Lo peor que puede suceder a un Gobierno es que mienta de forma sistemática a los ciudadanos, pretextando que con ello garantiza sus derechos. El último ejemplo, pero no único, lo tenemos en España. En esta ocasión el Gobierno no ha tenido el valor suficiente para cometer el atropello de propia mano y ha utilizado al partido que lo sustenta para presentar la reforma de la jurisdicción universal (JU).
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