La oficina del TPI ha recibido una declaración del gobierno ucraniano aceptando la jurisdicción de dicho tribunal entre las fechas citadas. Esta declaración se acoge a la norma que permite la jurisdicción del tribunal en países no firmantes de la declaración de Roma si lo piden

El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que esperan que llegue al Parlamento en los próximos meses, por el que se dará validez..El anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, modifica el artículo 60 del Código Civil incluyendo el siguiente párrafo: 'Se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España'.

Lo peor que puede suceder a un Gobierno es que mienta de forma sistemática a los ciudadanos, pretextando que con ello garantiza sus derechos. El último ejemplo, pero no único, lo tenemos en España. En esta ocasión el Gobierno no ha tenido el valor suficiente para cometer el atropello de propia mano y ha utilizado al partido que lo sustenta para presentar la reforma de la jurisdicción universal (JU).

El Ministerio de Justicia presentará en enero una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modificará sustancialmente su artículo 23, que atribuye a los tribunales españoles competencia para enjuiciar, entre otros, los delitos de genocidio y lesa humanidad, siempre que “sus presuntos responsables se encuentren en España o existan víctimas de nacionalidad española o [tuvieran] algún vínculo de conexión relevante con España” y que no se haya iniciado una causa por los mismos hechos en el país afectado.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado al exinspector de policía Juan Antonio González Pacheco, más conocido por “Billy el Niño” responsable entre otros crímenes del asesinato del estudiante Enrique Ruano, y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas. El motivo es que la magistrada argentina María Servini reclama desde el pasado 18 de septiembre poder interrogarles por presuntas torturas cometidas durante la dictadura fascista que se vivió en España desde 1939.

En cuestiones de Justicia existen dos tendencias de nuestros legisladores. Por un lado a modificar el Código Penal. Todo gobierno que se precie tiene que modificarlo al menos una vez para incluir delitos nuevos, cambiar sus penas o directamente demostrar que son unos absolutos analfabetos. Todo con buena intención, por supuesto, o al menos casi siempre. Por otro lado a establecer jurisdicciones especiales para salir en las noticias y que nuestros políticos se relaman de gusto. Veamos las consecuencias de estas tendencias con un caso verídico...

Que un país esté considerado como paraíso fiscal o no, es relevante a la hora de la aplicación de determinadas medidas anti-paraíso. En general afecta a la obligación de reportar específicamente las operaciones con dichos territorios en la declaración de la renta o del impuesto de sociedades, al menos las que excedan de determinados importes al año. También pueden aplicarse ciertas limitaciones o condiciones con respecto al descuento de facturas, como por ejemplo la obligación de probar que los servicios efectivamente se prestaron o que las tra

Imaginad un listillo que quiere montar una casa de citas, por llamar suavemente a la típica casa de putas. Por supuesto sin dar de alta en la SS ni a dios y todo con dinero B. El listillo monta el negocio en una casa de su abuela tonta, que todo se lo cree y todo lo firma, y la pone al frente del negocio, diciéndole que es un hotel. Esta forma de hacer negocios tiene muchísimas ventajas, pero tiene el problema de disponer de una abuela que reúna requisitos pero ¡¡¡tachán!!! para eso se inventaron las personas jurídcas.

Gracias a la entrada en vigor de la nueva Ley de Jurisdicción Social, se hace posible que la defensa del trabajador acosado sea más fácil, más efectiva y mucho más rápida y que las consecuencias para el acosador sean mucho peores, incluyendo embargo de bienes personales (no de la empresa) e incluso prisión.

Esta designación expone al país a sanciones reforzadas a todo su sistema bancario, incluido el Banco Central iraní.

La agencia de Inmmigration and Customs Enforcement (ICE) considera que basta que el nombre de un dominio termine en .com o .net para inciar un proceso judicial, a pesar de que un servidor no se encuentre ubicado en los Estados Unidos ni guarde otro vínculo directo con él. Si pensaban que incautar dominios era demasiado, se equivocan: ahora la idea es pedir la extradición de los dueños de sitios web.

C&P: Anonadado me encuentro desde que he leído el expediente sancionador que le ha incoado la Consejería de Salud de Cádiz a la web iAbogado por un par de incumplimientos en materia de consumo según la legislación andaluza y por incumplimiento del Art 27 de la LSSI en virtud del archivo del contrato realizado y las lenguas en las que se puede formalizar el contrato. La sanción que le impone la Junta de Andalucía 8.500 euros, los cuales, 7.500 se apoyan en la renuncia al fuero del contratante. (...)

La Royal Gibraltar Police (RGP) ha dicho que en el "incidente" ocurrido el domingo "dentro de las aguas territoriales británicas de Gibraltar (British Gibraltar Territorial Waters --BGTW--), a media milla de Punta Europa", entre "una patrulla" de la RGP y la Guardia Civil, el buque patrulla de la RGP fue a "ejercer su jurisdicción dentro de las aguas territoriales británicas de Gibraltar (BGTW)".

De esta manera, se evitará el peregrinaje jurisdiccional en casos que ahora concluyen en procesos paralelos en los Juzgados de lo Social, Civil o en el Contencioso-administrativo. Además, al clarificar el orden judicial competente, se mejora la tutela judicial efectiva, lo que representa mayor seguridad para el mercado laboral, más transparencia y menor gasto para empresas y trabajadores. Quedan al margen los casos penales, litigios sobre recaudación de la Seguridad Social y las excepciones derivadas de los procesos concursales.

El Ministerio Público impugnó en 2009 la admisión a trámite de la querella por la reforma legal que limitaba la jurisdicción universal.

Denuncia que el actual Ejecutivo está actuando como "ningún Gobierno anterior" para defender la postura española en los últimos 18 mesesAsegura que Gibraltar no ha pedido a Londres que "que declaren la guerra contra España" e insiste en la necesidad de una vuelta al status quo....pero asegura que las autoridades de la Roca "no vamos a ceder nuestra jurisdicción y la soberanía británica por no querer desestabilizar el ambiente de cooperación" entre España, Reino Unido y Gibraltar.

Con este nombre, alguno puede pensar que los establecimientos catalogados como "casas de tolerancia" podrían tratarse de una especie de ateneo donde todas las ideas y opiniones tuvieran cabida, sin embargo este epíteto hace referencia al nombre que recibían en la legislación española los lupanares, prostíbulos, casas de citas, mancebías, etc, etc... y es que a pesar de la alegalidad actual, en otras épocas la práctica de la prostitución ha estado no solo tolerada, sino autorizada y tutelada por la ley.

El Congreso de los Diputados ha puesto hoy nuevos limites a la jurisdicción universal, al aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que restringe la actuación de la Audiencia Nacional en esta materia a los casos en que existan víctimas españolas o los responsables del delito estén en España.La reforma, que ha superado hoy su último trámite parlamentario y entrará en vigor al...

Baltasar Garzón, que ha intervenido esta mañana en Madrid en el Simposio sobre el Estado de Derecho en el Congreso de la IBA, afirmó que “hay que garantizar que los criminales no queden impunes tengan la nacionalidad que tengan, tanto éstos como las víctimas”. El juez español añadió que “es indignante que en España se vaya a restringir la jurisdicción universal aprovechando una reforma de la oficina judicial, después de tantos años de avance”.

Cincuenta organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, ONG y asociaciones profesionales impulsan esta campaña. Rechazan el argumento esgrimido por el Gobierno acerca de la carga de trabajo que supone investigar causas internacionales (...) "Estamos aquí para alertar contra una reforma que restringe, recorta y limita el principio de jurisdicción universal al que España está obligada por distintos tratados internacionales", manifestó Itziar Ruiz Jiménez, Presidenta de Amnistía Internacional.

El día 19 de mayo del 2009, el Congreso de los diputados acordó, de tapadillo, sustrayendo esta reforma al necesario debate informado que la cuestión exige, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Con la citada modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal.

La palabra y la acción en el buen gobernante deben ser coincidentes, este parece ser el axioma que Zapatero y Obama quieren implantar en su maniobrar político cuando nos están acostumbrando a escuchar que “las promesas electorales están para cumplirlas” y lo cierto es que la cosa pública demasiadas veces contradice este precepto en nombre del buen gobierno; el problema en estos caso es que no sepas ejercer la prudencia dialéctica, y sin duda a Zapatero le pierden sus principios difundidos a voz en grito.

Un total de siete organizaciones, entre las que figuran Amnistía Internacional, Human Right Watch o los sindicatos UGT y CCOO, han suscrito un comunicado en el que declaran como "día de luto" por la limitación de la Justicia Universal impulsada por el Pleno del Congreso de los Diputados. Relacionada: meneame.net/story/adios-jurisdiccion-universal-hola-impunidad-internac Comunicado de amnistía: www.es.amnesty.org/nc/noticias/noticias/articulo/-d3899db58d/

El pleno del Congreso ha aprobado por una amplia mayoría la reforma legal que limitará la actuación de la Audiencia Nacional en materia de jurisdicción universal a los casos en los que existan víctimas españolas o en los que los responsables del delito se encuentren en España. Se trata de una modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula las competencias de la jurisdicción española en delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería, entre otros.