uno de ellos. Hay numerosas actividades que se asocian con el sexo masculino al tener en cuenta erróneamente las diferencias biológicas. De igual modo, pese a ser un juego intelectual, en el que el físico ni siquiera importa.

Algunos de los puntos establecidos en materia de prevención pasan por la creación de perímetros de seguridad en los pueblos y en los caminos, la eliminación de acumulaciones de basura y la plantación de árboles frutales alejados de los pueblos para que los osos dispongan de recursos alimenticios propios. Todas estas tareas serán llevadas a cabo por equipos de trabajadores especializados, que contribuirán también a la mejora del empleo rural.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha llevado a Patrimonio Nacional ante la Fiscalía por la pervivencia del símbolo en la puerta y varias farolas del Palacio de El Pardo de Madrid, desde donde "se firmaron sentencias de muerte y se orquestó la falta de libertades" de la dictadura

La número dos de Alfonso Rueda en la provincia de Pontevedra Patricia García amasa una fortuna que debe parte a la larga lista de licitaciones públicas a las que accedió su conglomerado empresarial.

Fichaje fallido en el relevo de la presidencia de Asval. Isabel Pardo de Vera, la ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no tomará el testigo de Joan Clos al frente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, el lobby del que forman parte grandes fondos como Blackstone y otros 6.000 caseros del país.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler que representa los intereses de fondos inmobiliarios con exposición a España como Blackstone, Ares o Castlelake así como de pequeños propietarios apunta a pescar a la exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera (48), como nueva presidenta. Y ello, en sustitución del también exalto cargo socialista como ministro de Industria durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el exprimer edil de Barcelona Joan Clos (74), que vencía mandato este mes

"Dicho de una persona: que pertenece a la clase alta" o bien "Individuo que por su nacimiento, riqueza y virtudes descuella entre sus conciudadanos". Según la RAE, éstas son las acepciones habituales hoy para la palabra patricio... salvo que estemos hablando de la antigua Roma

"Cuando los periodistas denunciamos los abusos del poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial; cuando denunciamos las puertas giratorias de unos y otras entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial … ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos, por ejemplo, a uno de los casos más sangrantes de interferencia partidista en los nombramientos de jueces, juezas, fiscales y un largo etcétera. Nos referimos al caso del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que es la materialización en cuerpo y alma de la ley de amnistía para el PP".

El tribunal popular no ve un agravante de discriminación en la actuación de Carlos Patricio, para el que la Fiscalía rebaja la petición de pena a 21 años por el asesinato.