El político, según la sentencia emitida este mismo miércoles, usó sus privilegios como alcalde para contratar empleados del Concello, a dedo y sin obedecer a ningún tipo de criterio legal, durante años. El texto afirma que el exalcalde contrató, entre los años 2012 y 2015, a un total de 46 personas para ejercer labores públicas. Entre ellas, varios allegados o incluso familiares y miembros de su propio partido, el Partido Popular.

De víctima a acusado. La situación procesal del agente de los Mossos d'Esquadra que acusó a un manifestante de agredirle sin más pruebas que su propia palabra ha dado un giro gracias a un vídeo. La grabación muestra al agente arrestando con contundencia al hombre sin que antes haya golpe alguno por parte del manifestante. Ahora, el antidisturbios se enfrenta a un juicio en el que la víctima real y la Fiscalía le reclaman la inhabilitación para ejercer de policía durante ocho años.

La Fiscalía argentina ha solicitado la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para ocupar cargos públicos, ya que la considera responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz. El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido.

Se refirió a la Sección 2.071 del Título 18 del Código de EE.UU. que hace que sea ilegal si alguien con la custodia de registros gubernamentales confidenciales “deliberada e ilegalmente los oculta, los elimina, los mutila, los borra, los falsifica o los destruye”. El código establece que la persona “será multada bajo este título o encarcelada por no más de tres años, o ambas; y perderá su cargo y quedará inhabilitado para ocupar cualquier cargo en EE.UU.”.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Pontevedra ha ordenado convocar el pleno de la Deputación de Pontevedra que les fue denegado en diciembre de 2021 a los once diputados del grupo provincial del Partido Popular. Se trata de una sesión extraordinaria en la que querían instar a la presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, a asumir responsabilidades políticas tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a cinco años y tres meses de prisión y a nueve años de inhabilitación a un funcionario del Concello de Vigo.

La magistrada impone al expresident 15 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

La Audiencia Provincial de Pontevedra confirmó ayer la pena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público para el expresidente de la Diputación y actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, por cometer un delito de prevaricación al conceder a una empresa una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras de mejora en el campo de fútbol de Moraña que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas.

No habrá dimisión porque se trata de una inhabilitación «mercantil», y no «política». La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), se ha defendido de las tras confirmarse este martes una condena de 5 años de inhabilitación por administrar bienes ajenos de titularidad pública y privada, cuyas acciones llevaron a la quiebra a la empresa municipal de vivienda de Alcorcón. Relacionada: www.meneame.net/story/alcaldesa-alcorcon-natalia-andres-condenada-5-an

El TSJC condena al diputado de la CUP a seis meses de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros por no retirar los lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida durante el periodo electoral. ERC, Junts y CUP pactan una fórmula para que Borràs pueda desatender una posible orden de la JEC reclamando el acta del diputado antes de la resolución final del Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional decidió este miércoles rechazar la admisión a trámite del recurso presentado por la portavoz orgánica de Podemos, Isa Serra

La pérdida de escaño del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez se vuelve a enredar jurídicamente, esta vez a cuenta de un reciente informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, de fecha 2 de noviembre, que señala expresamente que , "en términos de ejecución de la sentencia", el tribunal que le condenó debe efectuar una liquidación "que significa única y exclusivamente que durante el tiempo de un mes y quince días que se fije en tal liquidación el señor Rodríguez no podrá presentarse a cargos públicos. Ni más, ni menos".

De momento, su escaño no ha sido cubierto ya que tanto la número dos como la número tres de la lista de Podemos Canarias han rechazado ocuparlo

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad a los Acuerdos de inicio de los procedimientos de inhabilitación y traspaso de clientes de las comercializadoras de energía eléctrica Luvon Energía, S.L., Mi Eléctrica, S.L., On Demand Facilities, S.L.U., Visalia Energía, S.L. y Vive Energía Eléctrica, S.A.U. a un comercializador de referencia.

El mediático juez Joaquim Bosch ha elaborado un extenso hilo en Twitter para explicar los pormenores, a su juicio, de la retirada del escaño del diputado de Podemos Alberto Rodríguez.

El Tribunal Supremo ha respondido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ya dejó claro a la defensa del diputado de Podemos Alberto Rodríguez que no había errores en la sentencia y que procede ejecutar la inhabilitación porque así lo exige la ley cuando se impone una pena de prisión.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena ha respondido a la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez y que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada".

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena ha respondido a la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez y que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada".

El Tribunal Supremo ha exigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un informe sobre el cumplimiento de la condena de inhabilitación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. A pesar de que los letrados del Congreso de los Diputados han determinado que el diputado puede mantener su acta y seguir en su escaño a pesar de su extraña condena, el Alto Tribunal parece no estar conforme.

El Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles al Congreso de los Diputados que les remita un informe sobre la fecha del inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación especial de un mes y 15 días para el derecho a sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

El Colegio de Médicos de Baleares (Comib) ha sancionado a uno de sus colegiados, A.R.V., con una suspensión de colegiación durante seis años y una multa de 16.660 euros por negar la pandemia de COVID-19. El expediente se abrió en septiembre de 2020, a raíz de manifestaciones en redes sociales y otros medios de comunicación negando la pandemia por SARS-CoV2 y llamando a no usar mascarilla y a desobedecer las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades.

Al humorista David Suárez le piden 22 meses de cárcel y la inhabilitación en su actividad como humorista durante cinco años por contar un chiste que la fiscalía considera delictivo. La acusación del fiscal pone en riesgo la propia existencia del humor negro. ¿Entendemos realmente lo que significa el humor negro?